La declaratoria de guerra del Gobierno a las caídas de las llamadas, que se plasmó en el Plan de Desarrollo 2014-2018 (PND) y que se intensificó luego de unos trinos del presidente Juan Manuel Santos en los que se quejaba de la mala señal, se está materializando. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) notificó a ocho ciudades para que desmonten las prohibiciones que impiden la instalación de antenas e infraestructura de telecomunicaciones, algo que permite el PND.
Las alcaldías de Bogotá, Cajicá, Cali, Ibagué, Lorica, Montería, Planeta Rica y Popayán tienen 30 días para responder la carta que les envió la cartera del ministro David Luna, en la que les pide revisar sus planes de ordenamiento territorial para determinar las “barreras, prohibiciones o restricciones que dificultan el despliegue de infraestructura”, según el Mintic. Los municipios tendrán seis meses de plazo para eliminar esas barreras normativas. Próximamente serán notificadas otras 17 ciudades.
Desde hace meses, el Gobierno se ha esforzado por demostrar que la creencia según la cual la radiación de las antenas afecta la salud no es más que un mito urbano. Más aun, ha insistido en que mientras menos antenas haya, el “esfuerzo” que deben hacer las bases para generar cobertura es mayor y por tanto también lo es la radiación. La Agencia Nacional del Espectro (ANE), además, asegura que “tras realizar 27 millones de mediciones de campos electromagnéticos, ha logrado evidenciar que la potencia que emiten cumple con los límites establecidos”.
Sin embargo, como la ANE y la Rama Judicial discutieron hace unos meses en un encuentro, la Corte Constitucional ha fallado a favor de accionantes que invocan el derecho a la salud vulnerado por la instalación de antenas cerca de los sitios que habitan. Han sido decisiones con base en el concepto de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la cual ha dicho que la radiación electromagnética es posiblemente cancerígena. Se trata de casos, por ejemplo, de personas con marcapasos, o bebés cuyo desarrollo se protegió con el principio de precaución.
Gilberto Toro, presidente de Fedemunicipios, le dijo a El Espectador que esa organización ha sido crítica de lo establecido en el PND, puesto que “de alguna manera no contempla el papel de los alcaldes en materia de ordenamiento de su territorio”. Pese a que reconoce que “a veces por razones politiqueras o absurdas hay comunidades que se oponen a la instalación y que algunos alcaldes no hacen nada al respecto”, dice que la autonomía municipal debe primar. El ministro Luna aseguró que “los municipios pueden establecer requisitos y condiciones. Si algunos consideran algunas particularidades, bienvenidas, por ejemplo, la mimetización (de antenas)”.
La Agencia Nacional del Espectro asegura que en lugares como las inmediaciones del Instituto Roosevelt, especializado en atención médica para niños, y la Universidad Distrital en Bogotá, en donde ha habido conflictos por la instalación de antenas, la radiación no supera el 0,4%, sobre un límite de 100% que tiene como base dictámenes de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, llamó a cualquier ciudadano que tenga dudas las emisiones en su zona a comunicarse con la Agencia, que con medidores de campos iría a comprobar la potencia.
Los operadores, representados por Andesco y Asomóvil, expresaron su apoyo a las medidas anunciadas por el Mintic. "El llamado del Ministro Luna, y que Andesco acompaña íntegramente, es para que se revisen y eliminen las restricciones para instalar antenas, acotamiento en la altura y distancia entre ellas, permanencia de la infraestructura y en muchos casos, prohibiciones de instalación de las mismas, aduciendo incluso temas de salud pública, sin tener en cuenta que las emisiones de las antenas utilizadas para este propósito cumplen con los límites establecidos por la norma nacional y no generan daño alguno a la población", dijo la Asociación en un comunicado.
Asomóvil, por su parte, aseguró que “el Mintic ha hecho uso de una herramienta muy importante del Plan Nacional de Desarrollo, que busca la eficiencia en la prestación del servicio de telecomunicaciones como garantía para el ejercicio de los derechos a la vida en situación de emergencia, la salud, la educación, la información y todo lo que las tecnologías de las comunicaciones aportan para el desarrollo y el crecimiento económico”, dijo la presidenta de Asomóvil, Nancy Patricia Gutiérrez.
El ministro Luna finalmente aclaró que los operadores estarán en la obligación de hacer un pago a los municipios cuando se haga uso del espacio público para la instalación y disposición de las antenas.