Otras dos empresas enredadas ante la Superindustria por cartelización

El organismo formuló pliego de cargos contra dos compañías por presunta cartelización empresarial dentro de una licitación pública ante el Ministerio de Cultura.

Por presuntas infracciones al régimen de protección de la libre competencia, concretamente por la promoción de la cartelización empresarial, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló este lunes pliego de cargos contra ‘Proyectar Ingeniería’ y ‘Desarrollamos Ingeniería’, dos organizaciones que licitaban ante el Ministerio de Cultura.

Según el organismo, ambas compañías competían por hacerse a contratos para el reforzamiento y reparación de las Casas de Cultura de Dagua (Valle del Cauca) y Puerto Triunfo (Antioquia), cuyos contratos ascendían a más de $1.100 millones. Sin embargo, la Superindustria logró establecer que las empresas elaboraron y diseñaron de manera conjunta, las propuestas que presentaron en el proceso de selección.

“Se evidenció que las empresas investigadas –así como tres personas naturales vinculadas con dichas empresas– presuntamente, se habrían puesto de acuerdo para estructurar y elaborar, conjuntamente, las ofertas que presentaron en la licitación pública ante el Ministerio de Cultura, falseando la libre competencia económica en procura de obtener ilegalmente la adjudicación del contrato”, explicó la entidad.

Los indicios que les permitieron a las autoridades advertir las supuestas irregularidades, por alerta del propio Ministerio, fueron formatos y documentos similares; solicitudes conjuntas y simultáneas de certificados de responsabilidad fiscal, antecedentes judiciales y disciplinarios; ambas compartían espacio físico, trabajadores y equipos de cómputo; y presentaban diferencias en precios que se repiten en magnitud y frecuencia en algunos de los grupos de los ítems exigidos en la licitación.

“Para la Superintendencia, las conductas de las investigadas estarían encaminadas a falsear la libre competencia económica en el referido proceso de selección contractual y a coludirse en el mismo con el fin de obtener la adjudicación del contrato, como en efecto se habría logrado. La actuación administrativa se inició como consecuencia de una denuncia presentada en febrero de 2014 por el Ministerio de Cultura, en la que se advertía de un presunto cartel empresarial o acuerdo colusorio”, agrega el organismo.

En caso de que se logre establecer que hubo un cartel empresarial, las empresas podrían pagar multas de casi $69 mil millones y las personas naturales sanciones que superan los $1.370 millones. Contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio no procede ningún recurso.