MinMinas fue ineficaz frente a crisis energética: Contraloría General

Tras una actuación especial el organismo de control estableció que habría detrimento de $53.700 millones en Fondo de Subsidios de Energía y que varias empresas han usado mal los recursos del cargo por confiabilidad.

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Tras la conclusión de una actuación especial sobre el manejo de los recursos del llamado cargo por confiabilidad, la Contraloría General de la Nación estableció un presunto detrimento patrimonial de $53.700 millones.

El monto es equivalente a los subsidios entregados por la nación a los usuarios al asumir las pérdidas de los generadores térmicos por medio del aumento tarifario que, para la Contraloría, incumplió el régimen en la materia. 

Según explicó Édgar Maya Villazón, contralor general, el incremento tarifario costó $476.539 millones, "lo que se constituyó en un traslado efectivo de las pérdidas económicas de las empresas a los usuarios".

En segundo lugar, la falta de previsión que conllevó al ajuste de tarifas "permite identificar un daño patrimonial de $53.700 millones que corresponden a la parte cubierta con subsidios, que son recursos del Presupuesto General de la Nación".

Explica la Contraloría en un comunicado que el cargo de confiabilidad comenzó a operar el primero de diciembre de 2006 y, tras casi diez años de aplicación, los recursos entregados a los generadores privados y públicos, relacionados con las obligaciones de energía en firme (OEF), llegan a más de $18,5 billones.

En ese sentido, determinó que el Ministerio de Minas y Energía fue al afrontar la situación, hubo falta de diligencia, coordinación y que las medidas fueron tardías y, la mayoría, fueron planteadas en medio de la crisis.

"Las dificultades en el suministro de gas para el sector térmico, a la vez que la entrega física de este energético por parte de Venezuela, que no se dio, y el despacho de energía de Ecuador, que no fue siempre constante, obligaron al final de la crisis a que la carga de cuidar el agua y evitar un desabastecimiento de energía estuviera sobre la población colombiana", indica el comunicado. 

El informe señala también que, luego de analizar a seis empresas $8,7 billones por cargo de confiabilidad, se estableció que los recursos son suficientes para financiar inversión y mantenimiento de los activos de generación y que a pesar de que la resolución 071 de 2006 indica que este cargo se transfiere para mantener disponibles las plantas para cubrir las OEF, "las empresas lo incorporan como otro ingreso operacional en sus estados de resultados y termina cubriendo de manera general todos los costos y gastos, tales como gastos administrativos, intereses bancarios e impuestos".

Es decir, que no le está dando el uso adecuado a estos recursos y las empresas podrían incurrir en riesgos de iliquidez cuando de exigen las OEF, "convirtiéndose en un riesgo par el sistema", concluye.