Política económica: ¿salvada por la pandemia?

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Foto: Getty Images/iStockphoto - Laura Olejua

Desde marzo, el país ha atravesado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, como consecuencia de la necesidad de contención de la pandemia del COVID-19. El miedo a una enfermedad desconocida y de alto contagio, en medio de un sistema de salud poco preparado para atender efectivamente a toda la población, agudizó una crisis de empleabilidad que el país ya venía atravesando. Sin embargo, el Gobierno se ha volcado en afirmar que los problemas socioeconómicos del país son resultado de la pandemia, desconociendo y buscando invisibilizar el hecho de que las apuestas de las últimas administraciones no han dado, en general, buenos frutos para el común de la población.

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Para corroborar que el desempleo ya era un problema antes de la pandemia sólo se deben revisar los informes históricos del DANE, así como sus boletines mensuales para este año. Se evidencia en ellos que la tasa de desempleo venía en aumento desde 2015, cuando correspondió a un 8,7 %. Incluso, ya desde enero de 2019, con un 11,8 %, el actual gobierno tenía el récord (negativo) del desempleo más alto desde 2011. Aunque esto se moderó en la época decembrina del año pasado, la tendencia de creciente desempleo se constata al observar que este se ubicó en 12,2 % en febrero de 2020; cifra que corresponde a un aumento del 46,7 % frente al mismo periodo en 2019. Estos datos confirman que la generación de empleo formal ya era un problema antes de la crisis económica por el COVID-19.

Ahora bien, la pandemia se ha convertido en un factor de incremento del desempleo, teniendo en cuenta, además, los retos que han tenido que afrontar las empresas. De hecho, el desempleo llegó a un máximo histórico de 21,4 % en mayo, en medio de un panorama de incertidumbre y temor, tanto por el COVID-19, como por los efectos económicos en los hogares y afectación de derechos constitucionales.

En medio de la situación, el gobierno promovió la apertura de crédito para pequeñas y medianas empresas, así como alivios monetarios para aquellas organizaciones que garantizaran la continuidad de los puestos de trabajo. Sin embargo, según lo señalado por ACOPI (asociación colombiana de las micro, pequeñas y medianas empresas) los requisitos y tasas de interés impedían su acceso efectivo para microempresarios y emprendedores. Además, no se evidenció una fuerte postura del Gobierno para evitar despidos masivos en grandes empresas del país o para prevenir que se eludieran la normativa para la terminación del contrato laboral, con prácticas como la firma no voluntaria de renuncias.

En pocas palabras, el Gobierno buscó reforzar la pertinencia de la apuesta por la economía naranja, como alternativa para la generación de valor y empleo sin requerir de contactos físicos que pudieran acelerar la propagación del virus. Si bien es cierto que puede representar una posibilidad de creación de empleo a futuro, su tamaño actual es embrionario, pues, según cifras del DANE, para 2019 llegó apenas a producir 581.117 empleos, abarcando cerca del 2,2 % de la población económicamente activa.

Asimismo, de los tres subsectores de la economía naranja, descritos en el segundo reporte del DANE sobre este sector en 2019, sólo uno tiene oportunidades reales de crecimiento: arte funcional y producción de software, los otros dos (denominados artes y patrimonio e industrias culturales), con raras excepciones, apenas ofrecen salarios mínimos, como es el caso del gremio de los artesanos, de los cuales, según el DANE, el 82 % perciben menos de un salario mínimo. La economía naranja, entonces, es la apuesta aparente del Gobierno: ampliamente discutida y presentada como caballo de batalla, pero con resultados escasos.

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En contraste, en los hechos, la apuesta real de la administración nacional para reactivar la economía parece centrarse en el fomento del sector extractivo. Esta apuesta es problemática, tanto en términos ambientales, como territoriales y de empleabilidad. Ante la incapacidad de ajustar las finanzas vía instauración de un sistema tributario equitativo, eficiente y capaz de crear incentivos para la generación de empleo, el sector extractivo continuará siendo el recurso último de este país.

Se evidencia, entonces, que, hoy en día, Colombia no enfrenta problemas nuevos y que las estrategias de solución continúan arraigadas en modelos desiguales, en los que la posibilidad de crecimiento económico no se articula con un aumento de la empleabilidad o de reformas tributarias más justas y equitativas. Sin embargo, el Gobierno ha intentado camuflar la inoperancia de los esquemas de generación de empleo en los duros efectos de las cuarentenas, como si antes no existieran. El peligro radica en que la población convierta el discurso del presidente en una verdad, permitiendo que su administración sea salvada por la pandemia ante la opinión pública.

* Estudiante del Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia

** Estudiantes de Sociología de la UNAD e integrantes del Semillero de Investigación Estudios Sociales del Desarrollo