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Conforme las normas que están siendo propuestas para instalar uno de los últimos puntos importantes de la Ley Dodd-Frank, los ejecutivos de Wall Street deberían esperar un mínimo de cuatro años para recibir la mayor parte del pago de su bonificación y podrían verse obligados a devolver dinero si sus compañías experimentan grandes pérdidas.
La prohibición que pesa sobre las prácticas en materia de bonificaciones que recompensan la toma excesiva de riesgos afectaría con más fuerza a los altos directivos y los empleados clave en las compañías financieras con activos por más de US$250.000 millones, según las muy postergadas medidas sobre remuneración de incentivos publicadas por la National Credit Union Administration. La NCUA, uno de los seis organismos que deben adoptar la normativa, votó este jueves dar a publicidad la propuesta para someterla a los comentarios públicos. Se espera que sigan luego otros reguladores, como la Reserva Federal y la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC).
La propuesta permitiría a las empresas recuperar las bonificaciones –aun las ya otorgadas- si un empleado asume riesgos inapropiados, suscita una acción resolutoria o excede los límites de riesgo de una compañía y causa una pérdida. Las devoluciones podrían tener lugar durante un lapso de hasta siete años y se aplicarían inclusive a ex empleados que abandonaron la empresa, según la propuesta, que representa seis años de trabajo conjunto de los reguladores para interpretar una de las disposiciones centrales de la ley Dodd-Frank de 2010.
Los incentivos sesgados desempeñaron un papel clave en la crisis crediticia de 2008 en tanto los ejecutivos del sector financiero que trataban de obtener las mayores remuneraciones posibles, expusieron a las compañías a un riesgo que en muchos casos trajo aparejadas consecuencias desastrosas. Dodd-Frank exigió a los reguladores suprimir los incentivos de ese tipo como una manera de ayudar a proteger el sistema financiero.
Niveles de restricción
Los aplazamientos de las bonificaciones en la propuesta están ligados a la magnitud de la compañía así como también a la función del empleado –cubriendo no sólo a los altos directivos sino también a aquellos que están en posición de tener un impacto importante sobre el balance de la empresa. En el caso de los altos ejecutivos de las compañías más grandes, el 60 por ciento de sus bonificaciones se postergaría durante cuatro años. Los altos ejecutivos en empresas con US$50.000 millones a US$250.000 millones en activos verían prorrogar sus bonificaciones por lo menos tres años. Este plan permite a las empresas pasar por alto las disposiciones ya vigentes.
Los reguladores descartaron una versión anterior de las normas de 2011 debido a un aluvión de críticas. En una reunión que tuvo lugar en febrero de este año, el presidente Barack Obama recordó a los responsables del organismo su obligación de librarse de las prácticas relativas a los pagos que alientan a las empresas a asumir “riesgos grandes y temerarios”. La nueva propuesta es considerablemente más dura que la iniciativa anterior y ejerce la mayor parte de su peso sobre las empresas con activos superiores a los US$50.000 millones, si bien se aplicarían límites más acotados a todas las entidades financieras con hasta US$1.000 millones en activos.