Los pleitos no pararán las obras

Problemas por compra de predios se mantienen en vías como Bogotá-Girardot.

En la vía Tunja-Briceño-Sogamoso   este predio impide  al concesionario culminar un tramo de doble calzada. / Archivo
En la vía Tunja-Briceño-Sogamoso este predio impide al concesionario culminar un tramo de doble calzada. / Archivo

Con el proyecto de ley de infraestructura que se discute en el Congreso de la República, el Gobierno busca poner fin a los obstáculos que impiden acelerar la ejecución de las obras de infraestructura de transporte.

Así lo señaló el viceministro de Infraestructura, Javier Alberto Hernández López, quien explicó que de aprobarse la iniciativa gubernamental quedarán atrás los pleitos que paralizan las obras, mientras que se negociaban los predios o se consiguen los recursos para el traslado de redes de servicios públicos.

El funcionario señaló que, de acuerdo con el proyecto de ley, el avalúo de los predios estará en manos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y no de acuerdo a su valor comercial.

La oferta deberá ser notificada únicamente al titular de derechos reales que figuren registrados en el folio de matrícula del inmueble objeto de expropiación y/o al respectivo poseedor y contra la oferta no proceden recursos, señala el articulado del proyecto de ley.

El viceministro señaló que lo que se busca con el proyecto es definir normas que les permitan a las autoridades agilizar soluciones que dinamicen la economía y de paso generar nuevos puestos de trabajo.

“La infraestructura es un bien general que está por encima de los intereses particulares”: este concepto, incluido en la ley, permitirá al Estado avanzar sin contratiempos en aquellos proyectos donde se presenten problemas de predios, traslado de redes de servicios y conflictos con títulos mineros, ya que la norma establece que las obras prosigan, mientras que paralelamente se busca una solución.

Las reclamaciones no se desconocerán, pero no detendrán las obras mientras que se resuelven, como ocurre hoy, recalcó el funcionario.

El articulado señala que los jueces tendrán 30 días improrrogables para ordenar la entrega de los bienes inmuebles declarados de utilidad pública para proyectos de infraestructura de transporte, a solicitud de la entidad demandante, de acuerdo con el artículo 399 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso.

Por ahora siguen paralizados proyectos por la compra de predios, como ocurre en los corredores Bogotá-Girardot, Tunja-Briceño-Sogamoso y Buga-Buenaventura.

Frente al tema ambiental, el Gobierno estudia la posibilidad de que los proyectos salgan a licitación con los permisos ambientales listos, lo que evitaría que las obras se retrasen como ocurre con un tramo de la Ruta del Sol.

 

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