Los cuestionados negocios de dos contratistas viales

Las autoridades colombianas esperan los resultados de los procesos contra Odebrecht e Hidalgo & Hidalgo, hoy en el ojo del huracán por presuntos casos de corrupción en Panamá y Brasil.

La constructora Odebrecht deberá entregar la concesión Puerto Salgar-San Roque, de la Ruta del Sol, en 2017. /Archivo
Las autoridades brasileñas capturaron ayer a Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo, quienes presiden las constructoras Odebrecht y Andrade Gutiérrez S. A. de Brasil, por presuntos pagos para quedarse con contratos públicos de Petrobrás, uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de ese país.
Las empresas están entre los más de 20 proveedores investigados por estos hechos. Según Bloomberg, el avance del proceso ha impactado de manera negativa en el crecimiento y la credibilidad de la economía vecina.
 
Hay un “riesgo significativo” de que la investigación empuje la economía a una recesión más profunda al socavar los recortes de gasto del gobierno, dijo Chris Garman, jefe para A. Latina de la consultora Eurasia Group.
 
Odebrecht es una de las firmas internacionales con participación en Colombia más importantes en el sector de infraestructura. Es responsable del contrato de concesión del tramo entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), de la Ruta del Sol, que debe estar terminado en 2017. Asimismo, tiene junto con Cormagdalena el contrato del dragado del río Magdalena y con el Invías la pavimentación de la vía entre Chinquinquirá y Pto. Boyacá.
 
“Es una firma muy importante en términos de las obras que estamos llevando a cabo en el país”, explicó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.
 
El funcionario manifestó que respetan la presunción de inocencia del capturado y que si existe un crimen la culpa no es transferible a la empresa, sin embargo, se van a redoblar esfuerzos para garantizar que ninguna de las obras nombradas se vean afectadas por los procesos judiciales.
 
“Si se presentan atrasos estaremos alerta para aplicar las sanciones necesarias, pero hay mecanismos para garantizar que los problemas de un contratista no afecten una obra”, aseguró.
 
En una nota de prensa la multinacional manifestó que “las investigaciones que se adelantan actualmente en Brasil no afectan de ninguna manera las operaciones de la empresa en Colombia, ya que en cada país son totalmente independientes”.
 
Por su parte, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, pidió a la Procuraduría acompañar los contratos que están vigentes con Odebrecht, mientras el vicepresidente Germán Vargas Lleras aclaró en Blu Radio que, de comprobarse que el presidente de la compañía tiene que ver con los hechos por los que fue capturado, la firma no podrá trabajar en el país en los próximos 20 años.
 
En este caso se activarían las pólizas de cumplimiento o, según dijo el presidente de la ANI, se entregaría el contrato a un tercero que garantice la finalización de la obra, lo cual también está permitido por la ley.
 
A esta polémica se sumó la de la investigación que adelantan las autoridades de Panamá contra Hidalgo & Hidalgo, empresa ecuatoriana que ganó contratos para construcción vial.
 
Según la prensa de ese país, el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli había adjudicado la construcción de un sistema de riego que, por la falta de viabilidad del proyecto, se descartó. Sin embargo, el contratado habría entregado prebendas para quedarse con el proyecto y recibió un adelanto económico que no habría sido invertido en la obra, sino que aparentemente terminó en manos de funcionarios cercanos al gobierno de Martinelli. 
Entre los proyectos que ejecuta la empresa ecuatoriana en el país está el contrato para la construcción de la autopista Popayán-Santander de Quilichao, de la segunda ola de concesiones de cuarta generación (4G); está a cargo de la concesión Zipaquirá-Bucaramanga-Palenque, y del corredor de prosperidad Villagarzón-San José del Fragua, sector Yurayaco, fase 2. 
 
Sobre estos dos casos, el Ministerio de Transporte emitió un comunicado en el que dijo que “una vez se tenga total claridad sobre los hechos, y alcances jurídicos, las personas investigadas y/o condenadas, y se establezca su relación con el desarrollo de los contratos mencionados, haremos uso de todas las herramientas jurídicas consagradas en nuestra legislación para evitar la vulneración del patrimonio público, así como la afectación de las obras contempladas”.