Minirreforma tributaria

Dudas de tipo legal que no permiten compartir plenamente el optimismo y que demuestran que hay en juego $3 billones.

El ministro de Hacienda anunció recientemente que no habrá reforma tributaria antes de 2013, porque lo urgente que había que hacer se consiguió con la minirreforma del año pasado. Se refiere principalmente a la eliminación de la deducción especial por compra de activos, la más costosa de las gabelas concedidas por el gobierno anterior. Sin embargo, sobre este y otros aspectos cubiertos por la mencionada minirreforma existen dudas de tipo legal, que no permiten compartir plenamente el optimismo.

Contrario a lo que indica el texto de la norma, la cuestionada gabela podría mantenerse vigente durante 2011, de prosperar las demandas que aducen que la publicación de la Ley 1430 de 2010 en el Diario Oficial no fue oportuna. Como las modificaciones relativas a los impuestos de período sólo rigen a partir del año siguiente al de su expedición, la eliminación del citado beneficio surtiría efecto sólo a partir de 2012, lo cual puede significar para el fisco un costo no inferior a 3 billones de pesos. Pero no sería ésta la única consecuencia del referido hecho; también tendría impacto sobre el impuesto al patrimonio de los años 2011 a 2014, creado en 2009, pero con un evidente error de redacción. Si llega a establecerse que la Ley 1430 no logró enmendarlo de manera oportuna, muchos contribuyentes con patrimonios superiores a tres mil millones de pesos podrían quedar fuera de la obligación, con el consiguiente detrimento de los recaudos tributarios.

A propósito, en los textos legales el impuesto al patrimonio fue establecido como un gravamen nuevo; sin embargo, algunos intérpretes afirman que se trata del mismo que venía rigiendo desde 2007. La posición que al respecto adopten las cortes no es asunto menor, porque si se define que no es un impuesto nuevo, las empresas que celebraron contratos de estabilidad jurídica, que son algunas de las más grandes del país, dejarían de pagarlo, con un costo fiscal que algunos han tasado en cerca de un billón de pesos. El Gobierno ha tratado de persuadir a los empresarios afectados mediante el envío de comunicaciones firmadas por los ministros de Hacienda y de Defensa; pero es muy probable que, como de costumbre, el interés económico se anteponga al amor a la patria, de manera que la decisión final quedará en manos de la justicia.

Otra duda legal, que aunque no afecta significativamente los recaudos tributarios genera confusión e inquietud, tiene que ver con el impuesto de los trabajadores independientes. Con el fin de aliviar la situación de aquellos que reciben ingresos menores, quienes venían siendo afectados por elevadas tarifas de retención en la fuente, la Ley 1429 de 2010 ordenó aplicarles las mismas tasas de los asalariados, a través de un artículo cuya redacción fue muy poco afortunada. Aun antes de que culminaran los esfuerzos del Gobierno por aclararlo e interpretarlo fue modificado en la Ley del Plan de Desarrollo, de manera igualmente confusa, incrementando significativamente el impuesto de renta de algunos trabajadores independientes. Por ejemplo, la retención de un trabajador con ingresos mensuales de 5 millones de pesos, que en el peor de los casos era de 11%, con la modificación se eleva a 12%. Y un profesional con ingresos en el límite de las 300 UVT previstas en la norma verá subir su retención de impuesto de renta de 11% a 17%.

Es comprensible que el Gobierno no quiera tramitar una reforma tributaria en un año electoral; pero si no existe interés por simplificar y racionalizar el Estatuto Tributario, al menos hay que hacer un esfuerzo para no seguir enredándolo, poniendo además en riesgo los recaudos.

* Exdirector de la DIAN.

 

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