Microcrédito rural, un apoyo al posconflicto

Pese a la problemática de orden público, el país se ha posicionado como uno de los destinos de inversión. Expertos aseguran que en una etapa de cese de hostilidades el sistema financiero deberá acompañar el nuevo desarrollo del campo.

Más de 12 millones de personas en Colombia viven en áreas rurales y dependen del agro. Por eso se pide más atención de los bancos para ellas. / Archivo - El Espectador
Colombia supera los 50 años de conflicto armado y uno de los renglones de la economía más golpeados es el agrario. La causa: el desplazamiento de los trabajadores de la tierra, que han migrado a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Por eso, en un escenario de diálogos de paz, se ve una luz al final del túnel para el retorno de estos labriegos a sus parcelas, aunque expertos aseguran que el acompañamiento financiero es importante para lograr la productividad agraria.
 
María Clara Hoyos es la presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas y durante la instalación del sexto congreso  del sector señaló que para subsanar estas deficiencias son necesarias intervenciones oportunas del Estado.
 
“El Gobierno debe jugar un papel primordial para que haya resultados. No creemos que para atender a los pequeños empresarios sea conveniente que regalen recursos, como ocurre con los subsidios. Hay que apoyarlos con herramientas que les permitan generar ingresos, a través de unos apoyos transitorios y decrecientes en las diferentes regiones del país, no sólo para lograr la paz, sino para prevenir la continuidad del conflicto, convirtiendo a las microfinanzas en una herramienta fundamental, aportando en la superación de la pobreza y la disminución de la inequidad”, manifestó  la dirigente.
 
Un estudio de Finagro, Asomicrofinanzas y la Fundación Citi revela la relevancia de analizar la provisión de productos financieros en las zonas rurales de Colombia donde el conflicto armado se ha vivido con mayor intensidad y critica las pocas estadísticas relacionas a este tema.
 
“El mejor indicador para medir la bancarización agropecuaria departamental sería el número de productores agropecuarios con acceso a crédito productivo en comparación con el total de los productores. Sin embargo, en Colombia aún no se publican cifras del censo agropecuario que permitan saber cuántos productores agrícolas hay en cada departamento”, cita el reporte.
 
El conflicto no sólo afecta a los habitantes del país: naciones vecinas han vivido de primera mano esta situación en las poblaciones de frontera, que han afectado sus bolsillos. Andrés Freire, director de desarrollo de productos de la Red Financiera Rural de Ecuador, reseña la atención a esta población por parte de entidades de su país. “En Ecuador ya existen programas de crédito privados de instituciones financieras formales que han decidido meterse a zonas fronterizas que aún están con conflicto. Estas empresas están trabajando créditos individuales, metodología grupal, emprendimiento, pero primordialmente lo que han hecho es perder el miedo, porque están visitando a los clientes para poder darles créditos y sorprendentemente estos préstamos se están pagando bien”.
 
Agregó que los riesgos implícitos de este servicio financiero están atados al peligro que corren los trabajadores de la entidad bancaria porque les toca ir a cobrar a los sitios fronterizos, pero aseveró que a futuro las ganancias serán bastantes.
 
Para Dairo Estrada, asesor de la presidencia de Finagro e integrante del equipo de autores del estudio sobre desarrollo económico, crédito rural y conflicto armado en Colombia, la guerra ha aumentado el perfil de riesgo de los clientes ubicados fuera del sector urbano nacional.
 
“Los bancos en las zonas de conflicto encuentran muy riesgoso hacer operaciones de crédito, porque los proyectos sufren por niveles de riesgo mayor, con variables como daños a terceros, homicidios, desplazamiento, que afectan la rentabilidad y por ende la oferta de estos créditos disminuye, porque los bancos simplemente no quieren ir a esos sitios”.
 
El estudio dice que para alcanzar la sostenibilidad de la paz en el posconflicto se propone un apoyo a las pymes, las cuales por sus características son las mejores opciones para que reinsertados y víctimas de la guerra inicien proyectos productivos.
 
Colombia tiene una población rural de más de 12 millones de personas. Conocedores han señalado que el 40% del sistema financiero está concentrado en Bogotá y es necesario que no solo en una época de paz exitosa los bancos se vuelquen al sector rural para elevar el acceso a estos servicios.
 
Instrumentos diferentes a las microfinanzas deberán proponerse en el posconflicto ya que, según el estudio, no en todas las etapas después de la guerra el microcrédito es la opción más recomendada. “Las ayudas y subsidios pueden ser una alternativa importante, pero siempre teniendo en cuenta que son medidas temporales”.