La otra 'ley' de desarrollo rural

Promover el acceso a la tierra, proteger al campesino y garantizar la seguridad alimentaria, sus pilares.

De forma paralela al proyecto de ley de desarrollo rural que alista el Gobierno y cuya presentación ante el Congreso se encuentra retrasada por la demora en las consultas con grupos étnicos, la Mesa Nacional de Unidad Agraria —conformada por 30 organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes— dio a conocer su propuesta alterna (ley general de tierras, reforma agraria y desarrollo rural integral). Algunos de sus pilares son la equitativa distribución de la tierra y la seguridad alimentaria nacional.

Julio Armando Fuentes, vocero de esta organización, dice no estar de acuerdo con muchos puntos de la iniciativa de desarrollo rural que tiene el Gobierno y asegura que la otra alternativa está dirigida a “promover el acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, la especial protección estatal para la producción de alimentos y las condiciones especiales que debe tener la producción agropecuaria (asistencia técnica y acceso al crédito)”.

El proyecto de ley de la Mesa de Unidad Nacional Agraria contiene 242 artículos y en su exposición de motivos destaca la creciente desigualdad en la distribución de la propiedad rural, la pobreza en el campo y también el alto desplazamiento de las poblaciones derivado de la violencia.

Según Fuentes, la iniciativa defiende a las empresas campesinas, aunque no a gran escala, debido a que considera que este proceso va en detrimento de la tierra y también de la seguridad alimentaria. “El Gobierno va por un lado y el sentir de las comunidades por otro. El problema es encontrarnos. No sólo protestamos sino que proponemos”.

La iniciativa de las organizaciones plantea además fuentes de financiación, como los bonos agrarios para la compra de tierras, y sugiere que en los 10 años siguientes a la aprobación de la ley de desarrollo rural el 5% del Presupuesto General de la Nación se destine a proyectos para el desarrollo rural y la ejecución de una reforma agraria.

También propone una pensión para el campesino y una cobertura de seguridad social para los jornaleros. A lo cual se suma la intención de reforzar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) como soporte de buena parte de la política de tierras (adquisición de predios, expropiación administrativa, parcelaciones y zonas de reserva campesina).

Además, el documento sugiere la creación de un Consejo Nacional de Política Económica y Social para la Agricultura y el Medio Rural (Conpes Rural), como organismo para desarrollar políticas públicas para el campo.

La Mesa señala que la expansión minera que vive el país va a seguir desplazando a los campesinos hacia las grandes urbes. Así mismo, el Gobierno busca con su propuesta equilibrar la desproporción existente entre tierras destinadas a ganadería y las que se emplean en agricultura y actividades minero-energéticas.

“El Gobierno conoce el documento. Lo radicamos en el Ministerio del Interior. Tengo que decir que no hay respuesta. Luego se le entregó a Juan Manuel Ospina —exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural—”, aseguró Fuentes, que considera que el Ministerio de Agricultura tiene un afán muy grande de presentar la propuesta gubernamental ante el Congreso.

Aunque la Mesa asegura haber estado en numerosos rincones del país dando a conocer su propuesta a las comunidades étnicas, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López, asegura que este gremio —que representa a los actores del 75% del producto interno bruto agropecuario— no conoce la propuesta alternativa a la ley de desarrollo rural.

“En ese sentido, hemos sido incluyentes, pero no conocíamos la propuesta. De parte de los gremios no me habían dicho nada”, comentó el presidente de la SAC.

El senador Luis Carlos Avellaneda dijo que los proyectos de ley se van a presentar al mismo tiempo ante el Congreso y comentó que la iniciativa alterna de la Mesa Nacional de Unidad Agraria sí atiende a la necesidad de redistribuir la tierra, reconocer al pequeño campesino como actor y asegurar la “soberanía alimentaria”.

“Este es un proyecto que pone mucho énfasis en resolver el tema afrodescendiente, indígena y de la mujer campesina”, concluyó el senador.

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