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El sector de comunicaciones en Colombia lleva por lo menos una década hablando de cerrar la brecha digital. Ahora, habla de un momento histórico en el que esa brecha ya no hay que cerrarla, sino eliminarla.
Hoy, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la mitad de los colombianos no tienen acceso a internet móvil ni fijo. Sin embargo, según expertos y operadores, el Plan Nacional de Desarrollo y la recién aprobada ley para la reforma del sector dan un marco que invita a las empresas a invertir y mejorar la calidad y cobertura de los servicios, en una industria que, por factores como la subida del dólar y el debilitamiento de la economía, entre otros, venía de capa caída los últimos dos años.
Así lo expusieron durante el XXI Congreso de Servicios Públicos, TIC y TV, de Andesco, que terminó ayer en Cartagena. Uno de los principales cambios que traerá la nueva ley TIC, que tiene pendiente la firma del presidente de la República, Iván Duque, es la creación de un único regulador para un sector que hasta ahora estaba dividido en comunicaciones, por un lado, y televisión, por otro; una separación que no tiene mucho sentido en tiempos en que empresas y usuarios ofrecen y consumen un mismo servicio —como la televisión— de diferentes formas (por cable, por internet, etc.).
La nueva entidad implicará la liquidación de la actual Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y la transformación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Carlos Lugo, actual director de la entidad, explicó que, una vez sancionada la ley, vendrá una etapa de transición de seis meses. El nuevo regulador estará conformado por dos juntas: una dedicada a regular asuntos de comunicaciones y la otra, a vigilar lo relacionado con contenidos.
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“En estos seis meses toca organizar esa estructura, para que esté andando a final de año. Mientras tanto, seguimos trabajando en temas que son claves para el nuevo regulador, como los temas de simplificación (de la regulación), digitalización, calidad de televisión y conectividad, entre otros”, dice Lugo. En suma, es una agenda sobre la cual no se tomarán decisiones hasta que esté conformada la nueva comisión, “pero sí es importante que, como la entidad es la misma, el trabajo técnico no pare, que sea un trabajo pensado para ese nuevo regulador”.
Conformar una entidad regulatoria convergente era una aspiración de hace tiempo por parte de la industria, por razones como la disrupción de plataformas como Netflix o Whatsapp, que han cambiado la forma tradicional de prestar y usar servicios en este sector: en ocasiones basta con una conexión a internet y, si es el caso, un método de pago en línea.
“Nivelar la cancha” para que las empresas más tradicionales puedan competir mejor ha sido otra de las expectativas. Desde la CRC, han tomado y siguen estudiando futuras medidas de simplificación y desregulación para quitar cargas innecesarias a las empresas. Lugo pone como ejemplo exigencias que había para la operación de teléfonos públicos, cuando es un servicio que ya no se presta. “Hay mucho trámite engorroso que podría simplificarse, no necesariamente eliminarse”, añade el directivo.
Finalmente, el tema que ha acaparado la atención en los últimos días ha sido la decisión que debe tomar la CRC respecto a si Claro es un operador dominante en el negocio de los datos móviles; es decir, si tiene una posición y tamaño que le permiten determinar las condiciones del mercado, en detrimento de sus competidores, algo que lleva estudiando desde 2017.
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Movistar, Tigo y Avantel, entre otros, afirman que Claro tiene una posición de dominio y que, por tanto, se deben tomar medidas regulatorias para corregir esa supuesta falla en el mercado, que, por ejemplo, les impide, según ellos, igualar o mejorar ofertas del mayor competidor, lo que en últimas afectaría a los usuarios.
Claro, por su parte, afirma que los demás operadores buscan que la regulación les dé lo que no han conseguido invirtiendo y mejorando sus servicios, y que debe primar la libertad de decidir del consumidor. La CRC tendrá la última palabra, quizás, antes de que se lleven a cabo procesos trascendentales para la industria, como la subasta de espectro de 700 MHz, muy esperada para mejorar el despliegue de la tecnología 4G.
Sobre el tema, Lugo afirma que la decisión debe ser técnica, basada en evidencia y el resultado de un “monitoreo de mercados, que es lo que estamos haciendo. Por eso llevamos dos años [en este proceso]”. El asunto estuvo en discusión durante la última sesión de la CRC, hace más de dos semanas, en la que no se tomó una determinación final, pues hubo solicitud de información adicional para el análisis.
“Quisiéramos tomar una decisión antes de que termine la junta. ¿Eso va a suceder? No lo sé, porque depende de la sesión que estará programada en un par de semanas, quizá para la segunda semana de julio. Antes de la firma de la ley nos sentaremos a revisar ese tema y otra cantidad que tenemos pendientes”, concluyó Lugo.
*Artículo posible por invitación de Andesco.