Pimpineros, contra la pared

El articulado establece prisión de 16 años por contrabandear más de 80 galones del combustible con multas que alcanzarían los $32.000 millones. Distribuidores minoristas de combustibles no ven soluciones concretas.

Los “pimpineros” surten el combustible de contrabando a los dueños de los vehículos, quienes pagan más barato porque no hay impuestos. / El Tiempo

“El contrabando le está haciendo un gran daño al país, no solamente al Estado que deja de recaudar recursos, sino que genera una competencia desleal a los empresarios que quieren hacer las cosas bien, los que no pueden competir con alguien que no cobra IVA, que compra mercancía y sin pagar aranceles la vende en el país”.

Las palabras, sin mucho rodeo, son del director de la DIAN, Santiago Rojas, quien viene librando una dura batalla, en compañía de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, para frenar el ilícito en las fronteras del país y en el que ya están detectadas mafias enteras que son alimentadas por pequeños comerciantes conocidos como “pimpineros”, los mismos que se mueven en las distintas fronteras del país, como la transitada Cúcuta, en Norte de Santander.

Una batalla que el Gobierno trasladó al Congreso, quien ayer, en su Cámara de Representantes, aprobó el proyecto de Ley Anticontrabando, con el que lograron que se eleven las penas a los delitos de tráfico de hidrocarburos y fraude aduanero. Y es que distintos estudios se indica que el tráfico en general de mercancías mueve entre US$6.000 y US$7.000 millones al año y una porción importante de este monto es proveniente del ingreso de combustibles.

“Si convertimos el precio del galón de gasolina venezolano a nuestra moneda, serían aproximadamente 70 pesos, ese galón se está vendiendo en Colombia en un promedio de 5.500 pesos dejando un margen de utilidad gigantesco de un negocio ilícito”, puntualizó Rojas, quien recalcó que este contrabando está vinculado con las bandas criminales en el país.

Las normas actuales en Colombia señalan que el ingreso ilícito de combustible menor a 20 galones contempla la retención de la mercancía, pero no se considera un delito penal, y de 20 a 50 galones de combustible la pena sigue siendo de tres a cinco años de prisión. Los cambios aprobados atacan directamente a las cabecillas de las mafias con penas penitenciarias que van incrementándose entre cuatro a ocho años de prisión y la multa sería entre $193 millones a $966 millones si ingresan al país entre 50 y 80 galones. Ahora, si la extracción ilícita supera los 80 galones, se impondrá una pena de 10 a 16 años de prisión y una multa entre 1.500 salarios mínimos ($483 millones) a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, unos $32.000 millones.

Se trata, además, de endurecer las penas a quienes favorezcan el transporte y embarque de gasolina u otros derivados del petróleo con una pena de prisión de entre tres a cinco años y una multa de 150 a 750 salarios mínimos, sin que, en ningún caso, sea inferior al 200% del valor aduanero de los hidrocarburos o sus derivados objetos del delito.

Para Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol, gremio que reúne a los distribuidores minoristas de combustibles en el país, las propuestas planteadas en el tráfico de gasolina frontera dentro de la Ley Anticontrabando, no son suficientes. “Si el Estado no toma soluciones realmente fuertes no está haciendo nada, ni siquiera estaría llegando a paños de agua tibia. Es como un himno a la bandera porque esto le serviría a los grandes distribuidores, pero para nosotros no solucionaría, el “pimpinero” seguirá ahí con los pocos galones, que son realmente los que hacen el principal daño a nuestro sector”.

En cuanto al fraude aduanero, se contempla que, el que por cualquier medio suministre información falsa, la manipule u oculte cuando le sea requerida por la autoridad aduanera, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de tributos, éste incurrirá en pena de prisión de ocho a 12 años. El articulado eleva las penas para los funcionarios públicos que se involucren en el contrabando. “Estos van a tener sanciones más severas que acarrean cárcel”, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

El director de la Dian manifestó que la ley incluye una nueva figura de delito llamado “contrabando técnico” con el fin de desarticular los contrabandistas que ingresan mercancías al país con certificados de origen que no pertenecen al país citado o con facturas falsas. Algo así como que traen mercancía de contrabando desde China, pero la reportan como si viniera de un país con el que Colombia tiene acuerdos comerciales y hay libertad de aranceles.

El representante a la Cámara, Edgar Rodriguez, le dijo al gobierno que espera la implementación de esta nueva ley tal como se aprobó. “Esto no se puede quedar sólo en la aprobación, la Dian y el Ministerio de Hacienda deben aplicarla”. Los empresarios colombianos agremiados en la ANDI, han manifestado que el contrabando en el país es tan nocivo como lo fue el narcotráfico en la década de los 90.

Por otra parte, Albeiro Camacho, presidente de la Federación de Sanadresitos de Colombia, dice que “con este proyecto están criminalizando a más de cuatro millones y medio de comerciantes del país, tildándolos de delincuentes. Si bien hay que regular el contrabando, no se puede convertir en criminal a quien vende sus productos en pequeños almacenes y locales”. El director de la Dian respondió diciendo que los comerciantes que cumplan con la ley no serán afectados, pero quienes lo hagan de manera ilícita serán castigados.