¿Por qué el Estado quiere revivir las Zonas de Desarrollo Empresarial?

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En el año 2016 el Congreso colombiano aprobó la Ley 1776 mediante el cual se crearon las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social Zidres, las cuales en su momento fueron denominadas como “zonas francas para el agro”. El interés del Gobierno en ese momento era apuntar al desarrollo del sector agropecuario con un enfoque productivo, pero sin comprometer la titularidad de la tierra, la cual, de acuerdo con el ministro del ramo de la época, permanecería en cabeza del Estado colombiano y generaría una contraprestación dineraria en favor del Fondo de Desarrollo Rural.

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¿Pero por qué ahora el gobierno se empeña en reglamentar las Zonas de Desarrollo Empresarial de la Ley 160 de 1994?, ¿han sido las Zidres insuficientes para promover el desarrollo del campo en los términos propuestos por el Estado?

La realidad es que el proceso de implementación de las Zidres ha chocado con algunos escollos que se pretenden salvar por medio del retorno a las Zonas de Desarrollo Empresarial, entre ellos el que las Zidres solamente se pueden constituir en zonas aisladas de los centros urbanos que demanden elevados costos de adaptación productiva por sus características agrológicas y climáticas; que tengan baja densidad poblacional y presentan altos índices de pobreza. Adicional a lo anterior, las Zidres exigen un enfoque territorial, que comprende armonizar dichos proyectos productivos con los Planes de Ordenamiento Territorial, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial o el Esquema de Ordenamiento Territorial, es decir, que se debe garantizar la participación de las autoridades locales y regionales que puedan verse afectadas con el proyecto.

De otro lado, las Zonas de Desarrollo Empresarial no exigen, como si se requiere en las Zidres, la realización de un estudio de tierras que tenga por fin garantizar la disponibilidad de baldíos para la adjudicación a los sujetos de reforma agraria; solamente se deberá contar con un levantamiento topográfico y algunas certificaciones relacionadas con que el proyecto se encuentre acorde con el uso del suelo y que no existan posibles traslapes con determinantes ambientales.

En este mismo sentido, bajo una visión mercantilista de la tierra, resulta determinante el retorno a las Zonas de Desarrollo Empresarial, ya que las Zidres privilegiaban los proyectos productivos, el arrendamiento de los bienes baldíos y la desmembración del derecho de propiedad a través de figuras como el derecho de superficie; mientras que las Zonas de Desarrollo Empresarial nos hablan de un verdadero acceso a la propiedad del Estado a través de la adjudicación de dichos terrenos baldíos a sociedades de carácter agrícola o ganadero, sin restricción o limitación en la extensión territorial adjudicada, con la posibilidad de extender dicha superficie territorial inicial por una cabida igual a la inicialmente entregada y con la facultad de que, después de la explotación por un término de dos años, pueda autorizarse la venta del área adicional de baldíos entregada, conforme al precio que señale el Estado.

Así mismo, se establecen restricciones mínimas para la transferencia del derecho de dominio sobre los bienes baldíos adjudicados por la Nación, permitiéndose la venta de los mismos previa autorización de la Agencia Nacional de Tierras mediante la demostración de la existencia de caso fortuito o fuerza mayor que han impedido la ejecución del proyecto productivo en cualquier tiempo.

La pregunta que cabría es, ¿dónde quedan nuestros campesinos dentro de este nuevo esquema agrícola propuesto por el Estado colombiano?, ¿Cómo se pretende garantizar de ahora en adelante el acceso de los sujetos de reforma agraria a la propiedad?

* Investigadora Observatorio de Tierras, de la Universidad del Rosario.