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Hace casi 10 años, en enero de 2012, se reformó el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) con el objetivo —entre otros— de ponerles una vigencia a las licencias de conducción de vehículos particulares que se expedían en Colombia, pues, contrario a otros países, era un documento que se tramitaba por una sola vez y para toda la vida.
En la norma se especificó que las licencias de conducción para vehículos de servicio particular tendrían una vigencia de diez años para conductores menores de 60 años, de cinco años para personas entre 60 y 80 años, y de un año para mayores de 80 años.
También se incrementaron las exigencias para las licencias de conducción para vehículos de servicio público, que quedaron con una vigencia de tres años para conductores menores de 60 años y de un año para mayores de 60 años.
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“Es una exigencia para validar que el conductor cuente con aptitudes físicas mentales y de coordinación motriz para conducir”, explicó María del Rosario Oviedo, viceministra de Transporte encargada. Y así también lo refiere la norma: “Se debe demostrar ante las autoridades de tránsito la aptitud (…), valiéndose para su valoración de los medios tecnológicos sistematizados y digitalizados requeridos, que permitan medir y evaluar dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de Transporte, según los parámetros y límites internacionales”.
Una vez la norma (Decreto 19 de 2012 o Ley Antitrámites) quedó en firme, miles de personas acudieron a los organismos de tránsito para renovar su licencia y otros tantos aprovecharon para solicitar el documento por primera vez o hacer recategorización, “hubo una ola de diligencias de permisos de conducción”, contó Oviedo.
Sin embargo, el Ministerio de Transporte aclaró un año más tarde que se les permitiría a todos los conductores de vehículos particulares (categoría 3, para la época) con menos de 55 años seguir usando el documento antiguo por 10 años más, es decir, se les renovó automáticamente por una última vez con el compromiso de que antes de 2022 hicieran la transición.
Lo cierto es que entre quienes sí hicieron la tarea el primer año de vigencia de la norma y quienes aprovecharon el beneficio de la Ley Antitrámites podría haber más de 300.000 conductores categoría B1 (automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses de servicio particular), según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), que deben renovar su licencia de conducción este año (exceptuando fallecidos e inhabilitados).
Algo similar sucede con las licencias de la categoría B2 (camiones rígidos, busetas y buses de servicio particular), de acuerdo con cifras del RUNT, a unas 322 se les extendió la vigencia por 10 años en 2012. Además, quienes sacaron su licencia de conducción por primera vez para vehículo particular por esas fechas también están obligados a renovarla el otro año cuando se complete el término permitido. Por esa razón, en El Espectador le explicamos cómo hacerlo y cuál es su costo.
Las licencias de conducción son otorgadas únicamente por las autoridades de tránsito locales. En el caso de Bogotá, la Alcaldía Mayor delegó la tarea en el Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad, más conocido como SIM. En la mayoría de los municipios esta tarea recae en las secretarías de Movilidad.
No es necesario volver a tomar el curso de conducción, solo debe realizarse un examen médico que evalúa las capacidades de visión y orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría, los tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento, la capacidad de coordinación entre la aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz de la persona, la discriminación de colores y la desviación de los ejes visuales. Estos son tomados en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC).
La recomendación es verificar que el CRC de su elección esté registrado ante el RUNT. En Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, hay 556 centros de reconocimiento y cada año decenas de empresas piden habilitarse como tal, “hay una oferta bastante grande, no hay límite en el número de CRC, porque existe libertad de mercado, así que hay buena cobertura en el territorio nacional”, destacó Oviedo. Estos servicios han llegado a municipios como Lorica o Cereté (Córdoba), Puerto Inírida (Guanía), San José del Guaviare (Guaviare) y Barrancas (La Guajira), lo que demuestra que no se limitan a ciudades capitales.
Una vez en el sistema, puede dirigirse al organismo de tránsito de su municipio para pagar el valor respectivo y obtener su documento, un proceso que no puede durar más de 24 horas, según la ley. Las licencias de conducción y las modificaciones de las mismas no tienen un valor estándar a nivel nacional. El precio es la suma de dos componentes: la tarifa RUNT, que para 2021 quedó en $1.800 y contribuyen al sostenimiento de la plataforma, y los derechos de tránsito, definidos bajo el criterio de las asambleas departamentales y los concejos municipales. En Bogotá, por ejemplo, la renovación de una licencia de conducción para vehículo particular cuesta $85.900. Lo cierto es que el trámite es personal e intransferible, por lo que el RUNT recomienda no acudir a terceros ni pagar más allá del valor establecido.
No olvide que para renovar su licencia o hacer cualquier trámite de tránsito debe estar al día en multas o tener acuerdos de pago vigentes. También conviene revisar con anticipación que esté inscrito en el RUNT y que su licencia no haya sido suspendida.
Vale la pena recordar que la multa por conducir con una licencia suspendida o cancelada quedó en $238.696 para este año.
Ojo con el mercado negro
El Ministerio de Transporte asegura que está luchando fuertemente contra la informalidad y la ilegalidad en las licencias de conducción. En el país, el Gobierno tiene dos frentes para detectar estas irregularidades. Por un lado, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional realiza el control de los actores en vía y puede imponer multas en caso de encontrar incumplimientos. Un pase adulterado da lugar a la inmovilización del vehículo y una sanción de $447.555.
Por otro lado, la Superintendencia de Transporte tiene la facultad de investigar a los organismos de apoyo al tránsito y a los mismos organismos de tránsito para detectar si incurren en fallas legales. En el marco de esas funciones, el año pasado encontró que 13 Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) certificaban alumnos que no habían cumplido los requisitos de las clases teóricas y prácticas. Estos fueron suspendidos por seis meses.