Leyes aprobadas en 2011 tienen un costo de $4 billones

Costo fiscal permanente asciende a $2,6 billones de las leyes aprobadas el año pasado.

En la vigencia fiscal de 2011, fueron sancionadas por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, 74 leyes nuevas aprobadas por Congreso de la República, de las cuales 37 no tienen impacto fiscal sobre las finanzas públicas, unas 20 tienen costo fiscal cuantificable y 17 tienen costo fiscal no determinado porque no se cuenta con información precisa.

Dice un informe del Ministerio de Hacienda que el costo fiscal total estimado para el año 2011 alcanza un monto de 4 billones de pesos, superior a la de las vigencias anteriores en que se ha realizado el mismo ejercicio.

Explica el estudio que de los 4 billones de pesos, estimados, el 64,8%, es decir unos 2,6 billones de pesos corresponde a gasto permanente y el 35,2% a transitorio.

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo del ministerio de Hacienda, un de las leyes más costosas tiene que ver con la unificación del Plan Obligatorio de Salud, POS (Ley 1438 del 19 de enero de 2011) con la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones para establecer la unificación del plan de beneficios del régimen subsidiado con el del contributivo para todos los residentes, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera.

Dice el informe que el principal objetivo de la ley es el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud que le permita brindar servicios de mayor calidad, que sea incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país.

Precisa el ministerio de Hacienda que el costo adicional por la unificación del POS se estima en 1,3 billones de pesos.

La Ley de reparación de víctimas (Ley 1448 de junio 10 de 2011) que dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

Explica el informe que la ley busca establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

La norma sancionada crea herramientas y fortalece las existentes en materia de prevención, atención integral y reparación a la población desplazada y víctimas de la violencia y hace parte del importante esfuerzo y preeminencia que el gobierno realiza en materia normativa y de priorización de gasto a favor de la población
vulnerable de Colombia.

Destaca el informe que como parte del compromiso con la implementación de la Ley de Víctimas y su armonización con los criterios de sostenibilidad fiscal, se realizó el Conpes 3712 de 2011, en el cual se contemplaron recursos por 57 billones de pesos para un periodo de tiempo de 10 años,  hasta 2021.

Explica el documento del Gobierno que esto es, un flujo promedio anual 3,3 billones de pesos para derechos específicos de las víctimas y 2,4 billones de pesos para derechos generales que no están asociados a la condición de víctimas de los individuos.

Otra de las leyes costosas es la 1432 de enero 4 de 2011, que crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, y establece el subsidio familiar de
vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones". El costo estimado es de 800.000 millones de pesos.

La Ley 1453 de junio 24 de 2011, por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. El costo estimado es de 130.000 millones de pesos.

La ley  que establece normas en materia de descanso remunerado en la época del parto, prohibición del despido y obligaciones especiales del empleador y trabajador, tiene un costo de 138.000 millones de pesos.