El espectro radioeléctrico es el medio a través del cual viajan las telecomunicaciones como la radio, la televisión, la internet, la telefonía, entre otros. Se divide en bandas y su valor e importancia, por hacer posible la comunicación, no son de poca monta. Desde 2014 el sector ha estado a la expectativa de cómo y cuándo se llevará a cabo la nueva subasta de espectro, en la que el Estado asignará la banda de 700 MHz, la más apetecida por los operadores por sus características de propagación, pues necesita menos antenas y puede penetrar paredes y edificios sin que se pierdan la calidad de la señal y la cobertura.
Las reglas de juego para la puja están todavía en discusión, pero para poner a andar el que con seguridad es uno de sus mayores retos de este año, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) parece haber dado el primer paso. El viernes pasado expidió el Decreto 54 de 2016, que busca definir la forma como los operadores podrán pagar por renovar sus permisos para usar el espectro u obtener nuevas frecuencias, pero no con dinero, sino con obligaciones de hacer.
Es decir, los operadores podrán ejecutar y proponer proyectos para desarrollar en comunidades y territorios específicos, apartados y de bajos ingresos, a cambio de hacerse a frecuencias de espectro o renovar sus permisos. Lo anterior venía contemplado desde la Ley 1753 de 2015, la del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y el valor de la obligación de hacer, según el texto de la norma, “podrá ser total o parcial según lo determine el Ministerio”. Esas obligaciones tendrían que estar relacionadas con las metas del gobierno en materia TIC. Entonces, por ejemplo, se podría pagar por el espectro proveyendo cobertura en áreas rurales.
La norma deja en manos del Mintic “determinar los planes, programas y proyectos específicos de interés público, respecto de los cuales los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones podrán ejecutar obligaciones de hacer como forma de pago”, y en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recaen asuntos como “elaborar una guía o metodología que contenga los lineamientos para la valoración de los proyectos de obligaciones de hacer como forma de pago por el otorgamiento o renovación de los permisos de uso del espectro radioeléctrico”.
Julián Cardona, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), dijo a este diario que el decreto abre interrogantes. “La OCDE había recomendado a Colombia que en las compras del espectro no se pusieran tareas adicionales ni que se compraran tabletas, sino que la venta fuera en dinero. Uno no entiende la razón de ponerles tareas a los operadores. Además, la Corte ha establecido que las subastas deben ser procesos que maximicen los ingresos para la Nación. Primero se debe valorar el espectro, hacer la subasta, obtener los mejores ingresos para la Nación y si se quiere poner a hacer algunas tareas a los operadores, sería a posteriori. Tercero, si salió este decreto es porque ya viene la subasta de 700 MHz e indudablemente se aplicaría el decreto”.
En efecto, el documento de diagnóstico y recomendaciones que entregó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de países al que Colombia quiere pertenecer, contenía que “el espectro debe asignarse a través de mecanismos basados en el mercado, y no de procedimientos de asignación directa como los utilizados en el pasado. Han de reducirse al mínimo las condiciones vinculadas a su asignación, como obligaciones de cobertura excesivas o requisitos de proporcionar tabletas”.
Precisamente por los cambios en la configuración del mercado que pueden venir atados a una subasta, este proceso ha abierto el debate de si deben mantenerse, cambiarse o eliminarse los topes que cada operador puede manejar. Lo anterior se debe a que en la actualidad esos privados pueden tener el control sólo sobre una cantidad limitada de MHz en las bandas, dependiendo del tipo de éstas, es decir, si son bandas altas o bajas. El tema ha generado discrepancias.
Mientras que Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), opinó en diálogo con este diario en septiembre pasado que “es muy importante cambiarlos o eliminarlos, ya que los operadores ya llegaron a sus topes”, Aciem ha manifestado que considera conveniente que el cambio en los topes sea paulatino para que no prime el capital superior que un operador pueda tener en comparación con los demás.
Lo cierto es que la figura de obligaciones de hacer no es nueva y se ha aplicado en procesos previos. Sin embargo, fuentes cercanas a la industria dijeron a este diario que es positivo que se pongan reglas claras a la forma como presentarán y ejecutarán los proyectos. Eso se debe a que en renovaciones de permisos anteriores, por falta de la reglamentación, en los privados se generaba “incertidumbre” sobre lo que el Gobierno, en últimas, les reconocería como obligación de hacer. Por ejemplo, si despliegan una red, ¿el mantenimiento que se le haga en un futuro se reconocería, al menos por un mínimo período? De acuerdo con el nuevo decreto, sí. Asimismo, desde hace dos años, según pudo conocer este diario, hay obligaciones de hacer atadas a renovaciones de permisos que no se han podido ejecutar por las ambigüedades del asunto.
El Mintic deberá, dice el decreto, determinar los requisitos que deben satisfacer los proyectos que pretendan cumplir una obligación de hacer y los alcances como pago en cada caso específico. Mientras que unos podrían ver a las empresas privadas como el agente idóneo para desplegar infraestructura en zonas apartadas -pues es a lo que se dedican-, otros podrían preguntarse hasta qué punto esas acciones como forma de pago por un bien del Estado dejarán el mayor beneficio para la Nación. Vale resaltar que la subasta de espectro de 2013 recaudó US$350 millones, y, a pesar de que el Gobierno no ha hecho oficiales sus pretensiones con la nueva subasta, la banda de 700 MHz tiene todas las características para recaudar más que eso.