Ojo a la pobreza rural

El 28 % de los pagos de Ingreso Solidario ha sido destinado a hogares rurales.

Foto: FRANCISCO CARRANZA

El coronavirus entró a Colombia por las ciudades, y es allí quizás en donde más evidentes han sido las afectaciones: el número de contagios, los confinamientos y la destrucción del empleo. Se creyó, además, que las actividades agropecuarias, que sostienen gran parte de la economía rural, al no cesar en ningún momento, mantendrían de alguna forma la estabilidad en el campo. Sin embargo, no se pueden desconocer los vínculos urbano-rurales, por ejemplo que la ciudad se alimenta de lo que produce el campo y el campo depende en gran parte de lo que consumen las ciudades. Por eso las cifras de pobreza monetaria en 2019 que presentó el DANE en octubre de este año son motivo de preocupación, pues mostraron que la pobreza rural ya venía aumentando –mucho más que la pobreza urbana– desde antes de la pandemia.

Según el DANE, entre 2018 y 2019, la pobreza monetaria (la que se mide en términos de ingresos) en las zonas rurales pasó de 46 a 47,5 % (1,5 puntos de diferencia), mientras que la urbana se movió poco menos de un punto porcentual, de 31,4 a 32,3 %. Para Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión SAS, la pobreza rural es particularmente preocupante, “porque en general cuando hay una crisis en la zona rural quienes perciben los ingresos en el hogar se van a la ciudad a buscar oportunidades (…), pero por la pandemia esos mercados también están en problemas”. Por lo tanto, se puede esperar un incremento de la pobreza en 2020. Pero preocupa, además, que la atención que ha requerido el COVID-19 en las ciudades frene o les quite visibilidad a las necesidades que también hay en el campo.

Pero, para “empezar por el principio”, vale la pena preguntarse qué venía pasando en las zonas rurales desde antes de la pandemia, es decir, por qué la pobreza venía aumentando y a ese ritmo. Sobre esto, Ángela María Penagos, directora de la Iniciativa Agroalimentaria de la Universidad de los Andes, explica: “Los ingresos en zonas rurales dependen mucho del sector agropecuario; cerca del 60 % de la población rural está empleada en ese sector. Y cuando uno ve los ingresos por rama de actividad, los más bajos, los más precarios, son los del sector agropecuario”. Esto, agrega, se debe a que las personas que se emplean en el sector agropecuario lo hacen por cuenta propia, generalmente en condiciones vulnerables, sin protección social, trabajadores que, además, dependen de la agricultura que en Colombia tiene una cantidad de problemas estructurales por resolver.

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), señala que, de entrada, el mercado laboral colombiano venía en un proceso de deterioro durante los últimos años. “Para 2019, el desempleo en el país superó las dos cifras ubicándose en 10,5 % (lo que no sucedía desde 2012). Sin embargo, este escenario de deterioro es más profundo en el caso de la ruralidad. Hasta febrero de 2020 existía una moderada recuperación del empleo en las áreas urbanas, pero se mantenía el deterioro en las áreas rurales, debido, principalmente, a la caída del empleo agropecuario”. El Centro hace énfasis, además, en la diferencia estructural de la composición del empleo rural: “La participación y la ocupación en el mercado laboral rural evidencian una exclusión sistemática de las mujeres, siendo ellas las que tienen a cargo trabajos no remunerados (las tareas domésticas y de cuidado)”, según Carlos Córdoba, director de la oficina de Rimisp en Colombia.

Por lo anterior, dice Rimisp, “la situación de las mujeres rurales debe ser uno de los focos de análisis de los efectos de la pandemia. Se hace necesario advertir que en momentos de escasez económica o de crisis, como en los últimos meses, la evidencia ha mostrado que las mujeres sufren mayor violencia doméstica y que se intensifica la carga de trabajo dentro del hogar”. También resalta la importancia de atender la situación de los jóvenes. “La falta de oportunidades laborales para esta población se acentúa en las mujeres jóvenes, pues más del 40 % de las rurales entre 14 y 28 años se clasifican dentro de la población “nini” (como se denomina a quienes ni estudian ni trabaja). En este contexto, los jóvenes enfrentaban la crisis del COVID-19 con altas tasas de inactividad y poca generación de empleos para ellos, situación que se podría acentuar tanto por el cierre de escuelas y colegios, como por la caída de la demanda de las zonas rurales”, dice Córdoba.

Le puede interesar: ¿"Ninis" o los jóvenes sin oportunidades?

Penagos señala que era previsible que en el campo habría una afectación por cuenta de la crisis por el coronavirus, pues si bien las actividades agropecuarias desde el principio de la pandemia han estado llamadas a no detenerse, se preveía un “choque estructural de demanda”. Muestra de ello ha sido el caso de la papa, cuyos productores, al precio actual, no están pudiendo siquiera cubrir costos de producción. Por esa razón, el Gobierno puso en marcha desde este mes un incentivo a la comercialización, para llegar a 23 mil pequeños productores, con un presupuesto total de $30.000 millones. Pese a que los productores reconocen el esfuerzo del Gobierno para conseguir esos recursos, han afirmado que no son suficientes y que se quedan por fuera los agricultores afectados en agosto, septiembre y octubre. Además, insisten en que es necesario adoptar otras medidas de urgencia por la coyuntura, pero también medidas estructurales.

Le puede interesar: El SOS del sector papero por bajos precios para el productor

“Esto no es nuevo, cuando hay sobreoferta se baja el precio, luego no hay recursos con que cultivar y a los poquitos que les quedan recursos les da miedo volver a sembrar (en este caso la papa). El abastecimiento se resuelve con importaciones, pero de todas formas con la escasez el precio se vuelve a disparar, y ese es el momento peligroso: los pocos que tienen cultivo logran un buen precio, pero todos vuelven a decir: “Vamos a sembrar”. Siembran al tiempo, y al tiempo se quiebran. Ahí el papel del Gobierno, en la parte de planeación de siembras, debe funcionar, en operación con las secretarías departamentales o con las Umata”, dice Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

Al igual que Penagos, Jiménez cree que la crisis actual puede influir en las decisiones de siembra para el próximo año. Esto, a su vez, podría afectar la oferta, de papa en este caso, para 2021. Una eventual escasez terminaría impactando el precio y, por ende, los bolsillos ya golpeados de los hogares colombianos. El presidente de la ANUC señala la preocupación de que todo esto puede converger con la temporada de heladas que tradicionalmente ocurre a principios de año en zonas como Cundinamarca, Boyacá y Santander, pero que en 2021 puede ser diferente a la de este año a causa de otra amenaza: el fenómeno de La Niña. Pero, entonces, ¿qué soluciones plantear?

Para Roberto Angulo, una de las herramientas más importantes que tiene actualmente el país para combatir la pobreza rural son los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), teniendo en cuenta, entre otras cosas, que una de cada tres personas pobres en la ruralidad (no en términos monetarios, sino en dimensiones como vivienda, educación, salud y trabajo) está en una zona PDET. Estos programas, en el marco de la reforma rural integral, cubren a los 170 municipios (36 % del territorio) más afectados por el conflicto armado. Su planeación, resalta la Agencia de Renovación del Territorio (ART), contó con la participación de más de 200 mil personas y ahora avanzan hacia la implementación de más de 32 mil iniciativas de desarrollo.

Juan Carlos Zambrano, director de la ART, entidad que coordina la estrategia PDET, reconoce que la pandemia frenó en alguna medida el trabajo en los territorios, pero que se ha podido retomar adoptando los protocolos necesarios. Resalta, además, que uno de los atributos más importantes de los PDET es la articulación que ha logrado entre comunidades, entidades –tanto nacionales como territoriales–, sector privado, cooperantes, entre otros. “Trabajamos directamente con las comunidades, que nos dijeron qué necesitan. Cualquier proyecto de las 32 mil iniciativas impactará positivamente a estas zonas, que son las más necesitadas”, señala Zambrano y advierte que tener toda esta planeación es una especie de “tiempo ganado” y que lo que hay que hacer ahora es implementar.

Un caso particular es, por ejemplo, el de las vías terciarias (90 % de las que hay en todo el país se encuentran en mal estado), una necesidad clave para conectar el campo con la ciudad, disminuir costos de producción, generar empleo –por ejemplo, para los jóvenes rurales antes mencionados–, entre otros beneficios. Zambrano explica que la convergencia institucional (con el Ministerio de Transporte, Invías, entre otros) que se ha logrado en los PDET permite “ahorrar” reprocesos, es decir, ineficiencias en la estructuración y posterior ejecución de un proyecto para estas zonas. Según el Invías, que tiene a su cargo más de 27.500 kilómetros de los 145.284 que hay de corredores terciarios en todo el país (el resto están a cargo de municipios y departamentos), durante este Gobierno “se han financiado y se encuentran en ejecución 2.705 km y 52 puentes. De este total, 2.237 km pertenecen a corredores terciarios y 433 km a secundarios” a cargo del Invías y con distintas fuentes de financiación.

Además, para la vigencia 2021, dice el Instituto, “se destinarán recursos por $600.000 millones para el mejoramiento de 5.354 km y el mantenimiento de 10.000 km de vías secundarias y terciarias”, al tiempo que avanza la expectativa por el programa Colombia Rural, de vías rurales, que en una primera fase suscribió 183 convenios por $205.000 millones para atender 1.200 km de obras de mejoramiento y 5.000 km de obras de mantenimiento vial, con una estimación de generación de empleo local de 50 mil puestos de trabajo. “Próximamente se tiene proyectada la firma de 755 nuevos convenios con destinación de recursos por $600.000 millones con los que se realizarán obras de mejoramiento de 5.354 km y 10.000 km de mantenimiento que generarán 140 mil nuevos puestos de trabajo”, dice el Invías.

De vuelta a los PDET, frente a la preocupación de que estrategias como estos programas pasen a segundo plano por cuenta de otras urgencias de la pandemia o incluso que pierdan recursos, Zambrano asegura que para 2021 en las cuentas hay por lo menos $4,5 billones de fuentes como el presupuesto general, regalías y obras por impuestos, monto al que habría que sumar los recursos de las llamadas “bolsas concursables”.

Atención inmediata

El aumento de la pobreza rural que venía de antes, y que seguramente se agravará en el marco de la pandemia, según Ángela Penagos, requiere una “política de emergencia” en respuesta. Agrega que esta debe contemplar, por lo menos y con especial énfasis en los hogares de jefatura femenina, herramientas como una renta básica o mejor cobertura del programa Ingreso Solidario. Este fue implementado por el Gobierno para apoyar con $160.000 mensuales a tres millones de familias cuyos ingresos se vieron afectados en medio de la pandemia y que además no reciben transferencias como Familias en Acción (que según Prosperidad Social llega en un 40 % a hogares rurales) o de otros programas. Sobre estos últimos también se implementaron giros extraordinarios (con cobertura a 2,6 millones de hogares en Familias en Acción; más de 359 mil jóvenes en Jóvenes en Acción; 1,7 millones de adultos mayores y un millón de hogares con compensación del IVA). Según el DPS, el 28 % de los pagos de Ingreso Solidario han ido destinados a hogares rurales.

Lea también: Seis meses de Ingreso Solidario: ¿cómo vamos?

Según Jiménez, de la ANUC, en los territorios “no se siente” que programas como Ingreso Solidario estén llegando. Un caso similar señala Davis Ruiz, vocero de la Red Nacional de Turismo Comunitario, una organización que representa a 53 comunidades que generan ingresos a partir de este modelo de gestión (sin embargo, en el país puede haber por lo menos 1.500 iniciativas de este tipo). No se refiere solo a Ingreso Solidario, sino también a recursos o auxilios a los que puedan acceder actores como los que representa la Red. Dice que, aunque la organización ha hecho un esfuerzo por formalizar este tipo de turismo, “no en todos los territorios se puede lograr”. Por lo tanto, ha habido limitaciones para que las comunidades accedan a créditos o auxilios de emergencia en el marco de la pandemia. “Hacemos un llamado al Gobierno para que se activen fondos de apoyo a estas iniciativas de las cuales somos los voceros”, con el fin de también poder reactivar este tipo de turismo y no solo el “comercial”.

Otro llamado es a la “creatividad” y suma de esfuerzos. Angulo, de Inclusión SAS, habla por ejemplo de explorar nuevas y más flexibles formas de focalización para que Ingreso Solidario llegue efectivamente a las zonas PDET, una suerte de focalización a la inversa en la que se identifique la pobreza rural como un todo y luego se excluya a los “no pobres”. Jiménez, de la ANUC, señala que para el sector agropecuario podría echarse mano de herramientas ya existentes, como el Fonsa o el Pran, así como asegurarse de que el nuevo marco normativo de compras públicas (que hacen entidades como el ICBF, el PAE, el Inpec, etc.) garantice la compra directa a los productores agropecuarios y no haciendo uso de intermediarios. Las ideas son muchas y la situación es urgente. La mayoría de los consultados para este artículo coincide en que los efectos de la crisis actual en el campo se verán en los primeros meses del próximo año. Por eso piden actuar ahora, pues es un escenario que no da espera.