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La noticia de que el gobierno, los empresarios y los sindicatos se habían puesto de acuerdo para establecer el aumento en el salario mínimo de 2018 tomó por sorpresa a la mayoría de periodistas económicos del país. Incluso, antes de conocer la decisión final, muchos medios de comunicación dieron por sentado que este año, de nuevo, el aumento en el salario de casi dos millones de colombianos sería impuesto por decreto. (Lea también: Salario mínimo para 2018 aumenta 5,9% y queda en $781.242)
Sin embargo, y contra todos los pronósticos, en la tarde de ayer 30 de diciembre, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, anunció que por tercera vez en los ocho años de su gobierno se había logrado concertar el aumento definitivo del salario mínimo. "Después de una larga reunión con Julio Roberto Gómez (CGT), Miguel Morantes (CTC) y Jhon Jairo Díaz (CDP), y de la consulta permanente con los gremios, hemos logrado llegar a un acuerdo", sostuvo el mandatario.
Como se supo inmediatamente después del encuentro, el salario mínimo acordado para el próximo año será de $781.242, un aumento del 5,9%, equivalente a $43.525. El subsidio de transporte tuvo un alza de 6,1% y quedó en $88.211.
Una vez se firmó el decreto que reglamenta el nuevo salario, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expresó su inconformidad por no haber sido convocada a la reunión con el presidente y, a través de un comunicado de prensa, aseguró que el valor acordado era insuficiente para las expectativas y las necesidades de los trabajadores.
"Deploramos y rechazamos la exclusión de la CUT de la fase final de negociación, pues no fue informada ni convocada a la reunión respecto a la cual hizo referencia el presidente Santos. Respecto al valor acordado nos parece insuficiente para las expectativas de los trabajadores por la desaceleración económica del país y por el retraso salarial, que demostró la CUT en la mesa de concertación", afirmó Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT.
Pedraza, además, hizo énfasis en que el reajuste del salario responde a "las políticas de restricción fiscal y salarial que ordenan los organismos de crédito internacional (FMI, BM, OCDE)", y añadió que no es cierto que un incremento salarial "digno" cause desempleo, inflación e informalidad.
Javier Bermudez, presidente de la CUT en el Atlántico, fue máz allá y propuso un paro cívico nacional. En diálogo con Blu Radio, Bermudez dijo la decisión se tomará en la junta nacional de la CUT, que se realizará en los próximos días. “Es una payasada lo que ha hecho Santos. Rechazamos el porcentaje aumentado a los trabajadores y trabajadoras en el país. Por eso invitamos a todo el movimiento sindical y social a levantarse contra esa ignominia que ha hecho el presidente creyéndose el rey y nosotros el perro comiendo de las migajas que tira debajo de la mesa”.
Pero no todas las reacciones han sido críticas. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) celebró el acuerdo y reconoció que la decisión final de aumentar 5,9% estuvo casi dos puntos porcentuales por encima de su propuesta inicial.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, aseguró que "los aumentos acordados, surgen a partir de las solicitudes de las centrales de trabajadores, de los análisis macroeconómicos derivados del margen de maniobra contenido en el Marco Fiscal de Mediano plazo presentado por el Gobierno Nacional en materia de finanzas públicas, empleabilidad, productividad, competitividad e inflación; así como de las deliberaciones que se dieron alrededor de la Comisión Permanente de Concertación Laboral y Salarial, las cuales estuvieron lideradas por los ministerios de Trabajo y Hacienda".
La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), también expresó su conformidad con el acuerdo logrado, pero dejo claro que para una empresa pequeña, por ejemplo de 50 empleados, este incremento significaría un esfuerzo mensual en los gastos de trabajadores avaluado en de $5.116.558.
"A primera vista, el aumento para los trabajadores parece no ser significativo, pero viéndolo en perspectiva, una empresa de 50 empleados, tendría que aumentar la productividad de sus trabajadores en $61.398.696 durante el año", concluyó Rosmery Quintero, presidenta nacional de Acopi.