Nuevo freno al túnel de La Línea

El Gobierno ordenó la suspensión inmediata de las actividades de construcción del viaducto El Salado en la vía Ibagué-Armenia por impactos ambientales en la quebrada San Rafael.

El Gobierno Nacional no cesa de imponer controles ambientales a los grandes proyectos de infraestructura que se están desarrollando en el país. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ordenó la suspensión inmediata de las actividades de construcción en uno de los tramos del túnel de La Línea.

De acuerdo con la cartera ministerial, la decisión se tomó después de una evaluación en la que se detectaron efectos negativos para el medio ambiente en la quebrada San Rafael, ubicada en la vía Ibagué-Armenia, donde se construye el viaducto El Salado.

La determinación del ministerio obligó a imponer una medida preventiva a este proyecto que es desarrollado por la Unión Temporal Segundo Centenario, conformada por Condux S.A., de México, Constructora Herraña Fronpeca Sucursal Colombia, Álvarez y Collins S.A., Constructora Carlos Collins S.A. y Promotora Montecarlo Vías S.A.

De igual forma, hacen parte de la unión temporal Túneles de Colombia S.A., Construirte Ltda., Ingenieros Constructores Gayco S.A., Técnicas y Construcciones Civiles Tecniciviles, H&H Arquitectura S.A. y el señor Miguel Camilo Castillo Baute, como inversionista persona natural del proyecto en el túnel de La Línea.

La alerta del Gobierno para esta iniciativa se debe a que la quebrada San Rafael es la fuente abastecedora del acueducto del municipio de Calarcá, Quindío, y en ella se estarían arrojando excedentes de excavación, residuos de mezcla de concreto, escombros, entre otros. A través de la resolución 0507 de 2012, el ministerio advierte que mientras no se tomen las medidas y los controles necesarios, no se dará la autorización para reiniciar las construcciones en la zona.

Vale la pena recordar que el desarrollo del proyecto del túnel de La Línea ha tenido dificultades no sólo por el aspecto ambiental sino en la destinación de los recursos. La Contraloría General ha tenido que intervenir con la apertura de procesos de responsabilidad fiscal por las irregularidades en el manejo de los recursos y el presunto detrimento patrimonial.