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A través de una propuesta de reforma integral que busca implementar un nuevo esquema de pensión, incentivar la creación de empleo formal mediante la reducción de costos laborales, otorgar una renta mínima de inclusión a los hogares más pobres e incrementar el recaudo tributario, el Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo le apuesta a la superación de la crisis económica por el COVID-19 y la corrección de problemas estructurales de nuestro país.
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De implementarse la fórmula propuesta, Fedesarrollo estima que la economía podría crecer a 4 % y que se crearían más de 800.000 empleos formales nuevos en los próximos años. Además, las medidas tendrían un gran impacto redistributivo en todas las clases sociales, especialmente en los más pobres.
Según estimaciones del Centro, los hogares del primer decil (resultado de dividir la población en 10 grupos según ingreso), es decir quienes se clasifican en pobreza extrema, tendrían un aumento de hasta 90,7 % en sus recursos. Además, los hogares en condición de pobreza (deciles 2, 3 y 4) verían un incremento de hasta 40,5 %. Incluso la clase vulnerable (deciles 5 y 6) se verían beneficiados con hasta 12,8 % más ingreso.
La clase media también se vería favorecida con las reformas propuestas. Los hogares cuyo ingreso reunido supera los $2,1 millones verían un aumento del dinero disponible de 8,1 %. Sin embargo, quienes más devengan (presupuesto de alrededor de $8 millones por hogar) tendrían que poner más recursos para poder financiar estas medidas, por lo que verían su ingreso caer 3,5 %.
“Esta ha sido la peor crisis económica en el país en más de 100 años de historia, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 6,8 % y estimamos que la pobreza aumentó 6,2 %. Necesitamos reformas estructurales para una nueva Colombia poscovid para para asegurar los hogares contra riesgos de pobreza, enfermedad, desempleo y protección de la vejez”, dijo Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
La reforma social
Fedesarrollo propone implementar el Sisbén 4.0 (nueva metodología) como único mecanismo de focalización de los subsidios para acabar con las ayudas mal focalizadas, pues bajo el método actual cerca de 60 % de subsidios le siguen llegando a personas que no son pobres.
A través de esta base de datos se entregaría una renta mínima fija mensual para los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema de $65.000 mensuales por cada adulto menor de 65 años en el hogar y $35.000 por cada menor de 18 años (máximo 3 niños por hogar), pero a estos últimos se les daría de forma condicionada siempre y cuando asistan al colegio y a chequeos de salud. Este pago reemplazaría los de Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción.
“Estimamos que esta medida aumentará el monto promedio entregado a los hogares pobres a $138.000 pesos mensuales (actualmente es de $44.000 mensuales)”, dijo Mejía. Respecto al costo fiscal, aseguró que equivaldría a 0,6 puntos del PIB, pero como se financia con la unificación de los programas y los ahorros en costos administrativos, al final solo se necesitarían 0,1 o 0,2 puntos del PIB adicionales.
La reforma pensional
El nuevo sistema de protección para la vejez, que sustituiría al actual totalmente, iniciaría con la universalización del programa Colombia Mayor, de forma que cubra a todos los adultos mayores de 65 años no pensionados sin excepción, con la diferencia de que el monto sería cinco veces más alto, al pasar de $80.000 mensuales a $412.000 (equivalente a tres líneas de pobreza extrema). “Esto resuelve el problema de cobertura y elimina pobreza en adultos mayores, producto de la desprotección en su vejez. Además, se entregaría de forma equitativa, compensando la baja cobertura pensional en mujeres”, resaltó Mejía.
Además, habría un segundo pilar contributivo y flexible para incrementar la complementar el auxilio entregado por el Estado antes mencionado. Aquí, empresas (excepto las inscritas en el Régimen Simple de Tributación) y trabajadores quedarían en libertad de decidir en negociaciones colectivas un programa de ahorro para la vejez, “abriendo la competencia hacia múltiples mecanismos de ahorro e inversión”. Lo único innegociable sería que las empresas deben aportar por lo menos lo mismo que el trabajador a sus programas de ahorro.
Finalmente, se constituiría un tercer pilar de ahorro voluntario individual, como el que existe actualmente y se mantendrían los incentivos tributarios a este ahorro que no es gravado. Del cambio quedarán excluidos los actuales pensionados y quienes estén a menos de 10 años de alcanzar la edad de pensión en el régimen de Colpensiones, cuyos derechos serán plenamente reconocidos.
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Esta sería la reforma más costosa de Fedesarrollo, se necesitarían 1,3 puntos del PIB para financiarla, además, los primeros años afectaría la caja del Gobierno mientras se da la transición.
La reforma laboral
Fedesarrollo propone reducir los aportes de salud de los trabajadores para aumentar la formalidad laboral al bajar los costos en la contratación. Actualmente hay dos regímenes con los mismos beneficios, pero con costos diferentes: el contributivo cuesta 4 % del salario para el trabajador formal y 12,5 % para el independiente formal; el subsidiado, para el ocupado informal, no tiene ningún costo.
La reforma consiste en implementar una tasa progresiva de aportes a salud a cargo del trabajador, que sería de 0 % para los ocupados de un salario mínimo, sean asalariados o independientes, y que aumentaría gradualmente hasta cerca del 9 % para ocupados con ingresos de 25 salarios mínimos o más.
Algo similar pasaría con los aportes a caja de compensación, hoy fijados en 4 %, que comenzarían en una tasa de 0 % para los empleados de un salario mínimo y que aumentaría gradualmente hasta cerca del 5 % para empleados con ingresos de 25 salarios mínimos o más. Un punto de esta contribución será usado para financiar un seguro de desempleo no contributivo que entregará $412.000 hasta por seis meses a quienes devenguen entre 1 y 1,5 salarios mínimos.
Además, se crearía un auxilio de solidaridad equivalente al 4 % de un salario mínimo para trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos, similar al auxilio de transporte.
La combinación de estas reformas en materia laboral y pensional implicaría un aumento del salario disponible para un trabajador que gana un salario mínimo de hasta 13 % así como una disminución en el costo para la empresa de hasta el 14%, lo que estimulará la generación de empleo formal.
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La reforma tributaria
En primer lugar, se elevaría gradualmente la tarifa del IVA sobre los bienes y servicios de la economía de mercado que actualmente están exentos excluidos o gravados al 5 % hasta llegar a 8 %. Específicamente, se propone una tarifa de 2% en 2022 para los bienes excluidos y exentos, del 5% en 2023 y del 8% de 2024 en adelante. Los cálculos de Fedesarrollo indican que las exenciones al IVA dejan sin gravar cerca de la mitad de los bienes y servicios que consumen los hogares y cuestan 5,2% del PIB, beneficiando en mayor proporción a los hogares de altos ingresos que a las familias más pobres.
Además, se busca ampliar la compensación del IVA para los cuatro primeros deciles de ingreso, que sería de alrededor de $63.000 mensuales.
Para recaudar el dinero necesario para financiar los programas antes mencionados, Fedesarrollo propone eliminar las exenciones sectoriales existentes, con el fin de tener un estatuto tributario que trate de igual forma a todas las actividades productivas, así como revisar regímenes tributarios preferenciales como las zonas francas, especialmente las unipersonales, que generan una competencia desleal con los productores locales sujetos al régimen general. También se plantea eliminar el descuento del impuesto de comercio y avisos (ICA) contra el impuesto de renta y posponer la reducción de la tarifa de renta corporativa y dejarla en 31 % hasta 2026.
Pero no todo dependerá de las empresas. Para la tributación de las personas se plantea reducir el rango exento de declaración de renta a la mitad para ampliar la base gravable (de 900.000 a cerca de 1,5 millones de personas, 7,5 % de todos los ocupados del país) y fomentar la cultura tributaria, limitar las deducciones al 10 % de los salarios y el 25 % de los ingresos de los independientes manteniendo los topes actuales en unidades de valor tributario, sustituir las siete tarifas de impuesto de renta a las personas por tres tarifas (0 %, 20 % y 39 %), sujetar las pensiones al pago de impuesto de renta como cualquier otro ingreso laboral, aumentar la tarifa de impuesto a los dividendos de 10 % a 15 % y ampliar el impuesto al patrimonio para los individuos en 2022 y por una sola vez, pagadero en 2023 y 2024.
Los beneficios
El Centro explicó que la propuesta de reformas estructurales tendrá importantes impactos en redistribución del ingreso, reducción de la pobreza, aumento de la formalidad laboral y mayor crecimiento económico. Específicamente, reduce sustancialmente la desigualdad del ingreso (disminuye el índice de Gini en 4 puntos porcentuales), reduce en 9,3 puntos porcentuales la pobreza (4,5 millones de personas menos), incentiva la creación de al menos 815.000 empleos formales e implica un aumento en el crecimiento económico de 0,52 puntos porcentuales, “generando un círculo virtuoso de formalización, crecimiento y fortalecimiento del recaudo tributario”.
“Creemos que hay posibilidad de discutir reforma una integral aprovechando cobertura difícil. Esto va a requerir ajustes en política social, mercado laboral, seguridad social (protección a la vejez) y política tributaria para eliminar exclusiones sociales y productivas que nos tienen entre los países más desiguales del mundo. Si no se hace se perdería una buena oportunidad de seguir avanzando”, concluyó Mejía.
En los próximos meses Fedesarrollo estará socializando su propuesta con empresarios, gremios, sindicato, congresistas y el Gobierno con la esperanza de que su análisis sirva de base para discusión de reformas estructurales.