:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/SJglr6P2kiAAdo_xct1lHwvrTng=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/F52VQF5FXNCOHBFZNAVK5ILU3Q.jpg)
Este jueves 21 de noviembre colombianos de todas las regiones saldrán a las calles para manifestar su inconformismo con las medidas que ha tomado la administración de Iván Duque, principalmente en materia laboral (salario mínimo y reforma pensional), aunque con los días a esa lista se han agregado todo tipo de reclamos. Sin embargo, una serie de denuncias han advertido que detrás de la convocatoria hay quienes tienes intereses políticos particulares dedicados a desinformar.
Le puede interesar: Estos son los puntos de concentración a nivel nacional para el paro del 21 de noviembre
En medio de este debate las personas tomarán la decisión de si participan o no en las marchas. Por lo pronto, una serie de agremiaciones han salido públicamente a defender el derecho constitucional a la protesta y a sentar una posición respecto a sus motivos.
El Consejo Gremial Nacional divulgó esta mañana un comunicado en el que resalta la importancia de respetar la libertad que tiene toda persona de reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, “siempre y cuando ese ejercicio se realice con absoluto respeto de los derechos de todos los ciudadanos incluyendo a quienes no participan en las protestas”. Por esto hizo un llamado a quienes decidan participar para que rechacen cualquier vulneración de derechos de los no participantes, “en especial en lo que refiere a su integridad física, a la protección de sus bienes, y a sus derechos entre ellos los de la movilidad, la alimentación y el trabajo”.
Al respecto ya se había pronunciado públicamente el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien defendió la necesidad de que se respeten las manifestaciones, pero rechazando cualquier forma de violencia en el marco de estas. Esta premisa fue respaldada por escrito por varios representantes del sector empresarial, de los sindicatos y de las centrales obreras, que fueron citados en la Presidencia de la República la semana pasada para discutir con el gobierno los argumentos bajo los cuales la gente va a salir a las calles.
El presidente de Fedepalma, Jens Mesa, se mostró preocupado por la desinformación y las razones que las personas toman como ciertas para decidir ir a la marcha o no, "aquí lo importante es documentarse bien y también que las instancias de autoridad estén preparadas para ejercer debidamente el control, de presentarse hechos violentos, que por supuesto rechazaríamos completamente y que harían que las protestas perdieran su legitimidad”.
La agremiación de productores de palma dijo que defienden la democracia y el legítimo derecho a la libre expresión, consagrado en la Constitución: “Nuestro llamado es a que Colombia tiene que ser consecuente con su realidad y por ello lo fundamental es trabajar y generar riqueza y con ello bienestar y progreso, creando puentes que armonicen los intereses de la sociedad y eso excluye las manifestaciones violentas, a través de caminos como la preservación de la democracia participativa y el pluralismo”, precisó.
El mayor gremio de empresas de transporte, Colfecar, aseguró a través de un comunicado que sus agremiados prestarán normalmente sus servicios este 21 de noviembre siempre y cuando las autoridades garanticen su seguridad y movilidad por las carreteras del país, y argumentó que los transportadores no se suman a protestas “que no hacen parte de su filosofía gremial y solamente dejan pérdidas millonarias”.
El presidente de la federación, Juan Miguel Durán, dijo que las empresas que hacen parte de este gremio respetan el derecho a la protesta, pero consideran que para el transporte de carga no hay razones de peso que la justifiquen, especialmente porque reconocen la intención del gobierno de contribuir al mejoramiento de las condiciones de los transportadores como el nuevo programa del Fondo para la Reposición de Vehículos, la excepción del IVA para la compra de automotores nuevos y los controles para evitar la matrícula irregular de vehículos.
“Infortunadamente en anteriores manifestaciones hemos sido el blanco de algunas agresiones a los equipos en los que se movilizan las mercancías y los productos que sirven para el sustento diario. En tales consideraciones, respetamos los derechos que la constitución otorga a nuestros conciudadanos, pero con la misma claridad exigimos respeto por quienes no participamos”, sentenció.
La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) tampoco participará, de acuerdo con lo consignado en una carta que el gremio le envió una carta al presidente de la República Iván Duque asegurando que los empresarios de transporte intermunicipal rechazan el paro y apoyan las acciones que se han venido implementando para fortalecer el sector.
El presidente de la ADITT, José Yesid Rodríguez, enfatizó que el servicio de transporte intermunicipal de pasajeros se prestará de manera regular en la medida en que las condiciones de seguridad lo permitan, incluso pidieron al Gobierno Nacional garantías de seguridad y la activación de las pólizas para los vehículos, en caso de presentarse afectaciones a los mismos.
La Asociación de Camioneros de Colombia (ACC) también explicó, mediante un comunicado, que no participarán en la jornada de protesta para este jueves, pues llevan 15 meses de diálogo con el gobierno y aseguran que han visto un cumplimiento. “Se han promulgado dos leyes, un conpes, tres decretos y varias resoluciones (…) Es cierto que el camino hacia la solución total es largo, que faltan otros temas muy importantes, pero con el cumplimiento demostrado se construye confianza”, aseguró el gremio. Aún así, resaltaron que respetan la protesta pacífica como derecho fundamental que puedieron ejercer en el pasado. Durante 2018, los camioneros convocaron seis paros nacionales, el último duró 47 días.
De mismo modo, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) hizo un llamado a las personas que se movilizarán a ejercer su libertad de expresión de forma pacífica y sin violencia, dentro del Estado de derecho, y las invitó a abrir un “diálogo permanente que permita establecer soluciones efectivas con medidas que garanticen el cumplimiento de las mismas”.
En ello coincidió además el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industria Agropecuaria (Sintrainagro), que no se unirán al paro porque recientemente firmaron una convención colectiva con la que lograron un acuerdo con el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y los empresarios, “sin necesidad de hacer una huelga”, y que beneficiará, en materia laboral y social, a más de 22.000 trabajadores del sector bananero de la región de Urabá.
“No vamos a participar en la parálisis de la producción del sector agropecuario donde tenemos presencia como organización sindical en la convocatoria hecha por las centrales obreras y le estamos solicitando garantías al Gobierno, departamentales y regionales, para que nuestros afiliados puedan realizar sus labores normales en el marco del desarrollo de este paro nacional del día 21 de noviembre de 2019”, informaron.
Por su parte, la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta) señaló que se une y apoya “incondicionalmente” a las organizaciones sindicales que se unen al paro nacional por considerar que la movilización está justificada, en su caso, “en innumerable fallas y una problemática laboral denunciada en los últimos 10 años que no ha sido subsanada satisfactoriamente y no se vislumbra alguna solución”, aunque respalda el inconformismo del país “con las políticas gubernamentales y por el abandono estatal”.
Le recomendamos: Extreman medidas de seguridad en Bogotá de cara al paro nacional del 21 de noviembr
Otros gremios consultados por El Espectador a lo largo de la última semana dijeron que no emitirán pronunciamientos al respecto.