En momentos en que se adelanta un proceso de paz con la guerrilla de las Farc y se ha anunciado el pronto inicio de conversaciones con el Eln, un escenario de posconflicto en el territorio colombiano plantea numerosos retos para el Gobierno en materia presupuestal, teniendo en cuenta su estrategia de reconciliación y propender por mitigar los factores que promovieron la violencia que por medio siglo ha afectado al país.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que para el 2016 los recursos destinados para el posconflicto se elevarían 9% frente a lo aprobado para el 2015. “Del presupuesto para este año de $210 billones, $9,5 billones los estamos destinando al posconflicto, y yo estimo que para el año entrante los recursos serán de $10,4 billones”, dijo el funcionario, señalando que la aprobación final se dará en los debates que inician hoy las comisiones económicas del Congreso de la República.
Para Francesco Bogliacino, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, lo previsto en recursos para este segmento es insuficiente. “El presupuesto para el otro año está definido bajo un principio de austeridad, así digan que es inteligente, pero este recurso para el posconflicto no es suficiente, teniendo en cuenta que sólo en términos de restitución de víctimas las inversiones son altas y lo importante es poder afrontar los problemas que se van a generar después de la firma, como un crecimiento de las demandas sociales y problemas de seguridad vinculados con las desmovilizaciones, ya que existe un riesgo asociado a las personas de bajo rango dentro de la guerrilla, que puedan volver a la delincuencia común, como ocurrió con las bandas criminales”.
En contraste, el senador Antonio Navarro Wolff (Partido Verde) considera razonable lo propuesto por el Gobierno en materia de fondos después de firmar el acuerdo. “Si efectivamente este recurso es destinado al posconflicto es suficiente, porque hemos considerado que el país necesita $9 billones al año durante diez años para este tema. Pero tengo dudas sobre a qué es lo que el Gobierno le llama posconflicto”, dijo el congresista, añadiendo que lo importante es que el Estado pueda garantizar la presencia en 281 municipios actores de la guerra, “aunque veo que el Estado no tiene esta prioridad, esperamos en detalle el desagregado del proyecto en los debates”.
El director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, manifestó que el posconflicto tiene grandes retos territoriales, principalmente en 281 municipios. “Estas zonas específicas son trascendentales, ya que allí generalmente se reproduce la economía que creó la guerra. En los conflictos armados prolongados, la guerra crea una economía de la cual sobrevive, y esta se desarrolla en los territorios excluidos, marginados y donde hicieron presencia los grupos armados ilegales. Cultivos de coca, minería criminal, redes de extorsión, son solo un ejemplo. Estas economías, de no controlarse, traerían nuevas olas de violencia”.
El Gobierno ha previsto recursos por $30 billones para el sector Defensa en el 2016 y dentro de este segmento se ha incluido la prima por antigüedad para los patrulleros, subintendentes e intendentes jefes de la Policía, “son aproximadamente 86.000 efectivos que reciben esta prima de antigüedad, representados en el 1% por cada año de servicio, y en el caso del Ejército, los soldados profesionales e infantes de marina están recibiendo por primera vez de manera plena el subsidio familiar”, dijo el ministro de Hacienda.