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Una de las palabras claves en el anuncio del presidente Iván Duque sobre el retiro de la reforma tributaria fue consenso. Más que renta, IVA o canasta familiar, la posibilidad de lograr acuerdos fue quizá el mayor mensaje de la intervención del mandatario. Y esto es notable para un proyecto que fue construido y discutido casi en absoluto hermetismo, con la ocasional noticia en radio, que rápidamente era desmentida por el propio Gobierno. Como cantaría Bob Dylan, “los tiempos están cambiando”. Quizá.
Ahora bien, más allá del futuro del proyecto, hay dos consensos claros hasta el momento: nadie quería esta iniciativa, pero es necesario hablar de impuestos y política fiscal. Parafraseando la fórmula icónica ante la muerte de un rey: la reforma está muerta, larga vida a la reforma.
Como lo escribió Marc Hofstetter en una columna para este diario: “La trayectoria fiscal actual (...) es insostenible. Sin un cambio de rumbo pronto y fuerte, la economía va camino a una crisis fiscal que tendría muy severas consecuencias para la economía”.
Para este momento de la pandemia, con un tercer pico que colapsa (de nuevo) los sistemas sanitarios de varios departamentos, hay un cierto acuerdo entre analistas y expertos en la necesidad de hacer una nueva reforma tributaria. El problema es cuál y cómo. Si algo resulta evidente (y lo era desde hace unos días para muchos) es que el camino no era el texto que había presentado el Gobierno, algo que la propia administración Duque venía admitiendo desde el viernes pasado. Esto a pesar de su apuesta en gasto social, que resulta clave ahora que sabemos que 2020 impulsó un retroceso de unos 10 años en temas de pobreza y pobreza extrema.
Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “la decisión de retirar la reforma tributaria reconoce la realidad política y social de los últimos días, en los que no había ambiente para discutir tal y como está planteado este proyecto. Sin embargo, también se reconoce la necesidad de discutir un nuevo texto, producto de la importancia de mantener los programas sociales para los hogares más pobres, por un lado. Y, por el otro, por la necesidad de estabilizar las finanzas públicas de la Nación”.
El panorama fiscal al que aluden los analistas está relacionado con el crecimiento de la deuda, entre otras variables. Según los datos del Ministerio de Hacienda, desde 2018 la deuda colombiana pasó de representar el 40 % del PIB –cerca de $400 billones– a más del 60 %, al situarse en $616 billones para 2021 (hasta el momento, puede subir). Y mientras la deuda interna subió 39 % al pasar de $273 billones a $381 billones, la externa creció 24 % en dólares (71 % en pesos) al pasar de US$48.500 millones ($137 billones) a US$60.000 millones ($234 billones).
El otro elemento que hay para tener en cuenta, y que hace buena parte del mantra detrás de la reforma, es el grado de inversión que otorgan las calificadoras de riesgo. Hace poco más de una semana, Standard & Poor’s (S&P) informó que mantuvo la calificación de riesgo de Colombia, para deuda de largo plazo en moneda extranjera, en BBB- con perspectiva negativa. Es decir, el país sigue a un peldaño de perder el grado de inversión en esta medición (una de las que más miran los inversionistas).
Sin embargo, la firma advirtió que podría rebajar la nota, lo que haría que el país perdiera el grado de inversión, en los próximos doce meses si “el reciente debilitamiento de las finanzas públicas no se contiene y revierte, lo que da como resultado que la carga de la deuda del Gobierno supere nuestras expectativas actuales. No abordar las presiones de gasto a largo plazo con mayores ingresos también debilitaría las métricas financieras del soberano”.
El argumento del grado de inversión y el déficit fiscal, sin embargo, no convence a todo el mundo. Para Jorge Armando Rodríguez, decano de la facultad de Ciencias Económicas de la U. Nacional, “en el corto plazo las consecuencias económicas del retiro de la reforma tributaria probablemente no tendrán la gravedad anunciada por el Gobierno”. Y agrega: “El déficit fiscal será mayor de lo previsto, pero en la recesión actual eso ayuda a la reactivación. Conviene mantener programas sociales como Ingreso Solidario, aun si eso implica endeudamiento adicional por uno o dos años más. Se necesita elevar la tributación si queremos mejorar la provisión de servicios sociales y acercarnos al Estado social de derecho, pero sería mejor hacerlo una vez la economía se recupere. La reforma tributaria futura debe prestarle particular atención a la equidad”.
Diego Guevara, profesor de esta misma universidad, escribió algo que va por una línea similar en un texto publicado en este diario al decir que “tal vez el déficit y las calificadoras pueden esperar un poco más si el Ministerio de Hacienda, en vez de enfocar todas las energías para persuadir al país sobre la importancia de la reforma para los programas sociales, utiliza su lobby para buscar acuerdos con los acreedores que den tiempo y flexibilicen las lógicas que siguen poniendo a la disciplina fiscal en el Olimpo de la macroeconomía criolla, cuando en otras latitudes ya se discute si el equilibrio fiscal debe realmente ser la prioridad”.
Lo que sigue
El presidente Duque indicó este domingo que es urgente tramitar una nueva reforma tributaria, en un mensaje claro dirigido al Congreso.
Al hablar de consensos de cara a la reconstrucción de la reforma tributaria, el mandatario mencionó puntos como crear “una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, incrementar el impuesto a los dividendos, transitoriamente; prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal; profundizar programas de austeridad del Estado”.
Estos son puntos que van en la misma vía de la propuesta de reforma tributaria que presentó hace una semana el Centro Democrático (CD) y que, en su conjunto, rebaja la meta de recaudo a la mitad de lo que buscaba el Gobierno con la difunta tributaria: de $23 billones en la propuesta oficial a $12 en la visión del partido de Gobierno. La propuesta del CD también incluye la posibilidad de pedirle al Banco de la República unos $5 billones “de anticipo de utilidades”. Esto a pesar de que esta institución proyecta utilidades negativas por $122.000 millones para este año. “Las sorpresas positivas de utilidades en 2019 y 2020 no se repetirán en 2021 y años sucesivos”, según Leonardo Villar, gerente del banco central.
En general, los gremios celebraron la decisión de retirar el proyecto. “La decisión de retirar la reforma tributaria es la correcta. Con responsabilidad debemos ahora tramitar con celeridad una solución que minimice traumas y nos permita avanzar. Es tiempo de pensar con generosidad y eficacia”, dijo a través de Twitter Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).
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A su vez, el presidente del Consejo Gremial Nacional, Julián Domínguez, indicó que “el equilibrio fiscal, evitar perder la calificación de la deuda colombiana, y al mismo tiempo procurar el beneficio de quienes más lo necesitan, son los objetivos de las propuestas que el sector empresarial está haciendo para contribuir a que logremos atravesar las dificultades de esta crisis”. Por último, el presidente de Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, indicó que celebran “la decisión del presidente Duque de retirar la reforma y de construir una nueva a partir de los consensos. Este es el camino correcto”. Lo que viene ahora es un proceso expedito de construir consensos, como lo mencionó el presidente Duque, alrededor de un proyecto fundamental.
El problema es que consenso puede ser una palabra volátil para hablar de impuestos en un año preelectoral, y en medio de la peor crisis económica y sanitaria en la historia del país.
Si se quiere mirar el vaso medio lleno, esta también es la oportunidad de mejorar un proyecto que, aunque tenía propuestas interesantes en gasto social, recibió duras críticas por no tocar en buena parte a la sección más rica en el renglón más favorecido.