Los proyectos del Banco Agrario que el glifosato fumigó

Los cultivos que en 2009 financió el Gobierno a 27 familias de Timbiquí, Cauca, fueron quemados en 2012 por el herbicida. Se han presentado siete demandas y la Policía se niega a conciliar.

Veinticinco familias del Cauca piden indemnización por los perjuicios causados por las fumigaciones con glifosato. /Archivo El Espectador

El 22 de julio de 2012, cuando la Defensoría del Pueblo del Cauca y la oficina del Alto Comisionado para la ONU realizaron la misión de verificación en el municipio de Timbiquí (Pacífico caucano) sobre las afectaciones de cultivos lícitos por las fumigaciones con glifosato, encontraron un panorama desolador: extensiones de siembras de cacao, plátano, papa china, palma de chontaduro, caña y yuca quemadas por la aspersión aérea realizada una semana antes, es decir, el 11 de julio de ese año.

El recorrido se realizó en el corregimiento de Bubuey, donde viven las 25 familias que el 29 de julio de 2009 recibieron créditos del Banco Agrario, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación para la Financiación de Proyectos Agropecuarios con Garantía (FANG). La razón: después de la fumigación de ese 11 de julio, a la Alcaldía municipal de Timbiquí llegaron las quejas de las comunidades afrodescendientes que relataban lo paradójico: que los cultivos de cacao y pancoger financiados por el Gobierno Nacional habían sido fumigados y quemados con glifosato, a pesar de que en la zona no existían cultivos de uso ilícito.

Eso lo confirmó la comisión de verificación de la Defensoría del Pueblo, que en agosto del año pasado certificó que “no se encontró evidencia o rastros de cultivos de coca en el precitado sitio de verificación”.

Con esta prueba, y con la certificación de la Alcaldía municipal que detalló por cada familia los cultivos afectados, el abogado James Ramos Carabalí presentó en octubre del año pasado cinco demandas de reparación directa contra la Policía Nacional, con el fin de solicitar la indemnización de 25 familias del Consejo Comunitario Negros en Acción del corregimiento Bubuey. El pasado martes radicó dos nuevas demandas de dos familias afectadas en la zona del río Saija.

Las demandas no sólo hablan sobre los daños causados a los cultivos del proyecto productivo, sino también la deuda de $9 millones con la que quedó cada una de las 27 familias que habitan el corregimiento, donde no hay agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y mucho menos un puesto de salud.

La familia del señor Arsenio Angulo*, por ejemplo, había sembrado 1.632 árboles de cacao, 280 matas de plátano, 423 matas de papa china y 57 palmas de chontaduro. Pero, en general, las pérdidas totales cuantificadas en la demanda solamente en árboles de cacao ascienden a más de 25.000 ejemplares que se marchitaron horas después de que la avioneta pasara asperjando el lugar.

Por su parte, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional respondió las solicitudes de los afectados el 9 de abril de 2013 “manifestando que se realizó visita al lugar de los hechos y no encontraron cultivos lícitos, sino, al contrario, cultivos de coca”, se lee en la demanda. No obstante, el abogado dice que esa visita nunca existió y que dicha aseveración contradice la certificación que la Defensoría del Pueblo y la ONU dieron después de su visita a la zona.

Las pretensiones de las demandas ascienden a más de $5.000 millones, pues, como lo explica el abogado Ramos Carabalí, la fórmula para cuantificar los daños incluye las aspiraciones futuras que cada familia tenía con su proyecto productivo: “Fui a la Federación de Cacaoteros, donde les vendieron las semillas, y me manifestaron que el cacao vivía entre 30 y 40 años. Para esa fecha el kilo de cacao valía $5.830; también tuve en cuenta la extensión que habían sembrado, que era entre una y cuatro hectáreas, y eso nos da el cálculo final”.

Para superar las condiciones de vulnerabilidad en las que aún se encuentra esta comunidad, según el abogado Ramos, el Banco Agrario ha insistido en un nuevo crédito de $18 millones “para que paguen los nueve iniciales y con los otros nueve vuelvan a sembrar. Sin embargo, la gente tiene miedo de que les vuelvan a fumigar”, puntualizó.

Hasta ahora, tres de las demandas colectivas están en el Tribunal Administrativo del Cauca y dos en los juzgados de Popayán, esperando la respuesta de la Policía Nacional. Mientras tanto, otras dos iniciaron el proceso apenas esta semana, después del anuncio del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien a raíz de un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó “suspender de manera inmediata el uso del glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos”, toda vez que hay evidencia de que la sustancia podría generar cáncer en los seres humanos.

 

* Nombre cambiado por solicitud de la fuente.