Proyecto de ley para reformar el sector TIC pasó en primer debate

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Las comisiones Sextas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron este jueves en primer debate el proyecto de ley de “Modernización del Sector TIC”, como lo ha bautizado el Gobierno. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), el objetivo es “crear las condiciones para el cierre efectivo de la brecha digital en el país”.

Entre las principales propuestas está crear una única entidad reguladora para el sector en un entorno de convergencia: es decir, en tiempos en que los usuarios consumen televisión o hacen llamadas a través de internet o navegan por esa red desde su televisor. Asimismo, ocurre que una empresa de telefonía preste también servicios de internet y hasta cuente con plataformas de contenidos audiosvisuales en línea. Por esa razón, ha sido petición del sector tener una sola entidad que los regule. 

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Ese cambio de visión implicaría suprimir la actual Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). La regulación en esa materia quedaría en la nueva entidad única y la formulación de políticas públicas, en el Ministerio.  

Al respecto, han surgido críticas desde diferentes sectores que consideran que se pierde la independencia que tenía una entidad como la ANTV, creada en 2012, pero cuya antecesora, la Comisión Nacional de Televisión, tuvo su origen en la Constitución Política de 1991. Al respecto, la ministra TIC, Sylvia Constaín, respondió que garantías constitucionales como la libertad de expresión y de generación de contenidos no tienen ninguna afectación con esta propuesta de articulado.

Acerca de la conformación del órgano directivo del nuevo regulador, con expertos comisionados, la funcionaria reconoció que se hicieron cambios a la idea original del gobierno. Como va hasta ahora la propuesta, serían cinco comisionados: uno elegido por los canales regionales, bajo un mecanismo que ellos decidirán; el ministro o ministra TIC; un delegado del presidente, y dos comisionados elegidos por convocatoria pública a cargo del Departamento Administrativo de Función Pública.

Sobre esos miembros, también se ha expresado la preocupación por el nivel técnico exigido y la ausencia de perfiles como los de comunicadores y expertos en contenidos audiovisuales. A esto, la ministra Constaín insistió en el carácter de regulador, técnico, que tendrá la nueva entidad.

Al igual que un regulador único, el Gobierno propone la fusión de los fondos con los que actualmente se financian, por un lado, la televisión pública (Fontv), y, por otro, el desarrollo tecnológico del país. Según la ministra, los recursos para la televisión pública en ese nuevo fondo único serían como mínimo el mayor nivel que ha registrado el Fontv en los últimos años, base que iría aumentando a la par con la inflación (Índice de Precios al Consumidor, IPC). Las tasas de las contraprestaciones que tendrían que cumplir las empresas (como los operadores de internet y de televisión) serían definidos en una reglamentación futura. 

Otro de los puntos que plantea el proyecto es la ampliación de los tiempos de licencia del espectro radioeléctrico, algo solicitado por el sector privado para generar “seguridad jurídica” para sus inversiones. Gremios como Asomóvil, Asiet y Asotic han manifestado su respaldo. 

El proyecto de ley ahora pasa a debate en plenarias de Senado y Cámara, pues, debido a que está con mensaje de urgencia, solo requiere dos debates.

Precisamente por eso, académicos, expertos en el sector y congresistas, han pedido dejar el debate para 2019. “Contrario a lo que se ha afirmado, este proyecto no ha tenido suficiente debate”, escribió el senador Antanas Mockus en una carta dirigida a la ministra. “En torno a las TIC se mueven intereses muy poderosos en términos económicos y políticos, y es precisamente por esta razón que debemos dar un mensaje de transparencia, que no deje ninguna duda al respecto y que permita generar un proceso de aprobación del proyecto admirable”, añadió.

En contraste, la ministra destacó que la discusión sobre la necesidad de una institucionalidad convergente viene desde 2014, cuando la OCDE hizo recomendaciones para tomar medidas al respecto. Asimismo, que su Ministerio ha rescatado los resultados de las discusiones que adelantó el Mintic en el gobierno anterior. "No borramos y empezamos de cero sino que construimos sobre lo que ya hay".

La administración anterior, en efecto, presentó un proyecto de ley de regulador convergente, pero finalmente fue retirado por el Mintic a causa de las diferencias con la ponencia que se preparó en el Congreso. En esta ocasión, el Ministerio ha manifiestado un buen ambiente de trabajo con los congresistas en las comisiones y explicó el mensaje de urgencia a partir de lo rezagado que se encuentra el país en materia de conectividad. Esa cartera ha insistido en las cifras según las cuales 1 de cada 2 colombianos no tiene acceso a internet y que indican que la velocidad de descarga en Colombia es la mitad del promedio mundial.