El gas, sea natural o propano, sea para uso doméstico o industrial, se está volviendo un dolor de cabeza para Colombia. Porque no hay, porque algunos sectores, como el de generación de energía y la industrial, dicen que necesitan que se les garantice el suministro. También por los precios, que desde el año pasado han generado una controversia entre empresarios y gobierno nacional pues, dicen los primeros, es más costoso en esa región, pese a ser productora, que en el centro del país.
El nuevo capítulo de esta historia otra vez compromete al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) por ser los responsables de política pública sobre ese recurso. Gasnova, el gremio de distribuidores de gas propano, alega que la estampilla impuesta hace más de cuatro años por el Ejecutivo para contribuir con el transporte de gas hacia San Andrés desde Cartagena ha tenido aumentos que superan el 53%. Estos aumentos se ven reflejados en el precio que pagan los usuarios del centro del país.
Según el presidente de Gasnova, Nicolás Botero, “los usuarios continentales son los que están pagando un sobreprecio por comprar la “pimpina” de gas. Por ejemplo, una pimpina de 20 kilos tiene un sobreprecio de más de $3.000. Eso hace que el gas no pueda ser adquirido por estas familias y tengan que usar leña para llevar a cabo sus actividades domésticas”.
El ministro de Minas y Energía, Tomás González, tras los reparos presentados por el gremio aseguró que pidió a la Creg que revise “inmediatamente” las fórmulas tarifarias “especialmente las de transporte de GLP para que reflejen las condiciones de mercado y lleguen a precios adecuados especialmente a los usuarios de San Andrés”.
La firma que se estaría beneficiando de esa hiperrenta, como dice Botero, es Provigas. Esta misma empresa fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio en 2015 por entregar menos cantidad de la anunciada en los cilindros de gas. Provigas suministró “un 8.83% menos de gas licuado de petróleo del indicado en los cilindros”. En primera instancia, la SIC confirmó una multa de $773 millones.
En entrevista con El Espectador, la cabeza de Gasnova, Nicolás Botero, pidió al Ministerio tomar cartas sobre el asunto y corregir los errores de la fórmula por la que hasta ahora se han pagado $30 mil millones adicionales.
¿Qué está haciendo que haya un aumento en la tarifa del gas propano en el centro del país?
Dentro de la tarifa de venta de gas licuado de petróleo a San Andrés, se incluyó por vía de la Creg, una llamada estampilla, que le cobra a todos los que transporten GLP por los gasoductos de Cenit un valor que es transferido al transportador marítimo. Aunque respetamos que San Andrés pueda consumir gas, la manera cómo está fijada la fórmula es lo que se está pidiendo suspender o actualizar. La estampilla que se le cobra al transporte, por el uso de los ductos continentales de Cenit, es mucho más cara que el mismo producto. La estampilla empezó en $22,17 y hoy, tres años después, está en $176 por kilo.
¿Qué es lo que está mal dentro de la fórmula?
La fórmula que estableció la Creg para calcular esa compensación al transporte puede tener un error o un mal cálculo, porque mientras el transporte a San Andrés, que cubre la estampillas, se ha mantenido constante, el precio de la estampilla se ha aumentado permanentemente. Existe un signo en la fórmula que hace que esta pasara de compensar el valor del transporte a volverla acumulativa. Por ejemplo, entre octubre y noviembre del año pasado el valor de la estampilla aumentó en un 53%, lo que nos parece desproporcionado.
¿Esto cómo afecta a los usuarios del centro del país?
Los usuarios continentales son los que están pagando un sobreprecio por comprar la “pimpina” de gas. La transferencia se hace directamente a ellos cuando tienen que pagar los $176 por kilo adicional. El gas propano es el que usan las familias más pobres del país y $1.000 en la tarifa hacen la diferencia entre poder comprar la “pimpina” o no. Por ejemplo, una pimpina de 20 kilos tiene un sobreprecio de más de $3.000. Eso hace que el gas no pueda ser adquirido por estas familias y tengan que usar leña para llevar a cabo sus actividades domésticas.
¿Cuánto recauda el Gobierno y cuánto no está siendo invertido en el transporte del GLP a San Andrés?
En los últimos 24 meses se han recaudado alrededor de $30 mil millones adicionales, pero tenemos información extraoficial de que lo que se podría gastar al mes en transporte oscila entre los $600 millones y los $1.000 millones. Eso quiere decir que al mes se recaudan $3.000 millones y se están gastando solamente $1.000 millones.
¿Y los otros $2.000 millones?
La estampilla la cobra Cenit, que es dueña de los ductos de transporte de hidrocarburos, a los afiliados a Gasnova y se lo transfiere al transportador, que es una empresa privada en San Andrés. No tenemos confirmación de que el transportador haya recibido esa suma por la que usted me pregunta. Esa empresa, encargada de llevar el gas hasta la isla, sería un particular que se está beneficiándose de un hiperrenta. Es un información que hemos solicitado a la Creg y a Cenit sea confirmada pero esta primera ha estado muy reacia a suministrarla. Le puedo asegurar, sin embargo, que el sobreprecio de la estampilla de San Andrés está generando que los más de 4 millones de usuarios estén pagando más por el GLP.
¿Cuál es su propuesta?
Le pedimos a la Creg y al ministro Tomás González que procedan a citar una comisión lo antes posible para actualizar el diseño de la formula. El gas que se transporta en el interior del país debe pagar el transporte para que San Andrés tenga acceso al recurso pero debe tener un tope, que una vez se recaude el costo del transporte del gas que consume la isla pues no se siga cobrando.