Pacto contra el contrabando

Una multinacional y cinco gremios sellaron alianza para frenar su impacto económico.

Jerónimo Castillo, secretario técnico de la Coalición Empresarial contra el Contrabando, durante el lanzamiento de la alianza en Bogotá. / Óscar Pérez - El Espectador

Hace un año, cansados de sumar millones y millones de pesos en pérdidas por cuenta del contrabando, los empresarios colombianos decidieron aliarse. Era eso o seguir viendo cómo las estimaciones oficiales producto del flagelo, que lo cifran alrededor de los $6.000 millones al año, seguían creciendo.

Su estrategia se convirtió ayer en la Coalición Empresarial Contra el Contrabando (CECC), una iniciativa conformada por British American Tobacco (BAT, uno de los principales vendedores de cigarrillos en el país), Asograsas, Fedearroz, Fenavi, Asocaña y Fenalco. En su objetivo de lograr un diálogo directo con las instituciones que ejercen el control sobre el contrabando, el grupo ha contado con el apoyo de la DIAN y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Pero la suya será, necesariamente, una pelea de largo aliento. “Los indicadores más dramáticos son los que tienen que ver con la justicia. Aunque sabemos lo que pasa con las aprehensiones y las destrucciones de la mercancía incautada, no sabemos qué ocurre con las judializaciones, porque no hay un vínculo directo con el aparato judicial”, explicó Jerónimo Castillo, gerente contra el Comercio Ilícito de BAT y secretario técnico de la CECC.

En un primer diagnóstico, los industriales han encontrado que las falencias estructurales en los controles estatales facilitan el comercio ilícito. Una muestra de ello es que el primer control aduanero de peso en la frontera con Venezuela se realiza en el municipio de San Antonio, Cesar, cercano a Bucaramanga, permitiendo que la cuenca hídrica de la región sea una libre autopista para los contrabandistas.

La actividad adquiere una nueva dimensión al sumársele el lavado de activos, con lo cual se afecta alrededor del 4% del PIB colombiano. Los integrantes de la alianza reconocen que sería ingenuo aplicar un freno total a ambos flagelos, por lo cual se concentrarán en articular proyectos en política pública y fortalecimiento institucional para reducir su impacto.

“En la medida en que haya estrategias conjuntas del sector privado para apoyar la función pública, será más efectiva la política pública”, insiste Castillo, quien reconoce que una lucha aparte se tiene que liderar dentro de la propia industria y con los consumidores. Por eso la CECC trabajará en campañas de sensibilización con los consumidores para enseñarles a identificar la procedencia de los productos, al igual que diseñarán estrategias de transparencias entre sus distribuidores.

Sin embargo, existe una barrera que será mucho más difícil de tumbar: la cultural, pues uno de los elementos que han permitido el crecimiento de este flagelo en el país es la aceptación social. “Los productos con cero arancel no se contrabandean e, históricamente, este delito se ganó aceptación social porque se veía como una justificación frente a precios muy altos”, explicó Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN.

El Estado espera que esta iniciativa, que tiene la meta de consolidarse en los próximos tres años, se convierta en un factor esencial para que el consumidor tome conciencia sobre el trasfondo de este delito.

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