La marcha de los calzoncillos en la reforma tributaria

La reforma que plantea el gobierno en IVA ciertamente encarecerá algunos productos.

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Indignación nacional produjo el decreto que firmó el Gobierno la semana pasada imponiendo aranceles de hasta el 40 % a las importaciones textiles y que encarecerá significativamente las prendas de vestir. En defensa del bolsillo de los colombianos, especialmente de los más pobres y la clase media, los partidos políticos se rasgaron las vestiduras -qué mal momento, con lo caro que resultará ahora reemplazarlas- y por cuanto medio pudieron emplazaron al Gobierno a reversar el decreto. En medio de ese debate nacional, en una entrevista le preguntaron al ministro de Hacienda si sabía cuánto costaba un calzoncillo y el efecto que tendría el decreto arancelario en su precio. El ministro se arriesgó a dar un número que, claro, resultó desfasado. La ignorancia del ministro se volvió viral -¡no sabe cuánto cuesta un calzoncillo!- y ahora habrá un paro nacional que marchará con la simbólica prenda. Los movimientos feministas levantaron su voz e hicieron notar que el decreto además era injusto con las mujeres que en general usan dos prendas interiores por una de los hombres.

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Excepto por el decreto y los efectos que tendrá en los precios de las prendas que todos compramos, el texto previo es ciencia ficción. Los políticos no se inmutaron con el decreto: ninguno salió a defender el bolsillo de los colombianos pobres y vulnerables, menguado por el decreto. Sí se volvió viral el ministro, pero no por no saber el precio de un calzoncillo, sino por no atinarle al precio del huevo que se vería afectado por la reforma tributaria que presentó al Congreso. Y así, el huevo, no el calzoncillo, es el nuevo símbolo del descontento ciudadano que encabezará seguro algún paro nacional futuro.

La razón por la cual todos los partidos políticos se desmarcaron de la reforma tributaria poco tiene que ver con la defensa del bolsillo de los colombianos pobres y vulnerables. Si así fuera, el primer párrafo no sería ciencia ficción y de verdad se habrían rasgado las vestiduras ante el decreto que encarecerá todas nuestras prendas de vestir.

¿Qué marca la diferencia entonces? Hay varias razones. Aquí me centro en una que con frecuencia olvidamos: los políticos han construido tal narrativa contra la reforma (y no contra el decreto), porque esta toca intereses de las élites económicas y políticas del país que se benefician de las reglas de juego actuales. Mantener el statu quo es defender las rentas de esa élite. Y como eso no se puede hacer diciendo que mantenerlo es defender los intereses de los más privilegiados, se hace a nombre de la clase media, de los pobres, de los vulnerables. Tres ejemplos a continuación.

La reforma que plantea el Gobierno en IVA ciertamente encarecerá algunos productos. No muchos, no es muy ambiciosa en ese frente: pasaríamos de gravar el 39 % de los productos de la canasta al 43 %. No todos al 19 %, vale la pena agregar. Para los millones de hogares pobres y vulnerables la reforma contempla transferencias monetarias por adelantado para compensarlos por ese incremento posible en precios. El clima indignado contra la reforma no ha salido de la población pobre o vulnerable, que de hecho ganaría con los cambios, sino de los propios sectores productivos y gremios específicos que temen que sus negocios no vayan tan bien con las nuevas reglas. Para cada uno de esos modestos cambios podríamos armar una lista del respectivo dirigente gremial que ha salido a los cuatro vientos a pregonar contra la reforma. Es una élite la que se opone, no la ciudadanía pobre o vulnerable a nombre de la cual hablan.

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Segundo ejemplo. El grueso de la reforma descansa sobre mayores impuestos a la renta de las personas naturales: aumenta los rangos a partir de los cuales se debe pagar renta, empina las tarifas para los ingresos altos y quita las exenciones que permitían reducciones en esos pagos (ahora habría una exención única del 25 % del ingreso). No hay forma de oponerse a estos cambios en nombre de las clases pobres o vulnerables del país. Esos impuestos se centran por construcción en el 10 % de la población con mayores ingresos -aquellos que declararían renta-. Por lo tanto, el statu quo con menores tarifas, menos declarantes y con las exenciones (por ejemplo vía pensiones voluntarias o AFC) solo favorecen a ese reducido segmento. ¿Quiénes se oponen a, por ejemplo, reducir las exenciones? El sector financiero que recoge esos recursos, el sector de la construcción que los acapara vía las AFC y sus beneficiarios pertenecientes al 10 % con más ingresos. Unas élites pidiendo que no les cobren impuestos a otras élites porque su negocio descansa sobre esos descuentos.

Tercer ejemplo. La reforma propone una muy modesta modificación en el tratamiento tributario de las pensiones: empezar a gravarlas cuando sean superiores a siete millones de pesos mensuales. ¿A quiénes afectaría? A 28.000 colombianos con pensiones por encima de esa cifra, según explicó el ministro. Para poner en perspectiva la cifra, es útil resaltar que la población total que ya tiene la edad para pensionarse es de más de siete millones de personas. ¡28.000 de un universo de 7 millones! ¿Hay de verdad indignación nacional por ese impuesto? ¿Por qué la animadversión de los partidos políticos a los tributos a pensiones tan altas que reciben tan pocos? Seguro no es por no perder los votantes afectados por este impuesto. Hay que buscar el culpable aguas arriba: en ese selecto grupo de agraciados están los congresistas, magistrados y muchos beneficiarios de regímenes especiales del Estado, reacios a que les corten sus rentas. Una élite defendida por otra: su heredera.

La reforma tiene muchos márgenes de mejora. Debería incluir impuestos a las gaseosas, quitar los tres días sin IVA, los impuestos a los dividendos podrían ser progresivos y cubrir la totalidad del monto recibido, los tratamientos especiales a sectores productivos en renta empresarial deberían cortarse desde ahora mismo y en renta personal debería ser específico en la eliminación de los trucos muy extendidos que hacen que muchos ingresos no sean sujetos de tributación. Pero soy claro: a diferencia de las dos reformas tributarias anteriores aprobadas por este Gobierno, el país con las reglas de juego que propone el proyecto actual es mejor que el del statu quo.

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Y más allá del gusto por los márgenes que se reforman, un mensaje debería quedar claro: sin una reforma que recoja recursos por un monto similar al planteado por el Gobierno, la situación fiscal empezará a tomar tintes oscuros. Ya empezamos a ver incrementos en las tasas de interés que le exige el mercado de capitales al Gobierno para financiarlo. Sin reforma ese incremento se acentuará y se trasladará con fuerza a las tasas que todos pagamos, perpetuando los malos tiempos. Las disposiciones pactadas por la reforma no necesariamente deben empezar a recaudarse pronto. Las preocupaciones políticas que dificultan el trámite y las legítimas que señalan que subir impuestos en una crisis es contraproducente y se pueden limar difiriendo la fecha en que las disposiciones empiecen a operar.

Por eso, queridos congresistas, no cuenten conmigo para la marcha del huevo. Pero con gusto me sumo a la de los calzoncillos.

Twitter: @mahofste