La noticia de la prohibición de la explotación minera y petrolera en los páramos cayó como un baldado de agua fría en la industria extractiva. La decisión de la Corte Constitucional podría representar un nuevo palo en la rueda para los planes del Gobierno para impulsar esa “locomotora”.
Esta decisión se tomó luego de que el año pasado congresistas del Polo Democrático, asesorados por Greenpeace, presentaran una demanda contra varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo, que permitían la actividad en esos ecosistemas. El alto tribunal consideró que pese a la existencia de títulos mineros, prevalece el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por las licencias ambientales (Ver: ‘Corte Constitucional prohíbe la minería en páramos del país’).
Aunque para los defensores del medioambiente es una buena noticia, como lo debe ser para los colombianos en la medida que se privilegió el cuidado del agua por encima del aprovechamiento económico de los recursos naturales, las empresas que tenían apuestas de explotación, exploración o estaban en proceso de construcción y montaje de sus minas representa, cuando menos, una preocupación por sus inversiones.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), los títulos mineros vigentes no superan el 5% de las casi tres millones de hectáreas que hacen parte de este ecosistema. Analizando los datos de la entidad se puede concluir que las adjudicaciones para producir oro y carbón abarcan casi el 80% de las existentes.
Firmas y ministerios no se han pronunciado pues el alto tribunal no ha emitido un comunicado oficial, ni se conoce el fallo. Las alarmas están prendidas y la “locomotora” está perdiendo el impulso.
