Mujeres y niñas, las más afectadas por la degradación del medio ambiente en Colombia

El 12,8 % de las mujeres mayores de 15 años en área rural dispersa no saben leer ni escribir. / Bloomberg.

Este martes más de 20 organizaciones sociales presentaron un informe conjunto en Naciones Unidas, en Ginebra, para alertar sobre los derechos de las mujeres en Colombia, particularmente de las rurales y campesinas. El estudio se presentó ante el comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que rinde examen cada cinco años. Así, es la primera vez que esta evaluación de derechos y garantías para las mujeres considera cambios importantes que el país ha tenido desde 2013, como el acuerdo de paz con las Farc.

Algunos de los resultados del informe, en el que participaron organizaciones como Fian Colombia, la Anuc y Agrosolidaria, muestran que “en Colombia, más del 40 % de los hogares rurales y rurales dispersos con jefatura femenina se encuentran en condición de pobreza. El 12,8 % de las mujeres mayores de 15 años en área rural dispersa no saben leer ni escribir, y quienes han logrado acceder al sistema educativo tienen en promedio 6,9 años de educación. Una de cada cinco mujeres gestantes de 13 a 49 años tiene anemia y en más del 50 % de los casos la causa es la deficiencia de hierro; situación que se acentúa en las zonas rurales”.

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Otro dato llamativo de este informe es que incorpora efectos medioambientales en sus análisis: “Las mujeres y las niñas son las más afectadas por la degradación del medio ambiente en el que viven dada su estrecha relación con la naturaleza. Se han documentado casos donde el derecho a la alimentación y nutrición, los circuitos económicos de las mujeres (su autonomía económica) y su cultura son afectados por monocultivos con agrotóxicos, la contaminación de las aguas, la persistencia de las violencias contras las mujeres y la imposición del consumo de productos comestibles ultra procesados (PCU), o comida chatarra”.

Frente a la violencia e impunidad el informe indica que en 2016 fueron asesinadas 138 mujeres y otras 2.161 fueron víctimas de violencia intrafamiliar en el área rural. Y advierte que se han incrementado los ataques de lideresas y defensoras de derechos humanos:  entre el 1° de enero de 2016 y el 14 de mayo de 2018 fueron asesinados 385 de estos líderes sociales, de los cuales 56 eran mujeres.

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En términos de participación de las mujeres en la vida política y pública el informe asegura que “preocupa que, en la discusión en el Congreso de la República de la reforma política propuesta por el gobierno, en la que las listas cerradas podrían viabilizar la propuesta de alternancia entre los sexos en las listas de los partidos y movimientos políticos para garantizar la paridad, fue eliminada en la última legislatura dicha propuesta”.

Los indicadores laborales también son motivo de preocupación: la tasa de desempleo es del 12 % para las mujeres mientras que para los hombres es de 7,1 %, y en jóvenes es de 21,6 % para mujeres y 11,9 % para hombres. Además, el salario de las mujeres continúa siendo en promedio menor que el de los hombres con una brecha del del 19 %.

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Finalmente, el estudio de estas 20 organizaciones sociales da algunas recomendaciones para mejorar los derechos y garantías para las mujeres rurales como “adoptar e implementar indicadores de género en los sistemas estadísticos; generar información cualitativa y desagregada, especialmente en el sector agrícola y rural, de cara a la obtención de líneas base que especifiquen formas de discriminación”.

También sugieren implementar el Punto 1 del Acuerdo de Paz, la Reforma Rural Integral: “Respetando y realizando los derechos humanos de las mujeres rurales y campesinas en materia de titulación de tierras, acceso a programa de créditos, participación efectiva en los procesos de planeación territorial, educación diferencial y protección a los mercados locales, superando el asistencialismo alimentario”.

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