Preparan guía para que Gobierno sepa afrontar nuevas tecnologías como Uber

La Comisión de Regulación de Comunicaciones anunció una metodología para que las entidades gubernamentales sepan cómo reaccionar ante “nuevos modelos de negocio e innovaciones tecnológicas en sus respectivos sectores”.

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El sector de las telecomunicaciones ha crecido en los últimos 15 años, en promedio, 6,3 %. En el país hay hoy más líneas celulares que habitantes –unos 58 millones–, más de 15 millones de conexiones a internet y todo el sector aporta más del 2 % al Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, como lo muestra un reciente estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en 2015 este renglón de la economía volvió a vivir un bajonazo similar al que ocurrió en 2009. Después de la crisis mundial de entonces, el PIB de las telecomunicaciones no volvió a crecer más del 8 %, como ocurría, y con creces, en los primeros años del milenio.

Cada vez mayores coberturas de servicios como los datos de cuarta generación han hecho que el Gobierno se muestre como un promotor de la economía digital, para lo que, de hecho, creó un viceministerio dedicado sólo a eso. Otros sectores, como la televisión, el hotelero y el de transporte, todavía están tratando de encontrar el camino para no sucumbir ante las llamadas OTT, servicios que funcionan sobre internet, como Netflix, Aribnb y Úber, mientras que el regulador, la CRC, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), pretende “identificar tanto factores potenciadores como barreras para el crecimiento de nuevos modelos de negocio e innovaciones tecnológicas”.

La Comisión se planteó 11 proyectos para este 2017, entre los cuales está la “hoja de ruta para el marco regulatorio en una economía digital”, con miras a 2021. La labor empezará por definir el concepto de economía digital, para luego analizar la competencia y los mercados digitales, teniendo en cuenta “el rol de las plataformas digitales”. La entidad, en su informe, reconoce que es fundamental que los análisis regulatorios se hagan de una manera holística, debido a que los estados cuando buscan intervenir las actividades disruptivas “se dan cuentan de que las normas y procedimientos que soportan sus modelos de intervención no funcionan”.

El resultado que espera entregar la CRC es “una guía metodológica o recomendaciones que direccionen el tratamiento de los aspectos normativos y permitan a otras entidades de gobierno desarrollar las capacidades necesarias para actualizar sus marcos normativos ante nuevos modelos de negocio e innovaciones tecnológicas en sus respectivos sectores”. Eso, en la práctica, podría ser la respuesta para lo que desde organizaciones de la sociedad civil, académicos, hasta empresarios, entre otros, han señalado: un vacío en Colombia respecto a cómo actuar frente a las nuevas tecnologías.

Las distintas formas de abordar la disrupción tecnológica han derivado en situaciones como que el Ministerio de Transporte no admita el funcionamiento de una plataforma como Úber pero que, de otro lado, el Mintic asegure que apoya el desarrollo digital y que además no puede bloquear aplicaciones, debido a la neutralidad de la red. Durante la presentación del informe “Dividendos digitales” del Banco Mundial en Colombia el año pasado, Indhira Santos, economista sénior de la entidad, señaló precisamente que debía ser el Mintic el articulador de las diferentes autoridades en este debate.

Para Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma, es importante que el regulador plantee esa hoja de ruta, aunque considera que hace falta fomentar la participación de los ciudadanos en estos debates. "Es preocupante que de los comentarios la mayoría son de las empresas de telecomunicaciones o de empresas del sector". Sobre el enfoque de la guía en la que trabajará la CRC afirmó que existe "la necesidad de que la regulación compense lo que está sucediendo pero manteniendo el entorno de innovación". Es decir, según ella, la regulación tendría que cambiar, con la salvedad de "no se puede pensar que la regulación es para prohibir todo".

Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), celebró que exista la iniciativa de plantear una hoja de ruta y manifestó que “ojalá se den cuenta los funcionarios públicos que tienen que ver con la economía digital que donde ésta más florece y se desarrolla para generar productividad es donde hay la menor cantidad de regulación posible”. Aligerar cargas ha sido una petición constante de actores como los operadores móviles y la industria de la televisión, para, según ellos, poder competir con los jugadores internacionales o puramente digitales.

Otro de los proyectos de la CRC para este año es la tercera fase de los estudios sobre “servicios y mercados relevantes audiovisuales en un entorno convergente”. Ésta “explorará de manera detallada el comportamiento y actitudes de los usuarios hacia el consumo de contenidos audiovisuales lineales y no lineales, a través de diferentes plataformas y pantallas”. La idea es soportar o descartar conclusiones que surgieron de estudios previos hechos por la CRC con respecto a si servicios como las OTT pueden o están cerca de sustituir servicios audiovisuales convencionales.

El regulador en esta agenda presta atención a otros de los sectores sacudidos por la tecnología: el servicio postal, un negocio al que aplicaciones como Tappsi se han metido ofreciendo servicios de envíos. Los jugadores tradicionales, al igual que en otros sectores, tienen cargas que los emprendimientos digitales no, como licencias o aporte de ingresos al Estado. La idea en este caso también es trazar una hoja de ruta. “El Gobierno tiene que reconocer la realidad y modificar la reglamentación del sector postal, porque si no quedarán compitiendo en condiciones de desventaja”, opinó Daniel Medina, exministro TIC.

De hecho, Adriana Barragán, presidenta de 4-72, la empresa estatal de correos, anticipó a este diario el año pasado el desarrollo de una aplicación móvil para “involucrar a una serie de personas, que de pronto tienen una moto o que tienen tiempo en el día, para que puedan trabajar con nosotros formalmente”. Ideas como esa y en gran parte la agenda regulatoria de 2017 son muestra del interés o incluso la preocupación del Estado respecto a la llamada cuarta revolución industrial, en un entorno en que los commodities han perdido protagonismo.

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