La jueza del caso de parador de Buga fue dejada en libertad

Norella Acosta Tenorio había sido capturada el pasado martes, junto con Carlos Andrés Grajales Gamba, por un fallo de ella que comprometía al Estado a pagar $40.000 millones.

Norella Acosta Tenorio. /El País.

Un juez de control garantías de Bogotá dejó en libertad a la jueza segunda del circuito civil de Buga, Norella Acosta Tenorio y al civil Carlos Andrés Grajales, quienes habían sido capturados este martes en un operativo de investigación de la Fiscalía. Para el despacho que no aceptó la medida de aseguramiento, esta no había sido bien argumentada por el ente acusador.

Según el juez de control de garantías, el encarcelamiento no era justificado, porque, de acuerdo a declaraciones a El País, “es una funcionaria pública que labora para la rama judicial desde hace décadas y su labor es intachable”.

Los motivos que llevaron a la Fiscalía a pedir la medida de aseguramiento para Grajales y la jueza, se sustentan en distintas pruebas contra Acosta, como grabaciones de llamadas, que demuestran que tomó decisiones irregulares que pueden ser definidas como “actos de corrupción”, llevando a asegurar que un predio, que estaba avaluado en $2.100 millones, valía $17.000 millones y que, por los intereses, esta suma ascendía a más de $40.000 millones.

Por estos hechos, la Fiscalía acusó a la jueza de incurrir en delitos de concusión, cohecho propio, y prevaricato por acción. Por su parte, Grajales fue acusado por el delito de prevaricato por acción en calidad de coautor.

Carlos Andrés Grajales es hijo del dueño del predio, Ángel Jaime Grajales, quien sufre de alzheimer. Según desveló una investigación de El Espectador en abril de este año, Carlos Andrés, para ser el beneficiario del pago por la expropiación, había hecho firmar un poder a su padre.

Después de esto, procedió a pagarle $30 millones a Acosta, de los cuales, $15 millones fueron destinado para el soborno a los peritos. Ellos avaluaron el predio en $17.000 millones, lo que obligó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a comprometerse al pago de tal suma de dinero.

A pesar de estos hechos, el juez de control de garantías de Bogotá consideró que no era necesario enviar a los dos implicados a la cárcel, puesto que no suponen un peligro para la sociedad. Aun así, ambos continuarán vinculados en el proceso de investigación adelantado por la Fiscalía.

 

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