Las cinco cementeras más importantes del país habrían violado el régimen de libre competencia y con ello, para su beneficio, tendrían un presunto acuerdo entre sí que les permitiría fijar los precios del cemento gris en Colombia, el principal insumo para la construcción, una de las locomotoras a la que le apuesta el gobierno para crecer en materia económica.
A esa conclusión llegó la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, quien mediante la Resolución No. 49141 del 21 de agosto de 2013, abrió investigación y formuló pliego de cargos contra Argos, Cemex, Holcim, Tequendama y San Marcos y 14 de sus principales directivos que habían estado o están en la dirección de las compañías.
“A los investigados se les imputa la posible infracción del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, que prohíbe toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y cobro de precios inequitativos, el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 que prohíbe los acuerdos que tengan por objeto o efecto la fijación directa o indirecta de precios, y el numeral 3 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 que prohíbe los acuerdos que tengan por objeto o efecto la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores”, informó el ente regulador.
Las cementeras, de comprobarse la violación de la ley, tendrían que pagar una sanción que llega a los $58.950 millones, y a las personas naturales les podría caer una multa de $1.179 millones si se comprueba que colaboraron o facilitaron ese tipo de acuerdos que van en contra de la ley y favorecen, en este caso, a las empresas que representan o representaban.