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Algunos de los retos de la política del Gobierno sobre las tierras y la producción agropecuaria se han dejado ver en la oposición que le han hecho sectores campesinos e incluso voceros de las Farc, al tiempo que se acerca la firma de un acuerdo de paz. En el terreno se han manifestado en conflictos como el que viven comunidades como la de El Porvenir, en Puerto Gaitán, Meta, en donde cerca de 140 familias reclaman 27.000 hectáreas que otrora fueron controladas por familiares de Víctor Carranza. La Corte Constitucional parcialmente les acaba de dar la razón a esas familias.
En 2014, el Incoder, en liquidación, revocó la adjudicación de esas tierras, que estaban siendo explotadas por la ganadería de Hollman Carranza, hijo del zar de las esmeraldas. Quienes advirtieron las irregularidades fueron la misma comunidad, el senador Iván Cepeda y la Corporación Jurídica Yira Castro. Pero, según ellos, el Estado tardó en recuperar los predios, lo que dio lugar a invasiones masivas. El Incoder dijo en su momento que el año que pasó entre la revocatoria y el acta de entrega voluntaria de la tierra fue el tiempo que tomaron las notificaciones y el que Carranza pidió para sacar su ganado.
“Es un conflicto que el mismo Incoder permitió que se diera, porque no recuperó materialmente las 27.000 hectáreas y ha permitido que sigan las invasiones”, opinó en entrevista con este diario, en junio pasado, Andrés García, delegado de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Agrarios y de Tierras. El conflicto se caldeó cuando el Gobierno anunció que en El Porvenir se buscaría establecer la primera Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), área especial para el desarrollo agropecuario.
Esas zonas fueron reglamentadas la semana pasada y la ley que las creó está demandada ante la Corte. Pero, más aun, en El Porvenir, el Gobierno también había anunciado la creación de un condominio rural, figura para la cual aún no se ha expedido reglamentación. Mientras funcionarios del Incoder y el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, han defendido los condominios como una forma de garantizar ingreso y trabajo para los campesinos, otros, como el delegado de la Defensoría, habían calificado la propuesta al menos como “odiosa”, eso sí, sin conocer la propuesta, pues no ha sido publicada.
Lo cierto es que la Corte acaba de tutelar el derecho al acceso a la tierra de las personas que en El Porvenir cumplan con los requisitos de ser sujetos de reforma agraria. La Agencia Nacional de Tierras, entidad en la que recayeron algunas de las funciones del Incoder y que aún no ha sido notificada del fallo de la Corte, se refirió ayer al caso, anunciando que detendrá las invasiones. Además, “se dará inicio a una campaña de divulgación de información a la comunidad, con el acompañamiento de la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para disuadir a las personas de ingresar a estas tierras. (...) habrá una adjudicación gradual para aquellos que realmente tengan el derecho de acceder a ellas”, informó la Agencia.
Cuando el asunto estuvo en manos del Incoder, el subgerente de Tierras, Carlos Carmona, explicó: “Ninguna de las personas que hay allá es sujeto de reforma agraria, porque tranquilamente ninguno lleva más de cinco años allá (lo cual es requisito para una adjudicación), porque la familia Carranza entregó el predio el año pasado”. En todo caso, por lo pronto, la situación de El Porvenir sienta un precedente sobre el tipo de asuntos en los que las autoridades deberán trabajar para implementar las zidres y la política rural sin generar o aumentar conflictos en las regiones.