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La infraestructura en América Latina y el Caribe atrae el interés de varios actores empresariales y financieros. En la amplia gama de interesados, la participación de China ha tenido un papel importante y se ha venido dando de diferentes formas y en Colombia no es la excepción. ¿Por qué es importante poner la atención en los bancos y empresas chinas? ¿Es distinto a otros actores? ¿Cuál es su responsabilidad ambiental y social en el desarrollo de los proyectos?
En el portal “Inversiones Chinas en América Latina” de la Asociación Ambiente y Sociedad, hemos mapeado más de 80 proyectos con participación de empresas o bancos chinos en los sectores de infraestructura, minería, hidrocarburos y energía. También los principales acuerdos bilaterales entre China y países de la región y acuerdos entre china con organismos multilaterales. Desde allí ha sido posible identificar diferentes formas de cooperación de China en el desarrollo de infraestructura especialmente energética y de transporte y los conflictos sociambientales que ocurren en varios de los proyectos.
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En primer lugar, las empresas chinas han tenido protagonismo como adjudicatarias de contratos de construcción y concesión, de los cuales algunos vienen respaldados por acuerdos bilaterales o memorandos de entendimiento firmados previamente entre los gobiernos nacionales y China. En Colombia el proyecto que más ha sonado ha sido la licitación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, que fue adjudicado al consorcio APCA Transmimetro, compuesto por China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) y Xi’an Metro Company Limited. CHEC también participa en el Consorcio Autopistas Urabá S.A.S, junto con otras empresas colombianas y que están encargadas del desarrollo de la Autopista al Mar 2. Aquí es importante señalar que las Asociaciones Público Privadas (APP) parecen ser uno de los campos de mayor interés para la China y seguramente participarán en los proyectos 5g que se desarrollaran en los próximos años en Colombia.
En términos de financiamiento encontramos que China es uno de los principales financiadores en América Latina. Sus préstamos y créditos se realizan a través de diferentes modalidades. Por ejemplo, en 2018, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad especializada en la financiación y estructuración de proyectos de infraestructura mediante APP, anunció una alianza con el Banco de Desarrollo de China (CDB) para concretar el apoyo financiero a proyectos viales. De hecho ese mismo año se aprobó un crédito del Banco de Desarrollo de China por 470 millones de dólares para el proyecto Autopista al Mar 2. El hecho más reciente fue el préstamo del Banco de China a la concesionaria vial Unión del Sur a cargo del proyecto Pasto – Rumichaca.
Pero existen otros financiamientos menos conocidos y que llegan a través de otros canales. Gracias al establecimiento de acuerdos con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo u organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), se han establecido fondos de inversión o cofinanciamientos a proyectos. Es el caso de la Planta Hidroeléctrica Ituango, que recibe un préstamo A/B, es decir, su tramo A otorgó un préstamo por 400 millones de dólares del grupo BID y 50 millones de dólares del Fondo de Cofinanciamiento de China Administrado por el BID Invest. El tramo B es un préstamo por 650 millones de dólares de diferentes bancos, entre ellos, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC). ¿Cuáles son sus responsabilidades por los impactos generados como en el caso de Hidroituango?
El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), una coalición de organizaciones de la sociedad civil donde participa AAS, realizó un análisis comparativo de la normatividad de las Instituciones Financieras Internacionales presentes en América Latina. En el informe encontramos que para el caso de la banca china, ésta se encuentra rezagada en todos los componentes de evaluación de este análisis, siendo los aspectos relacionados con el acceso a la información, la participación y los pueblos indígenas las cuestiones más críticas. Tampoco cuentan con Mecanismos de Rendición de Cuentas, donde las comunidades afectadas por sus financiamientos puedan acercarse.
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Respecto a los conflictos socioambientales que se han presentado, en el documento “Cooperación de China en América Latina y el Caribe en Infraestructura: discursos, modalidades y conflictos socioambientales” señalamos que los incumplimientos normativos y violaciones a los derechos humanos en medio de la ejecución de sus proyectos representan un conflicto tanto para China, como para los gobiernos nacionales. Estos últimos deben garantizar la protección de las comunidades en los territorios que son objeto de esas actividades. Además, vigilar el desenvolvimiento y el cumplimiento de las normas pertinentes de las empresas de cualquier origen.
Lo anterior no significa que las empresas chinas tengan peores o mejores desempeños que sus contrapartes en materia ambiental y social. China es un actor que junto a otros alimentan diferentes presiones sobre ALC, especialmente, en lo que respecta a sus recursos naturales, a las oportunidades de mercado para sus empresas y las oportunidades de expansión de capital financiero. Y los proyectos en los que participan son, muchas veces, desfavorables para los pueblos que promueven otras formas de vivir y entender el territorio y el desarrollo.
Vea el documento aquí
China ha manifestado estar cada vez más comprometida con la lucha contra el cambio climático, la protección de los ecosistemas y la infraestructura sostenible. Ha avanzado en el establecimiento de algunos lineamientos (algunos no vinculantes) para sus empresas y bancos. También ha generado la narrativa de construir una “civilización ecológica” que promete promover mejores prácticas ambientales y sociales de sus actividades extraterritoriales. Es necesario avanzar en la implementación de estos y generar compromisos adicionales en la cooperación de la protección ambiental. Esto aplica no solo para el caso de infraestructura, también para los sectores extractivos y agroindustriales, donde también se vienen fortaleciendo relaciones comerciales entre China y Colombia.
*Este texto hace parte de una serie de entregas dentro de una alianza editorial entre la Organización Ambiente y Sociedad y El Espectador sobre los megaproyectos de infraestructura en Colombia. El autor es investigador de dicha ONG.