José Graziano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), está de visita en el país. Vino a decirle al Gobierno la importancia de fomentar la agricultura familiar y la comercialización en los territorios para erradicar el hambre en Colombia.
La FAO le dio el espaldarazo al programa del Ministerio de Agricultura “Colombia siembra”, que busca, a grandes rasgos, la siembra de un millón de hectáreas nuevas de ahora a 2018. Graziano y el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunciaron un convenio a través del cual la FAO brindará acompañamiento para, por ejemplo, armar un sistema de monitoreo que permita tener actualizadas las cifras del agro colombiano, y pusieron sobre la mesa retos como que 30% de las compras públicas sean atendidas por pequeños productores.
“La FAO participará del fondo de multidonantes e incluso con recursos propios” para apoyar el campo en una fase de posconflicto. El convenio, sin embargo, aún está en construcción. Pero Graziano también vino a participar del evento en el que hoy el presidente Juan Manuel Santos sancionará la ley de zonas de interés de desarrollo rural económico y social (zidres) en el Casanare. Al tiempo, como anticipó el jefe de la cartera de Agricultura, se anunciará qué pasará con las 25.000 hectáreas del predio El Porvenir, en Puerto Gaitán, Meta, que estaban en poder de la familia de Víctor Carranza.
Iragorri afirmó: “Procedimos a revocar los actos administrativos que no tenían el debido sustento legal y hoy esas 25.000 hectáreas son tierras baldías”. Hoy se anunciará la suerte de esa tierra, la misma a la que hace un año se refería el presidente de la República: “Estamos recuperando esos baldíos y los vamos a adjudicar a los campesinos”, dijo en abril de 2015.
Pero la ley de zidres ha sido, precisamente, criticada por organizaciones campesinas, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, como la Alianza Verde y el Polo Democrático.
Las zidres, según el Gobierno, promoverán el desarrollo de zonas apartadas de centros urbanos, en donde la tierra requiera grandes inversiones para empezar a producir, entre otras características. Las áreas aptas para las zidres, según ha insistido el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, las determinará un concepto técnico de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y cada proyecto productivo, que en teoría lo pueden presentar empresarios o asociaciones de campesinos, será aprobado por un consejo de ministros.
Las críticas han venido de distintos frentes, como lo ha recogido El Espectador en los últimos meses. Según el senador Jorge Robledo, los baldíos, que deberían adjudicarse a campesinos sin tierra, se irán en arrendamiento por largos períodos a empresas agroindustriales, nacionales o extranjeras. Para Aída Pesquera, directora de Oxfam en Colombia, habría legalización de tierras acumuladas irregularmente, porque el articulado dice que “se procederá a sanear las situaciones imperfectas garantizando la seguridad jurídica, previa a la aprobación del área”. Pesquera explicó que “ese concepto de ‘imperfecto’ jurídicamente no es nada y puede ser cualquier cosa”.
Según dijo Jhenifer Mojica, de la Comisión Colombiana de Juristas, en diciembre pasado, cuando se dio último debate al proyecto de ley en plenaria del Senado, según mapas preliminares de dónde podrían estar las zidres, hay incluso tierras que son reclamadas por campesinos y comunidades étnicas, “donde hubo presencia de guerrilla y paramilitares, donde hay tareas pendientes de restitución que en parte por temas de seguridad no se ha podido hacer. Esta ley de zidres sale primero que la restitución y cuando la restitución llegue no hay nada que hacer porque además el proyecto está clasificado como de utilidad pública e interés social”.
El articulado dispone que “mientras no exista una decisión definitiva en firme por parte del juez o magistrado civil especializado en restitución de tierras, en las zidres no podrán adelantarse proyectos en predios sometidos a este tipo de procesos”. El superintendente Vélez, en respuesta a la inquietud de que, posiblemente, zonas que todavía estén siendo reclamadas queden dentro de las zidres, respondió: “Las tierras sólo están restituidas en el momento en que un juez de la República lo manifieste (…). Estamos hablando de producción no de titularidad, las tierras son productivas en manos de Pedro, José, Antonio. Si están en proceso de restitución, siempre hablamos de tierras legalmente adquiridas”.
Desde el superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hasta el de Agricultura, han insistido en que es clave que en el articulado no se transfiere a nadie la propiedad de la tierra, especialmente de los baldíos. Según el Gobierno, el objetivo de la ley es aumentar la productividad y apuntar hacia la seguridad alimentaria del país, lo cual comulga con las metas que se ha trazado “Colombia siembra”.