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La gran economía de los pequeños

La Ley de Pago a Plazos Justos y el Proyecto de Ley de Plataformas de Transporte son iniciativas que benefician a pequeñas empresas y conductores (respectivamente), y que sumados representan grandísimos aportes a la economía por la cantidad de individuos que impactan.

Mauricio Toro*
25 de agosto de 2020 - 01:23 a. m.
Con la nueva Ley 2024 todas las facturas por venta de bienes y servicios deberán pagarse dentro de “plazos justos”, correspondientes a 60 días en su primer año, y 45 días en adelante.
Con la nueva Ley 2024 todas las facturas por venta de bienes y servicios deberán pagarse dentro de “plazos justos”, correspondientes a 60 días en su primer año, y 45 días en adelante.
Foto: Getty Images

Hace unas semanas fue sancionada la Ley de Pago a Plazos Justos, y en paralelo, radicamos el Proyecto de Ley de Plataformas de Transporte; dos iniciativas de mi autoría que a primera vista no guardan relación, pero que tienen mucho en común: son manifestaciones de la llamada “gran economía de los pequeños”. Ambos proyectos benefician a pequeñas empresas o conductores, pero que, sumados, representan grandísimos aportes a la economía por la cantidad de individuos. Sus voces, usualmente acalladas en el Congreso, toman poderío en la era de las economías colaborativas.

Ley de Pago a Plazos Justos

De acuerdo con la nueva Ley 2024, todas las facturas por venta de bienes y servicios deberán pagarse dentro de “plazos justos”, correspondientes a 60 días en su primer año, y 45 días en adelante. Esta ley pone fin a los extensos plazos de pago que usan muchas empresas para apalancar su operación. Una práctica que ha llegado a casos escandalosos de más de 210 días, como una estrategia para no requerir capital de trabajo, trasladando su costo y su riesgo a los proveedores.

Esta demora en los pagos representa una de las principales causas de falta de liquidez de las MiPymes (48% según el GEM) que a su vez es una de las principales causas de quiebra de las micro, pequeñas y medianas empresas (6 de cada 10 MiPymes quiebran en sus 5 primeros años de vida. Asobancaria 2018).

La Ley de Pago a Plazos Justos precisamente hace justicia en miles de relaciones inequitativas, donde una parte impone unilateralmente sus condiciones contractuales a sus proveedores, quienes se adhieren o no firman. Para compensar, deben acudir a deudas para financiar su funcionamiento, nómina, e impuestos, ninguno de los cuales permiten ser diferidos. Hace justicia pues coloca la carga en la parte contractual que debe solventarla, y que mejor posibilidad tiene de hacerlo. No es secreto que las grandes empresas tienen más facilidad de acceso a créditos y a mejores tasas que las MiPymes y emprendedores.

En conclusión, la Ley de Pago a Plazos Justos corrige una falla y beneficia a más del 96% de las empresas del país. Este cambio en los contratos va a representar el alivio de miles de micro, pequeñas y medianas empresas que recibirán oportunamente el pago de sus ventas, y dejarán de pagar costosos créditos, para empezar a invertir en su crecimiento, salarios, innovación y creatividad y podrán seguir creando 8 de cada 10 empleos, disminuyendo la preocupante tasa de desempleo que alcanzó el 21,4% según Fedesarrollo. En la medida en que las MiPymes puedan crecer y ofrecer mejores productos y precios, las grandes empresas se beneficiarán de cadenas de abastecimiento más sólidas, competitivas, productivas e innovadoras, y, por lo tanto, la economía en general sentirá un gran cambio a partir de una pequeña acción de justicia.

Proyecto de Plataformas de Transporte

Las plataformas de transporte como Uber o Didi han operado en Colombia desde hace más de 7 años. La tecnología creó un fenómeno: la economía colaborativa, que es la suma de muchas pequeñas transacciones. Estas plataformas conectan la oferta con la demanda, y han creado fuentes de ingreso para miles de personas, que antes no podían generar ingresos por sus propios recursos y hoy su impacto en el PIB representa el 0,3%.

En el caso del servicio de transporte, antes de la llegada de las plataformas, pocas personas podían reunir los requisitos legales y financieros para establecer una empresa de transporte o de taxis. Hoy en día, las plataformas han permitido que solo se requiera un vehículo y un conductor para tener una “pequeña empresa de transporte” y generar ganancias. En estos años, el fenómeno ha crecido a tal punto que se hoy se estima que hay activos más de 200.000 conductores.

Desafortunadamente el vacío legal que existe, y que el Estado colombiano no ha sido capaz de resolver, hoy tiene en vilo a miles de conductores y sus familias, que no tienen otra fuente de ingreso, y que en el marco del Covid, han sido olvidados pues no son beneficiarios de ningún programa de auxilio del Gobierno.

La necesidad de reglamentar es más urgente que nunca: miles de pasajeros requieren diversas opciones de transporte, tanto por el Covid, como por presupuesto y preferencias; así mismo, miles de conductores requieren recuperar su única fuente de ingresos; y para rematar, debemos hacer justicia con los taxistas, quienes realmente son prisioneros de unas normas ancladas en el pasado y que les impiden competir en condiciones equiparables.

Al igual que la Ley de Pago a Plazos Justos, la regulación de las plataformas de transporte beneficiará a pequeños negocios individuales, generando ingresos familiares, pero que, multiplicados por miles de conductores, producen un impacto muy importante en la economía, y serán indispensables para la recuperación económica ante la masiva pérdida de puestos de trabajo por el Covid.

¡Bienvenidos al futuro! ¡Ha llegado la hora de la gran economía de los pequeños!

*Representante a la Cámara por el Partido Verde.

Por Mauricio Toro*

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