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La corrupción rampante en el nivel subnacional fue una de las dificultades del 2016. Un fenómeno que persistió durante el año que termina en los entes territoriales, pese a la batalla que el Gobierno Nacional, de la mano de la Cámara Colombiana de Infraestructura, ha librado para combatirlo. De ahí la necesidad inaplazable de implementar un pliego de condiciones tipo o estándar, obligatorio por ley, para evitar que los procesos licitatorios del nivel subnacional sean manipulados discrecionalmente, según las conveniencias de funcionarios y contratistas corruptos.
Y por el lado de la inseguridad jurídica, los empresarios del sector se embarcaron en proyectos que a mitad de camino se vieron afectados por tutelas, o por el vaivén de las decisiones judiciales. Para ilustrar los alcances de este problema están los casos de la suspensión de las obras del puerto de Aguadulce, o de la doble calzada Sincelejo-Toluviejo que, varios años después de haber iniciado su ejecución, se vio afectada por un fallo, por cuenta de los reclamos de una comunidad que alegaba vulneraciones de su arraigo ancestral. Igualmente preocupa la decisión de la Corte Constitucional, según la cual los trámites de las licencias ambientales pasaron de la ANLA a quedar de nuevo en manos de las CAR. Entonces los desafíos para 2017 son varios:
Mantener el dinamismo del sector:
Tras un año de desaceleración de la economía, el sector de la infraestructura está llamado a ser uno de los motores en 2017. Evitar que se contraiga la actividad de este renglón de la economía –que ya demostró, junto a vivienda, ser el mayor jalonador del crecimiento del PIB nacional– es uno de los grandes desafíos del próximo año, sin duda, el más importante.
Cierres financieros de las 4G:
Aunque siete proyectos de la primera ola 4G cuentan ya con desembolsos en firme por parte de entidades financieras locales y extranjeras, en 2017 los proyectos de la segunda y tercera olas 4G, junto con las iniciativas privadas, deberán completar este trámite para así garantizar la cabal ejecución de los proyectos.
Plata para la UPIT:
La puesta en marcha de la Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte (UPIT) –creada en la Ley de Infraestructura Nº 1682 de 2013– es todavía una deuda pendiente del Ejecutivo. En 2017 el Gobierno deberá estructurar la planta de personal y buscar algún mecanismo para obtener recursos de inversión, a fin de que la entidad pueda emprender sus tareas de planeación, sin duda estratégicas para implementar, pese a las restricciones fiscales que se vislumbran para 2017, el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) que han liderado mancomunadamente el Gobierno y la CCI. Dentro de las tareas prioritarias de esta dependencia está la priorización de los proyectos contemplados en el PMTI.
Recursos para la red terciaria:
De cara a la consolidación del posconflicto, el país deberá dar en 2017 el primer paso para atender 140.000 kilómetros de vías rurales en las próximas dos décadas. Ya existe una hoja de ruta (Conpes 3857 de abril de 2016), la cual estima que las necesidades ascienden a $48 billones a 20 años.
Ley estatutaria de consultas previas:
Las consultas previas con las comunidades se convirtieron en un verdadero reto para los avances de los proyectos en el inmediato futuro. Por ello, sin mayores dilaciones el Gobierno deberá tramitar en 2017 una ley estatutaria de consultas previas, con el fin de formalizar las reglas de juego en este frente.
Coordinación institucional:
Con la inminente renuncia del vicepresidente Germán Vargas Lleras, el Gobierno tendrá que garantizar que las tareas que venía desempeñando el funcionario –en materia de coordinación y supervisión de proyectos de infraestructura– deberán continuar con igual diligencia y eficacia, cualquiera que sea la dependencia del Estado o el ente que finalmente las asuma.