Lucha contra la pantalla ilegal

La puesta en marcha de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) ha permitido el trabajo conjunto del Estado contra las señales piratas.

Estudios del sector privado señalan que entre el 30% y más del 50% de la señales del país son ilegales.  / Archivo
Estudios del sector privado señalan que entre el 30% y más del 50% de la señales del país son ilegales. / Archivo

En cuestión de minutos, y con mucho sigilo, un grupo de hombres armados rodearon el lugar. Todos estaban atentos a la indicación del oficial de mayor rango. Cuando un avión pasó por encima, entraron a la bodega que por varios días venían observando. Una queja, a la cual las autoridades dieron trámite, los llevó en agosto pasado a un lugar cercano al aeropuerto José María Córdoba, en Medellín, donde decomisaron 500 equipos con los que se robaría señales de televisión por suscripción.

Una escena similar hubiera sido impensable un par de años atrás. “Antes, cuando procedía una denuncia, se filtraban los allanamientos. Las autoridades no encontraban nada porque alguien de la extinta Comisión Nacional de Televisión (CNTV) filtraba la información”, recuerda Natalia Iregui, gerente de Relaciones Institucionales de Directv, quien en sus más de siete años de trabajo en el sector venía acumulando frustración tras frustración respecto al auge de las señales ilegales.

Historias similares suelen contarse cada vez que la entidad surge en una conversación. Corrupción, negligencia, ocultamiento de información y politiquería son algunas prácticas que han permitido el auge de este delito, del cual no hay aún cifras oficiales, pero análisis y proyecciones del sector indican que sobrepasa el 50% del mercado actual.

Esa cifra difiere de las proyecciones que tienen los programadores internacionales: según Television Association of Programmers (TAP), alrededor del 30% de las señales por suscripción en el mercado colombiano siguen siendo de un origen no identificado. Para buscar el origen de esta práctica hay que remontarse a la industria de finales de los años 90, cuando la CNTV autorizó a las comunidades organizadas a transmitir señales de televisión por suscripción con ciertas restricciones.

Fue un esfuerzo loable, que no obstante se difuminó muy rápido por el escaso control. Así aparecieron personas inescrupulosas que robaban señales, las retransmitían sin autorización, cobraban por publicidad y enviaban cifras erradas a los organismos de control. Debido a esto, muchas empresas ofrecieron suscripciones a mensualidades irrisorias. Un estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) reveló que en el país se ofrecen parrillas de operación a precios inferiores a US$9, los cuales no harían sostenible la operación.

Pero no son las únicas prácticas y tampoco son ellos los únicos que actuaron de forma irregular. “Tenemos conocimiento de que alrededor del 40% de los usuarios no tiene factura porque reportaron la suspensión del servicio aunque éste nunca se cortó. Eso nos deja sin oportunidad de sumar clientes potenciales”, comenta Carmen Lucila Osorio, directora ejecutiva de Directv.

A pesar de estas prácticas, el negocio ha mostrado un serio crecimiento en los últimos años. “Durante mucho tiempo les vendimos nuestra señal a los cuatro operadores autorizados. Hoy lo hacemos a los 39 concesionarios legales, más las múltiples empresas comunitarias, y todos tienen que mostrarnos sus permisos”, comenta Allan Navarrete, gerente general de Discovery Networks para México y Colombia, compañía que ha registrado un crecimiento de audiencia del 27% en el último año.

Pero este crecimiento también obedece a un cambio cultural. “En los últimos diez años se ha generado en el país una conciencia alrededor de los derechos de autor, que está presente cada vez que se ve televisión, se descarga una canción por internet o se compra un CD”, dice Alexandra Falla, comisionada de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que reemplazó a la CNTV como ente regulador del sector desde abril pasado.

Entre sus primeras acciones para hacerle frente a este flagelo, sobresalen las coordinadas con instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que han derivado no sólo en incautaciones, como la de Medellín, sino en la preparación de funcionarios para fortalecer los controles.

Sobresale el proyecto de resolución con el que la ANTV busca reformar la concesión de licencias comunitarias, actualmente en trámite. “Los mecanismos de control deben ser fuertes, y el Estado debe acompañar los procesos regulatorios”, agrega.