Metamorfosis del impuesto de guerra en las 'Tributarias'

Primero se creó un tributo para preservar la seguridad democrática, luego dos impuestos al patrimonio, ahora se habla de la carga impositiva a la riqueza.

El primer impuesto de este tipo se creó para sostener a la fuerza pública. / Archivo

Primero hicieron carrera las reformas tributarias, no una por administración sino que se consolidaron una por año del periodo presidencial hasta quedarse muy adentro de los programas de los distintos gobiernos. Luego desde la administración de Andrés Pastrana apareció una nueva modalidad para allegar recursos necesarios para enfrentar la guerra interna, no declarada, con los grupos terroristas enquistados por décadas en la historia colombiana.

Establecer una carga impositiva para fortalecer las Fuerzas Armadas fue un buen tiro, sólo que se ha convertido en impuestos que de temporales pasan a permanentes, amañados en el abultado estatuto tributario, como el cuatro por mil, por ejemplo. Entre 1998 y 2002, Colombia vivió un proceso de paz sin cese de hostilidades en medio del despeje de una parte de su territorio; posteriormente, ante el fracaso de dichas negociaciones, el Gobierno implementó una política de seguridad enfocada en el uso legítimo de la fuerza para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales, dice un informe de Planeación Nacional.

En la actualidad el país se encuentra de nuevo negociando la paz en medio del conflicto armado. A partir de finales de la década de los noventa, las políticas gubernamentales en seguridad y defensa han dado como resultado un continuo fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, señala el documento Planeación conocido por El Espectador.

Destaca el Gobierno del presidente Santos, quien fuera ministro de Hacienda del expresidente Pastrana y de Defensa de Uribe, que el país cuenta con una Fuerza Pública mejor capacitada para responder a las amenazas impuestas por las dinámicas del conflicto armado, los Grupos Armados al Margen de la Ley (GAML) y el crimen organizado. Para llegar a este punto los sucesivos gobiernos debieron echar mano de recursos extras para financiar los programas de seguridad.

Precisa el informe del Gobierno que en la administración de Andrés Pastrana, cuando se adelantó un audaz, pero fallido proceso de conversaciones con la subversión, se echó mano de un crédito externo por US$162,5 millones.

Luego vino el impuesto para preservar la seguridad democrática, recaudado durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, que ascendió a $3,78 billones. Posteriormente dos impuestos al patrimonio: el primero implementado en el segundo gobierno de Uribe que recogió $6,79 billones y el segundo, durante el actual del presidente Santos, en su primer periodo, que le representó $7,2 billones. Con estos recursos se fortalecieron las Fuerzas Armadas en armamento y hombres.

Ahora, Juan Manuel Santos propone otra carga tributaria en una nueva reforma que ha llamado impuesto a la riqueza, y que ha exacerbado el ánimo de los empresarios del país. Es mejor gravar las utilidades y no la inversión, dice la Andi. El Ministerio de Hacienda considera que anualmente, durante los siguientes cuatro años, el impuesto a la riqueza le reportará $6 billones.

Este impuesto, que en principio fue para preservar la seguridad democrática, pasó a llamarse impuesto al patrimonio para terminar como una carga impositiva a la riqueza. El mismo presidente ha considerado otro nombre: que sea para la pobreza.

De esta manera, las políticas gubernamentales en materia de seguridad y defensa, además del considerable esfuerzo económico que la sociedad colombiana ha efectuado para su financiación, se materializaron en la transformación contundente del escenario de confrontación contra los GAML, lo cual, a su vez, se refleja en el debilitamiento que han sufrido dichos grupos y el mejoramiento de las condiciones de seguridad del país, remarca el informe.

A pesar de los logros alcanzados, la evolución reciente del gasto en defensa y seguridad plantea interrogantes acerca de su futura sostenibilidad. Por una parte, el crecimiento del pie de fuerza genera compromisos presupuestales presentes y futuros caracterizados por un alto grado de inflexibilidad, presiones sobre otros rubros de funcionamiento, y una demanda creciente de inversión requerida para garantizar la provisión de equipos e infraestructura, entre otros, advierte el informe de Planeación Nacional.

 

 

 

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