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Los servicios públicos en Colombia nacieron de la iniciativa privada, pero se fueron municipalizando en el caso de los acueductos, para terminar con el esquema actual: la participación del sector privado (PSP).
“La participación del sector privado en la provisión de los servicios de acueducto y alcantarillado no es nueva. Data de 1886, cuando se inaugura en Bogotá el primer sistema de acueducto del país”, recuerda Julio César del Valle, exintegrante de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA).
“El modelo colombiano no impulsó la privatización sino que se desarrolló bajo esquemas asociativos públicos y privados”, sostiene la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco).
Desde Planeación Nacional se estructuraron los primeros procesos de participación privada en los acueductos de Montería, Santa Marta, Florencia y Barranquilla, señala un estudio de Javier Rozo, en el marco de lo que se llamó “la primera generación de PSP”, entre 1991 y 1994.
El senador Jorge Enrique Robledo se ha mostrado contrario a la participación del sector privado en los servicios públicos, al argumentar que este esquema no ha dado resultados positivos.
El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda crearon el programa Gerencia de Participación Privada, que entre 1997 y 1998 impulsaron la participación privada en los acueductos de Soledad, Montería, Pasto y Bucaramanga.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio explicó que la participación privada en los servicios públicos se autorizó con la Ley 142 de 1994, que hace parte del proceso de la descentralización. “En ese año se tenía una cobertura del 70 % y ahora tenemos 97 % para zonas urbanas y 92 % en todo el país. Hay un incremento significativo de los indicadores generales de cobertura, calidad y continuidad”, reseña un informe del Ministerio.
“Los procesos realizados en los años 90 fueron exitosos y lograron varios cometidos: asegurar una prestación de servicio de acueduco y alcantarillado eficiente, con calidad y continuidad”, sostiene Andesco. “Lo que permitió la Ley 142 fue ampliar el mercado para lograr las metas en la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico, que incluyen cobertura, continuidad y calidad, ya que en Colombia no se pretende privatizar los servicios. Se pretende abrir un sistema de competencia en el cual los municipios tienen la potestad de elegir el mejor esquema, ya sea público, privado o mixto, como lo permite la ley”, explicó el viceministro de Agua, José Luis Acero.
El excomisionado de la CRA argumenta que “llegados los 90, las empresas de acueducto y alcantarillado enfrentaron grandes deficiencias institucionales y financieras, que a la postre se convirtieron en la principal restricción para aumentar la cobertura de los servicios y para mantener los niveles de operación con estándares de calidad óptimos”.
Con la reglamentación de la Ley 42 ingresaron al mercado grupos extranjeros como Inassa de Madrid en Barranquilla, Grupo Colombo-Cubano en Cundinamarca, Aguas de Barcelona en Cartagena, Bermad en el Valle y el francés Suez Lyonnaise des Eaux en Palmira. “No se puede desconocer que la incursión de capital privado en este sector generó grandes avances en materia de cobertura y calidad en el servicio de acueducto, logrando que hoy los indicadores en casi todas las cabeceras departamentales de Colombia sean superiores al 90 %”, resalta el excomisionado de la CRA.
Mucho dinero y poca agua
Planeación Nacional destaca que en más de 670 municipios se continúan prestando los servicios de acueducto y alcantarillado en forma directa. Hay más de 12.000 prestadores, de los cuales 2.244 estaban registrados en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), repartidos en 887 municipios. Existen 1.099 municipios en el país, de los cuales 841 tienen menos de 25.000 habitantes y 203 se encuentran en el rango de entre 25.000 y 100.000, cada uno de los cuales reciben transferencias del Gobierno Nacional para uso específico en agua potable y saneamiento básico.
Recuerda ANIF que el Sistema General de Participaciones ha transferido entre un 5 y 6 % del total de los recursos para propósitos de agua potable (sin contar alcantarillado y aseo), lo que representó cerca de $1,7 billones para la vigencia de 2016. El mismo Sistema General de Regalías invirtió cerca del 3 % de sus recursos en el sector de agua potable entre 2013-2015, casi $1 billón, representado en 405 proyectos concentrados en las regiones rurales de los Llanos y el Caribe.
“Lamentablemente, el sistema de apoyo a inversiones territoriales ha fallado. Allí han resultado insuficientes los recursos invertidos, lo que, sumado a la extendida corrupción en las regiones, todavía deja a cerca de una décima parte de la población del país sin acceso a agua potable ni alcantarillado”, sostiene informe de ANIF.
El viceministro de Agua resalta que “la presencia de los operadores privados en el mercado, en competencia, ha incentivado a los operadores públicos a ser más eficientes y adaptarse a las exigencias de los territorios”.
Mientras tanto, Robledo advierte que las experiencias privadas en acueductos han sido malas en algunas ciudades. “El escándalo de corrupción en la triple A (de Barranquilla) es internacional”, dijo. La empresa privada no actúa si no es con una tarifa que pague los costos más una ganancia de monopolio, es decir, alta, reitera. (De contexto ¿Qué son los bonos de agua que metieron en problemas a los municipios?).
Para ANIF, “son lamentables los casos de Buenaventura, Bucaramanga, Barranquilla, Anapoima, Santa Rosa de Cabal y Yopal (solo por enumerar algunos), cuyos habitantes continúan sin acceso pleno a agua potable por red y a los servicios de saneamiento básico”.
Para promover la participación de operadores especializados públicos o privados en los lugares en donde existen brechas de cobertura y calidad, el Gobierno Nacional impulsa la adopción de los decretos 1272 de 2017 y 1898 de 2016 de esquemas diferenciales, que ofrecen alternativas al concepto de servicio público que define la Ley 142, para generar un mercado en zonas de difícil acceso o gestión y aumentar la cobertura en regiones de expansión de las principales ciudades, en sitios rurales dispersos, como La Guajira.
“En el país existen ejemplos destacables de la labor del capital público en la prestación de los servicios , así como del sector privado. También en ambos sectores han existido desaciertos”, reconoce Del Valle.
El Gobierno admite que la participación privada en el sector de los acueductos ha traído un cambio significativo en la cobertura a nivel urbano. “Pasamos de 76 % en acueducto y del 47 % en alcantarillado en 1993 a 98 % en acueducto y 93 % en alcantarillado en 2018. Algunas de las ciudades con mayores avances han sido Cartagena, Montería y Barranquilla”, destaca el viceministro de Agua, a la vez que reconoce un rezago en las áreas rurales, principalmente para el servicio de alcantarillado en regiones como la Caribe y la Pacífica, en donde, a pesar de las inversiones realizadas, se requieren mayores esfuerzos sectoriales. (Le puede interesar Bonos de agua:la deuda en Soacha también es con los usuarios).
Finalmente, el excomisionado de la CRA sostiene que “la incursión del capital privado ha promovido nuevas inversiones en el sector y provocó que los administradores públicos también operen, en términos generales, bajo parámetros de suficiencia financiera y eficiencia económica”.