Aunque recibe de primera mano la información del sector financiero del país, el papel de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha pasado desapercibido desde su creación en 1999. Bien dice el segundo director que tuvo la entidad, Alberto Lozano, que quien reemplace al saliente, Luis Edmundo Suárez, deberá tener un perfil tan importante como el del fiscal general de la Nación.
La entidad ha tenido sólo cuatro directores y los dos últimos han salido por la puerta de atrás. Ahora, el del novelón es Luis Edmundo Suárez Soto. El sábado pasado renunció debido a una publicación del diario británico The Economist, en la cual se aseguraba que fuentes del Gobierno tenían cifras que hablaban de una fortuna de las Farc de US$10.500 millones. Al principio, al ser consultado por el presidente, Suárez habría dicho que no, pero en la última comunicación que emitió como director reconoció que se había reunido con la periodista.
Por eso, El Espectador habló con Alberto Lozano, quien fue director de la entidad en plena época de la seguridad democrática y conoce de cerca cómo se mueven las bases de datos que maneja la UIAF.
¿Cuál es su opinión de que el último exdirector de la UIAF le haya entregado información al diario “The Economist” antes que al Gobierno, lo cual, al parecer, le costó el puesto?
Hay un malentendido, porque muchas personas creen que él tenía unas pruebas judiciales y una información muy certera sobre cuentas, información de las Farc, casos de testaferros, caletas, y eso no parece ser cierto. Lo que él habría entregado son estimaciones de unos estudios que los gobiernos han venido haciendo. Son métodos indirectos que tratan de descifrar los activos de las Farc.
¿No era información reservada?
No parecería estar sujeta a ninguna reserva. La discusión no es por qué la comunicó, sino por qué lo hizo a ciertas personas y a otras no, porque sus jefes no la conocían.
¿Es muy difícil cuantificar la plata que tienen las Farc?
Uno puede tener modelos, estimaciones, utilizar datos ciertos, pero creo que ni las mismas Farc saben cuánta plata tienen. Ellos no llevan una contabilidad centralizada, entonces uno no puede imaginarse que alguien vaya a saber dónde está el último centavo de esa guerrilla.
¿Qué estudio serio ha hecho la UIAF sobre las finanzas de las Farc?
En el análisis de las finanzas de las Farc hecho en 2003 hay unas conclusiones bien reveladoras. La primera, que el dinero de la extorsión era más importante que el secuestro. Lo otro, que les salía más barato ser terroristas que guerrilleros. Cuando estaban desesperados y no tenían plata empezaban a poner bombas y petardos. Hacer una emboscada o un ataque militar era más costoso. Pero hay un tema que se ha olvidado en este momento. No es cuánta plata tienen, sino cuánta plata tienen para gastar. Porque la gente cuantifica las tierras y las minas, y eso no lo pueden vender, sino explotar, porque no tienen títulos. Por eso es que se inflan tanto las cifras.
¿Cómo está el tema del intercambio de información entre la UIAF y otras entidades? Parece contradictorio que mientras el doctor Suárez le negó una información a la contralora Sandra Morelli en 2012, a un diario extranjero le entregó información no verificada.
Ese caso en particular se llevó a los jueces y ellos definieron que podía entregar esa información. Las normas han venido cambiando. Estaba previsto que la UIAF les entregara información a todas las entidades que tengan funciones de lucha contra el lavado de activos. Y eso incluía la DIAN, la Contraloría, la Policía Judicial y la Fiscalía, pero con el tiempo cambió el sistema acusatorio y eso se ha restringido.
Entonces, ¿a quién le debe entregar la información financiera?
Así como la Ley de Inteligencia cerró ciertas fuentes de información, abrió otras. Y ahora le puede entregar información a la comunidad de inteligencia del Estado y a la Fiscalía.
¿Estamos a tono con la normatividad internacional?
Lo que han hecho muchos países es pasar la unidad (UIAF) a la Fiscalía (caso colombiano), pero se pierde la posibilidad de luchar contra el lavado de activos por las vías administrativas, que en muchos casos pueden ser muy útiles, como sanciones de superintendencias o lo que pueda hacer la DIAN, entonces se gana por un lado y se pierde por el otro. Estamos muy limitados a compartir esa información, lo cual es una muy buena garantía para los ciudadanos, pero lo pueden aprovechar los delincuentes.
¿Cuál cree que es el perfil que debe tener el nuevo director de la UIAF?
El caso de The Economist sirvió para que el país se diera cuenta de la importancia de perseguir las finanzas ilícitas en el posconflicto. Tema que está previsto en el acuerdo de La Habana: el Gobierno va a hacer un mapeo de los negocios ilícitos y va a fortalecer la figura de extinción de dominio. Por eso debe nombrar una persona con mucha capacidad de gestión y credibilidad, que sea de la altura de lo que es un director de la DIAN o inclusive de un fiscal general de la Nación.
¿Cuáles son los retos que tendrá ese director, teniendo en cuenta que en 2017 viene la evaluación del FMI respecto al sistema antilavado y también de cara al posconflicto?
Liderar la preparación de Colombia para el examen riguroso que le va a hacer el FMI con el fin de ver si cumple con los estándares antilavado, porque de eso depende que nuestros bancos y el sistema financiero tengan credibilidad internacional en este tema. La otra es que tiene que prepararse para cumplir con los retos del posconflicto, que incluyen asegurarse de que no haya dineros ilícitos, ni de las Farc ni de ningún otro grupo en la economía nacional.
¿El país está fuerte frente al tema antilavado?
Creo que todavía están pendientes algunos temas. El FMI nos va a medir la efectividad, que no es lo que podamos hacer en los seis meses que vienen, sino lo que hicimos en los últimos cinco años. Entonces toca esperar a ver si los resultados en cuanto a minería ilegal, contrabando, corrupción y narcotráfico, desde el punto de vista financiero, les parecen suficientes o si debimos haber hecho más.
