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Esta semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un informe titulado “Hacia el crecimiento 2021: dando forma a una recuperación vibrante”. En él indicó que aunque la crisis del COVID-19 podría reavivar un apetito para discutir futuras reformas estructurales, con las elecciones de 2022, “la ‘ventana política’ para hacerlo es muy corta”.
No obstante, el presidente del departamento de economía para América Latina de la OCDE aseguró que esto no quiere decir que no vean viable dicho proyecto.
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“Nosotros nunca dijimos que se ve difícil que se haga la reforma, de hecho, la reforma nos parece muy útil y apoyamos mucho esa idea. Simplemente estamos diciendo que, visto que hay elecciones el año que viene, hay que empezar a discutir sobre la reforma ahora. Eso es exactamente lo que el Gobierno está haciendo, y nos parece muy bien”, aseguró Jens Matthias Arnold en entrevista con Blu Radio.
Arnold aseguró que estas modificaciones están siendo contempladas por todos los países de la organización. “Hubo gastos excepcionales, fue necesario hacerlos y en algún momento hay que pensar en cómo cerrar esta cuenta. Esto se puede hacer del lado de los gastos, se puede hacer del lado de los ingresos públicos, con una reforma tributaria”, aseguró.
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En esa línea, dijo que en Colombia “hay muy poco recaudo por parte del impuesto a la renta de las personas y bastante más del impuesto de la renta a las empresas”. En materia del IVA, aseguró que se recauda mucho menos en comparación con la recaudación potencial de otros países.
“Mecanismos como la compensación del IVA, que están focalizados en las personas de bajos ingresos me parecen más interesantes y eficaces que seguir con tantas exenciones. No estoy diciendo que haya que repensarlas todas, pero me parece que Colombia tiene espacio para repensar algunas”, apuntó Arnold.
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En el documento presentado esta semana, la organización recordó que ha habido un progreso limitado para impulsar reformas estructurales en Colombia, algo que en parte está relacionado con “dificultades para construir un consenso amplio a favor” de estas iniciativas, según reportó la agencia Efe.
“Al final de 2018, las autoridades pasaron una muy necesitada y bienvenida reforma fiscal que fue, sin embargo, anulada por la Corte Constitucional, lo que obligó al Gobierno a pasarla de nuevo al final de 2019. Este largo proceso consumió un significativo capital político”, añadió el organismo internacional en su informe.