“Nuestras autoridades de tierras no han servido”

El delegado de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Agrarios y de Tierras explica por qué aún hay camino por recorrer en los acuerdos que por estos días son tema de discrepancia en el paro agrario. Asegura que el reemplazo del Incoder ante todo debe tener autonomía.

Andrés García lidera la Delegada de Asuntos Agrarios y de Tierras, creada en 2014, luego del paro agrario. / Luis Ángel
Andrés García lidera la Delegada de Asuntos Agrarios y de Tierras, creada en 2014, luego del paro agrario. / Luis Ángel

 

Andrés Felipe García es el delegado de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Agrarios y de Tierras. Fue viceministro de Agricultura de Juan Camilo Restrepo y desde 2014, cuando fue creada la oficina que lidera en la Defensoría, en parte como consecuencia de los paros agrarios de 2013, acompaña las mesas de diálogo con las organizaciones étnicas y campesinas. Asegura que entre sus principales funciones ha estado “estructurar y concebir una apuesta de derechos de la población campesina”, para divulgarlos y protegerlos.

En entrevista con este medio, se refirió a las zidres, cuya ley está demandada ante la Corte Constitucional y ha sido rechazada por la Minga Nacional, la cual lidera el paro agrario. También, al caso de la comunidad de El Porvenir, en Puerto Gaitán, Meta, cuya historia El Espectador contó en febrero pasado: cerca de 140 familias que reclaman tierras que estuvieron controladas por el zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, que han sido invadidas y en las que el Gobierno quiere implementar un “condominio rural”, algo que García califica, de entrada, como “odioso”. 

La oficina de Asuntos Agrarios y de Tierras surgió precisamente luego de los paros de 2013. ¿Cuál es su papel ahora, y si nacieron a raíz de esa situación, por qué vuelve a haber paro agrario?

En los paros de 2013 y 2014 la Defensoría concurrió a las manifestaciones. Hay dos roles: garantizar el derecho a la protesta, pero también que no se vulneren derechos de otras partes de la población y que, si actúa la Fuerza Pública, no haya desmanes. También ha acompañado los escenarios de diálogo para dar garantías a las partes que intervengan. Ese fue un rol que cumplió la Defensoría en su momento, ser garantes de los acuerdos. En función de eso, se ha venido haciendo seguimiento a prácticamente todas las mesas de negociación, un seguimiento a todo lo pactado, en el escenario de Cumbre Agraria. Hemos estado acompañando las mesas. El año pasado hicimos dos informes sobre el cumplimiento de los acuerdos tanto para Cumbre como para Dignidades.

Gobierno dice que sí ha cumplido, las organizaciones que no. ¿Hacia dónde se inclinan esos informes?

No quisiera que en el marco de esta semana lo que yo dijera aireara las discusiones. Hemos revisado los acuerdos y lo que podría decir es que hay camino por trabajar, y avanzar sin lugar a dudas es nuestra posición. Cómo se han desarrollado las mesas creemos que debe ser evaluado por las partes. Hay acuerdos que necesitan ser potenciados, renovados. También, los mecanismos con que se desarrollan las mesas pueden no ser lo mejor. En la última mesa de Cumbre, nuestro llamado fue a acelerar algunas cosas y revisar el mecanismo. El llamado es a que no se acuda a vías de hecho, no se vulneren derechos de otros y que el Gobierno revise los temas que faltan por abordar.

¿Para usted cuáles son los mayores problemas en la discusión o los más enredados?

Es muy sensible el tema de economía propia, como se concibe es un tema importante y que en gran medida es muy distinto a como lo concibe el Gobierno. Tiene que ver con lo que ha dicho el Gobierno de no negociar el modelo económico. Ha habido espacio de intercambio de opiniones, pero los espacios no son para que las partes se pongan de acuerdo en todo, aunque sí para que avancen los temas en que pudiera haber acuerdo. En economía propia no se ha avanzado mucho. La minería también es un tema sensible para lo que, vale decir, no ha habido mayores espacios de trabajo.

¿Cuál es su posición sobre la Ley de Zidres?

Vemos varias cosas, aunque temas puntuales me los debo reservar porque estamos en proceso de intervención de la demanda y es muy sensible. Puedo mencionar que en este país debemos caber todos, pequeños, medianos, grandes y con las ideologías que se tengan. Es un llamado a no satanizar. Así como no se debe satanizar las zonas de reserva campesina, tampoco satanizar el desarrollo empresarial e industrial, porque es necesario para cualquier país. Este es el cuarto o quinto intento de avanzar en algo sobre baldíos. Creo que hemos perdido el espacio para discutir ampliamente ese tema y esto realmente no está dando cuenta, al margen de que se puedan implementar las zidres o no, de la magnitud del problema de baldíos. Si uno mira el índice de concentración de propiedad de la tierra, tenemos una deuda gigantesca en el país. Puede que unas cosas se deban a los mecanismos de ley, pero en particular creo que es por la debilidad de la institucionalidad. También es importante decir que con esta ley no se puede pretender que sea instrumento para sanear irregularidades del pasado. Si a alguien no le gusta la ley, está en su derecho, pero las normas deben ser cumplidas en un Estado de derecho.

¿Cree que sería conveniente tener primero un catastro actualizado, entre otras cosas, para tomar decisiones informadas sobre la política de tierras?

En la teoría sí, tener información de los baldíos, cuál es su extensión y dónde están, pero eso no ha sido en este país y si seguimos esperando a tener eso algún día de pronto será aun más tarde. Las cifras no son buenas, el índice de Gini de concentración de la propiedad ha aumentado. Lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido, ante todo creo que es por una institucionalidad que no ha sido capaz por múltiples razones, cooptación política o corrupción. No ha sido capaz de administrar la tierra, los baldíos, recuperarlos cuando se informa que están siendo usurpados, clarificar los linderos, todos esos procesos en manos del Incora, Incoder y ahora la Agencia Nacional de Tierras.

Agencia que apenas arranca...

Sí, ese es otro tema de discusión. Creo que más allá de cumplir las normas, nuestras autoridades de tierras no han servido, no han cumplido su papel y por el contrario han acrecentado los conflictos o porque no los resuelven o porque generan conflicto. El Incora y el Incoder, por poner un ejemplo, han titulado tierras para campesinos en resguardos, resguardos a consejos comunitarios con campesinos o afros adentro, toda la mezcla que sea posible y eso ha propiciado aún más conflicto. En el Cauca hay ejemplos de lo que no se debe hacer.

¿Y qué opina de los “condominios rurales” que propone el Incoder (en liquidación)?

No conozco la propuesta. La hemos escuchado en un par de escenarios. La hemos solicitado por escrito y nos responden que es lo mismo que nos han contado. La propuesta de entrada es odiosa por el nombre, “condominio agropecuario”, en la mitad de la Altillanura. ¿Voy a llevar Peñalisa o algo así? Repito que no conozco la propuesta, pero claramente hay varios problemas por lo menos sobre donde piensan implementarlo. En esa tierra (El Porvenir, en Puerto Gaitán, Meta) fueron las comunidades las que impulsaron con ONG y el hoy senador Iván Cepeda que se actuara en la recuperación de los predios. Víctor Carranza se las robó con artilugios jurídicos y el Incoder apenas en la mitad de 2015 recibió acta de entrega de Hollman Carranza, el hijo de Víctor Carranza, pero no recuperó materialmente. El presidente Santos anunció que se le habían quitado las tierras a Carranza y que iban a ser destinadas para campesinos. Más se demoró el anuncio del presidente que la tierra en empezar a ser invadida por diferentes actores, desde mayo o junio del año pasado, y mientras más pasó el tiempo, más invasores fueron llegando. Lo digo con conocimiento de causa, porque he estado tres veces en el predio. La Defensoría ha estado por lo menos en seis ocasiones desde agosto del año pasado. Cuando hemos estado, ha sido porque el conflicto ha estado en un punto muy alto y ante todo queremos que se resguarde el derecho a la vida e integridad de las personas. Hay una comunidad histórica que promueve la recuperación de las tierras y que tiene expectativa sobre ellas. Si son válidas, si son adjudicatarios de reforma agraria o no, le corresponde al gestor de tierras decirlo, pero tienen expectativas que creo que son legítimas. Hoy hay más de 400 familias asentadas entre la comunidad y los invasores, la gente de El Porvenir son unas 140 familias, es decir, los invasores superaron a la comunidad. La comunidad ha acudido a vías de hecho porque la gente llega y les ponen cercas, han quemado cultivos, el asunto es complejo. Es un conflicto que el mismo Incoder permitió que se diera porque no recuperó materialmente las 27.000 hectáreas y ha permitido que sigan las invasiones. Lo hemos denunciado y ahí siguen. Mientras no se resuelve eso no se podrá adelantar nada, a no ser que quiera legalizar a los invasores y meterlos en el condominio, y ahí hay invasores, población víctima, gente que sabe lo que hace, que es pura invasión porque llegan en la noche con camiones y al otro día sale el cambuche. Muy seguramente dentro de esa población habrá adjudicatarios de reforma y víctimas, pero que están invadiendo, están invadiendo, y que la autoridad no ha ejercido control, no lo ha ejercido. La otra variable es que en la tierra sigue la gente de Carranza, nunca se fue y el Incoder no lo ha querido reconocer. Si ese es el piloto, creo que tiene problemas.

¿El problema lo heredará entonces la nueva Agencia?

Ese problema ya lo heredó la Agencia con su creación, le corresponde gestionarlo. Mientras más se demore el paso, más traumático serán este y todos los procesos. Es importante que el Gobierno tenga en cuenta estos asuntos en la reglamentación que está haciendo de condominios agropecuarios y zidres, porque, si no, le puede explotar el tema en las manos y generar un problema social mayor.

¿Qué dientes darle a la nueva Agencia para que no siga pasando?

Creo que la Agencia necesita ante todo independencia, autonomía y autonomía técnica. El Incoder, si bien fue una fusión de muchas cosas que conceptualmente de pronto no tenían razón de ser, creo que el mayor problema fue que la institución nunca tuvo independencia: o fue cooptada por actores del paramilitarismo o hay problemas de corrupción e ineficiencia. Creo que hay que aprender de los errores.

¿Qué tiene que decir sobre los discursos que se han levantado alrededor de la política de restitución, sectores que se declaran víctimas de ésta y que también se hayan detectado falsas víctimas?

Creemos que la ley no es perfecta y en estos años de implementación se han evidenciado sus debilidades. En terreno hemos visto que las cosas no son blancas ni negras, la ley debe buscar ser muy garantista hacia las víctimas, porque ha habido mucho bandido, pero también con quien no es bandido y que pudo actuar de buena fe se pueden estar cometiendo injusticias. Todos hemos estado aprendiendo. Los jueces venían de otros temas, las comunidades, los defensores, todos, y es muy sensible porque puedo tener una zona del país donde había una comunidad al vaivén del actor armado X o Y y una familia decidió irse porque la amenazaron y los vecinos le compraron, todos eran igual de campesinos. Son realidades de las que uno debe ser consciente, pudo haber habido otras transacciones sobre esa tierra y quienes llegaron pueden no ser victimarios. El tema es cómo evitar que se abra la puerta al victimario que quiere legalizar su despojo, tiene que haber un debate nacional o vía jurisprudencia. Muchos jueces están siendo de vanguardia y sentando jurisprudencia. Y las falsas víctimas también se presentan, victimarios que se presentan como los pobres corderos. Muchos de los que hoy critican la ley son victimarios y tienen relaciones con paramilitares. A las cosas hay que darles su nombre.