Los retos para formalizar el campo

La Misión Rural comenzó diálogo con distintas instituciones para que atiendan ese sector. El turno es para las cajas de compensación.

José Antonio Ocampo lidera la Misión Rural para la Transformación del Campo. / ‘El Colombiano’

El año pasado entró en marcha la Misión Rural, liderada por el exministro José Antonio Ocampo, con el objetivo de adelantar estudios que den cuenta de realidades fuera de las ciudades. La idea es que los hallazgos sirvan de insumo a la formulación de políticas públicas cuya pretensión es saldar la deuda histórica del país con el campo.

Una pisada fuerte que dio recientemente la Misión fue formular recomendaciones que se tuvieron en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, una reforma institucional. “Es vox pópuli que hemos propuesto liquidar el Incoder”, dijo Ocampo.

A pesar de que en la versión final del plan no se dice con esas palabras, se reviste al presidente de la República con la facultad de “suprimir o escindir las entidades del sector agropecuario ejecutoras de la política de tierras y desarrollo rural”.

Una institución renovada tendría otras funciones, como promover la transformación de microfundios en unidades productivas. “Una autoridad de tierras no es sólo lo que hace el Incoder”, añadió el líder de la Misión.

En vista de que la iniciativa busca hacer propuestas para atender el campo desde todos los frentes, para Ocampo es claro que se deben integrar distintas carteras e instituciones. El diálogo con las cajas de compensación familiar comenzó ayer.

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) se reunió con el director de la Misión Rural para escuchar las principales necesidades del sector identificadas por los investigadores.

El llamado de Ocampo fue a responder en consenso preguntas como qué cobertura rural pueden ofrecer las cajas, qué servicios es posible desplegar (salud, educación, vivienda, entre otros) y cómo, cuántos recursos se tienen y con qué tipo de participación del Estado.

Lo que por el momento es claro y genera acuerdo es que uno de los mayores retos es la informalidad del campo, pues la gran cantidad de colombianos allí viven del rebusque y no tienen acceso al sistema de protección social.

Otro es la brecha que de por sí hay entre lo urbano y lo rural. Por ejemplo, para el acceso a subsidio de vivienda con una caja de compensación es requisito que la construcción tenga plena disponibilidad de servicios públicos, algo que no sucede en gran parte del campo. El déficit habitacional en la zona rural es del 61,4%. Un 40% de los campesinos no tiene acceso a una fuente de agua mejorada y 27% carece de un sistema adecuado de eliminación de excretas.

El presidente de la junta directiva de Asocajas, Armando Garrido, dijo que de antemano se sabe que hay oferta de las cajas de compensación, entre otras instituciones, de educación continuada que se puede extender al campo, así como de servicios de salud. Su cobertura rural hoy es incipiente, está en municipios rurales donde hay trabajadores de empresas o de entidades del Estado.

Asocajas, con la vocería de Garrido, dio su palabra para cofinanciar el plan que la Misión Rural plantee o crea conveniente para llevar la compensación familiar al campo.

Amylkar Acosta, exministro de Minas y actual director de la Federación Nacional de Departamentos, opinó que las cajas de compensación son un tipo de institución adecuada para llevar servicios de salud, educación y vivienda a la ruralidad. “Lo que ofrecen es lo que la élite de este país no necesita, porque para eso está afiliados a sus clubes”. Para Acosta, las cajas “deben ayudar a la formalización del campo”.

Tanto Acosta como Ocampo consideran desatinada la recomendación de distintas instituciones, como Anif y la OCDE, de desmontar el 4% de aporte parafiscal a las cajas de compensación. “El sistema funciona en Colombia. Tal vez la OCDE no lo estudió bien”, dijo Ocampo.

 

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