Pirámide con contrato petrolero

Un grupo de 300 empresarios, víctimas de una captación ilegal de dinero apalancada en un contrato petrolero, tienen la posibilidad de recuperar algo de los $20.000 millones que hasta el mes pasado tenían perdidos. Esto, gracias a que la Superintendencia de Sociedades tomó posesión de las empresas Varosa Energy y J&M Negocios, supuestas responsables del fraude, al corroborar que recaudaron dinero de forma irregular, usando como gancho un contrato que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) les adjudicó en 2006.

La decisión de la Supersociedades, que fue bien recibida por los afectados, frena por el momento lo que iba a convertirse en una demanda contra el Estado, por la presunta responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno Uribe que autorizaron la adjudicación del contrato de la ANH a los promotores de la “pirámide petrolera”. Y no sólo por haberlo otorgado, sino porque lo hicieron a pesar de conocer desde antes que los contratistas no tenían ni experiencia ni recursos para ejecutar el proyecto como estaba previsto y que tenía un costo en su fase exploratoria de casi un millón de dólares.

Esta presunta omisión a la hora de adjudicar fue, a criterio de los denunciantes, la que permitió a los empresarios Óscar Alberto Vargas Zapata (dueño de la empresa Varosa Energy) y José Luis Heredia Palau (J&M Negocios e Inversiones) tener en sus manos un contrato con el Estado que sirvió para convencer a altos oficiales del Ejército, importantes empresarios y personajes públicos de invertir en su proyecto, a cambio de jugosas utilidades cercanas al 20% anuales. La combinación de un contrato estatal y petróleo hacía que, a simple vista, pareciera un negocio “seguro”.

La historia de este caso está ligada al contrato de exploración petrolera de un bloque denominado La Pola, de 44.000 hectáreas y ubicado entre los municipios de Guaduas (Cundinamarca) y Lérida (Tolima). Este territorio, por su posible potencial, fue catalogado hace 15 años como el posible “nuevo Cusiana”. Para encontrar una empresa idónea para su exploración y explotación, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) abrió el 28 de febrero de 2006 una convocatoria a la que se presentó la empresa Varosa Energy Ltda.

Los documentos para competir por el contrato los entregó la sociedad el 12 de abril de 2006. En ellos intentó acreditar su “capacidad técnica, financiera y operacional”. Aunque su objeto era el de actividades de la industria petrolera, hasta ese momento su principal fuente de ingresos había sido la comercialización de tuberías, algo que de entrada ponía en juicio su idoneidad en el campo petrolero. Los documentos estaban llenos de sorpresas que, al parecer, pasaron por alto todos los funcionarios que participaron en la evaluación del proceso.

Por ejemplo, para respaldar su capacidad técnica, aportó copias de tres contratos firmados una semana antes de presentar la propuesta a la ANH, con un geólogo, que trabajó 16 años en Ecopetrol, un ingeniero de petróleos que trabajó 37 años en Mobil y un ingeniero de seguridad industrial, con 12 años de experiencia. Sin embargo, ninguno había trabajado previamente con la empresa. En lo financiero entregó balances que demostraban un endeudamiento del 97%, es decir, con una capacidad económica casi nula para la etapa de exploración.

Finalmente, frente a su capacidad operacional, en los documentos señaló que en los tres años previos (2003, 2004 y 2005) sus reservas probadas de hidrocarburos, su producción y el número de pozos perforados era de cero, porque nunca había tenido a cargo un campo petrolero. El contrincante de Varosa Energy en la puja por el contrato fue la empresa Drilling And Wko (de la cual no se encuentran registros), que resultó peor calificada.

Con estos datos, el 17 de agosto de 2006 el entonces director de la ANH, Armando Zamora Reyes, le presentó la propuesta al Consejo Directivo de la entidad para que le diera el visto bueno. El Consejo lo integraban el ministro de Minas y Energía, Hernán Juan José Martínez; el delegado del presidente de la República, Andrés Restrepo Londoño; la viceministra de Hacienda, María Inés Agudelo, y la directora de Planeación Nacional, María Constanza García. De acuerdo con el acta de la reunión, a pesar del oscuro panorama, todos dieron el visto bueno al contrato.

Con la adjudicación en la mano, los empresarios Óscar Alberto Vargas Zapata (dueño de la empresa Varosa Energy) y José Luis Heredia Palau (J&M Negocios e Inversiones) desde ese mismo año empezaron a buscar empresarios para financiar la operación, en una maniobra de aparente captación ilegal de dineros. Al principio cumplieron con su promesa de intereses, pero esto duró poco. Llegaron los años en los que dejaron de responderles a los inversionistas, lo que sirvió para ratificar lo que la ANH sabía de Varosa Energy mucho antes de adjudicarle el contrato: estaba quebrada.

Ante los incumplimientos y al conocer que Varosa Energy estaba quebrada, los afectados denunciaron penalmente a los promotores de la “pirámide petrolera” y pidieron a la Procuraduría investigar a los funcionarios que, supuestamente omitiendo los principios fundamentales de la contratación pública, adjudicaron el contrato a una empresa quebrada y sin experiencia. “No me cabe la menor duda de que la ANH actuó de manera deliberada y consciente al adjudicarle a un incompetente absoluto una operación tan importante y que desde luego eso comportó un abuso de poder”, cuestionó uno de los afectados.

Cómo era de esperarse, los primeros señalamientos fueron contra la ANH, que en respuesta a un derecho de petición a uno de los afectados, dijo que la entidad había hecho una evaluación objetiva de la capacidad financiera de la empresa y que, para validar la capacidad técnica (que era nula), acudieron a una excepcionalidad de su propio reglamento.

Las denuncias llevaron a que las autoridades realizaran las primeras investigaciones para establecer un posible caso de captación ilegal de dinero. El primer intento por corregir el yerro de la ANH fue justo su exdirector Armando Zamora Reyes, quien en 2011 intentó revocar el contrato, pero una decisión de un juez lo impidió. Luego informó a la Supersociedades que Varosa Energy tenía deudas que superaban los $5.000 millones y estaba ad portas de la insolvencia.

“No es sorpresa el incumplimiento, ya que con la propuesta era lo natural. Que no le pagara a los terceros y que incumpliera la operación, era lo lógico para una empresa quebrada y sin experiencia. Es como si se le diera el contrato de vigilancia del banco de sangre a Drácula”, agregó uno de los afectados.

Desde agosto pasado, Óscar Alberto Vargas Zapata (dueño de la empresa Varosa Energy), inició el plan de desmonte de su empresa frente a la Superintendencia de Sociedades. La entidad decidió tomar posesión y nombró un delegado para tratar de conservar el contrato de exploración y explotación del bloque La Pola, con el fin de realizar una negociación con un tercero para vender los derechos del contrato y poder recuperar el dinero de los afectados en esta “pirámide”.

Actualmente, los socios de Varosa están denunciados penalmente por estafa, hurto, abuso de confianza, captación y concierto para delinquir. Por su parte, también cursa una denuncia penal contra funcionarios de la ANH por delitos como celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales y el de interés indebido de contratos.