Madereros sin ley

No publicar un decreto que convocó a sesiones extras en el Congreso, a finales de 2009, llevó a la Corte Constitucional a declarar inexequible la ley que rige la actividad maderera en el país.

Por un vicio de procedimiento insubsanable, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la ley 1377 de 2010 (que regula la actividad de las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales con fines comerciales), generando preocupación en el gremio de las maderas y en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por la falta de seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros.

Según la Corte, la falta de publicación en el Diario Oficial del Decreto 4906 de 2009 —mediante el cual el Gobierno convocó a sesiones extras del Congreso a finales de 2009 donde se aprobaron varias leyes, entre ellas la de las maderas—, es una “irregularidad insubsanable”.

El Gobierno en ese momento convocó a dichas sesiones del 17 al 19 de diciembre de 2009. Éstas se realizaron, pero el decreto se conoció sólo hasta el 21 de diciembre del mismo año, hecho que según la Corte dejó sin piso esta ley y otras, como la de insolvencia para personas naturales , declaradas inexequibles.

Nilson Pinilla Pinilla, magistrado de la Corte Constitucional, en salvamento de voto, aseguró que “pese a que no fue planteado en los cargos formulados en la demanda, la Corte ha debido pronunciarse sobre la ausencia de consulta previa a las comunidades étnicas exigida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Asimismo, al hablar por los madereros, la directora de Fedemaderas, Alejandra Ospitia, confió en que la decisión del alto tribunal no cause tropiezos en los planes de reforestación contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2011-2014), mediante los cuales se busca sembrar 596.330 hectáreas forestales comerciales al término de este cuatrienio y 1’382.064 hectáreas a 2019.

“El mensaje de inseguridad jurídica, enviado a los inversionistas internacionales, es preocupante. Nuestros empresarios quisieran tener una normatividad superior a un decreto”, dijo Ospitia, quien indicó que el Gobierno ha dado respaldo al gremio.

El Ministerio de Agricultura, en un comunicado, manifestó que pese a la decisión de la Corte continúa “trabajando en la consolidación de los instrumentos normativos, financieros y técnicos que les brinden a los inversionistas del sector forestal la seguridad y estabilidad jurídica que requiere esta actividad productiva de largo plazo”.

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