En la lucha contra el contrabando

El Gobierno lo combatirá fortaleciendo a la Policía. Los empresarios advierten que hay muchas tareas por corregir.

En la primera semana de la estrategia, la Policía confiscó alrededor de US$1 millón. / Archivo
En la primera semana de la estrategia, la Policía confiscó alrededor de US$1 millón. / Archivo

La semana pasada, mientras la agenda noticiosa se ocupaba del atentado terrorista de Boston y la creciente tensión política en Venezuela tras la elección de Nicolás Maduro, un estratégico remezón se produjo dentro de la Policía colombiana. Su protagonista fue el coronel Gustavo Moreno, investido por el propio presidente Juan Manuel Santos como nuevo zar anticontrabando.

El oficial, cuyo nombre sonaba fuertemente para convertirse en director del Inpec, fue puesto al mando de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), entidad en la que tendrá que coordinar todos los esfuerzos del Estado y de la Fuerza Pública para combatir un delito calificado desde ahora como fuente vital del narcotráfico y acusado de desincentivar la producción industrial.

“Su énfasis es la inteligencia. Tiene muy buenos contactos y el reconocimiento de las autoridades del Reino Unido y Estados Unidos. Su principal labor es integrar las distintas fuerzas de la Policía, porque necesitamos es un trabajo en inteligencia y en operaciones encubiertas”, explica Juan Ricardo Ortega, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Una muestra del carácter del coronel Moreno quedó consignada en las páginas de El Espectador del 23 de enero, tras ser vinculado a la investigación por la muerte de dos fleteros que intentaron robarle. También se reflejó en la primera semana de operaciones de la Polfa bajo su mando, cuando las autoridades incautaron US$1 millón que se pretendía entrar al país sin ser reportados a través de maletas de doble fondo, vehículos con alijos y pasajeros en puntos de inmigración.

Son los primeros resultados de la estrategia que quedó consignada en el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, con el que se busca dinamizar el agro y la industria. Esta última es una de sus víctimas predilectas: según cifras de la Acicam, el año pasado entraron al país 18,5 millones de pares de zapatos (el 25% de las exportaciones totales del segmento) con precios inferiores a un dólar. Fue uno de los factores que incidieron para que la industria del calzado, de acuerdo con la Andi, culminara el año con una caída de 0,1% en su producción.

Las cifras oficiales muestran un panorama desolador: el contrabando de gasolina mueve en un año US$300 millones, monto similar al de whisky (alrededor de un millón de cajas) y ligeramente superior al de cigarrillos (US$260 millones). Se estima que el crimen organizado, su controlador, entrega alrededor de US$2.500 millones en efectivo en sobornos y que esta actividad está relacionada con los cerca de US$3.800 millones que el narcotráfico mueve dentro del país.

“En una reunión con autoridades de Estados Unidos comprendimos que intervenían diversas entidades, desde el Ministerio de Transporte, pasando por el ICA, Aerocivil, hasta Cancillería. Ninguno estaba articulado con nosotros”, explica Ortega, y revela que el nuevo modelo anticontrabando se basó en el del país del norte, donde una sola agencia realiza tanto el control aduanero como el migratorio.

Pero los empresarios sienten que la coordinación debe incluir también la coordinación administrativa. “Hay que delimitar claramente el papel de la Aduana y de la Polfa para evitar situaciones como las actuales, en las que la Policía incauta mercancías a la salida de las aduanas, desconociendo los trámites realizados”, comenta Javier Díaz, presidente de Analdex, quien, además, advierte que el modelo también es susceptible de cometer errores: “El 76,4% de las aprehensiones de la DIAN obedecen a errores de buena fe de los importadores. Y a funcionarios que deciden que requisitos como las descripciones mínimas de mercancías no son suficientes”.

Señalamientos que son reconocidos por la misma DIAN. “Nos hemos equivocado, a veces inducidos por funcionarios que participan en el esquema. Estamos corrigiendo esa situación y, en el proceso, hemos removido de sus cargos alrededor de 400 personas. Y seguiremos depurando, porque estamos convencidos de que el costo de no hacer nada es mucho mayor que los efectos sobre la economía”, dice Ortega.