Así es el proyecto de ley que propone retirar el ahorro pensional

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A pesar de argumentar que ayuda a las personas con difícil situación económica, los analistas critican que la medida porque pone en riesgo la posibilidad de un seguro en caso de vejez, muerte o invalidez.

Esta semana, el representante a la Cámara Jaime Felipe Lozada radicó un proyecto de ley permite el retiro parcial de los aportes a pensión para aquellas personas que se encuentren afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), es decir, el de las administradoras de fondos privados (AFP): Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia.

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Lozada aseguró que la iniciativa busca alivianar los impactos económicos que ha traído la pandemia del COVID-19 en los hogares de los colombianos y fue enfático en que esta no afecta las cuentas individuales de capitalización de los ahorradores de pensión. “El proyecto nace en aras de beneficiar aquella parte de la población que necesita de una mano amiga que la ayude”.

Sin embargo, la percepción de las AFP es distinta. Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio que los representa, calificó la medida de inconveniente y cuestionó que se quiera ayudar a la gente con su propio dinero, “es como decirle ‘vendamos tu sofá o tu casa’; esa no es la forma, eso es pan hoy para tener hambre mañana. Tenemos que pensar en otras formas de ayudarle a la gente”, concluyó.

Entre los argumentos de Lozada están una tasa de desempleo de 19,8 % y 4,5 millones de personas desocupadas para junio de 2020. También dijo que el Legislativo está presto a escuchar “propuestas que mejoren y nutran el proyecto en el transcurso del debate”.

La propuesta aplica para los afiliados no activos, es decir, quienes en este momento no tienen ingresos y dejaron de cotizar a seguridad social por varios meses, y les permite retirar únicamente la suma equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales de sus cuentas individuales de capitalización. Luego, estas personas tendrán dos años para efectuar el reintegro total de lo solicitado, ajustado a la inflación, “a fin de no afectar la garantía de pensión mínima de cada afiliado”, es decir no desfinanciar el fondo solidario constituido con los aportes que hacen todos los afiliados al RAIS. También tendrán prohibido trasladarse a otro fondo o cambiarse de régimen mientras no reintegren el dinero.

Incluso quienes tengan solamente cuatro salarios mínimos de ahorro total puede solicitar el beneficio, pero en su caso solo se les permitirá sacar el 50 % de su saldo. La única salvedad es que la decisión no afectará la cantidad de semanas cotizadas de los afiliados.

El proyecto no pone mayores restricciones, de hecho, sugiere que el retiro estaría permitido incluso para quienes estén cerca de la edad de pensión, pues sugiere a las AFP “asesorar a los afiliados que se encuentran a cinco años o menos de la edad de pensión sobre las implicaciones en su derecho a la pensión”.

El director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, advirtió que la disposición libre del ahorro para la vejez no debería estar considerada en un verdadero sistema de pensiones, considerando que las personas tienden al consumo inmediato y no destinan buena parte de su flujo de caja a una reserva. De hecho, señaló que el sistema pensional “reconoce la imposibilidad de los individuos de asegurarse a sí mismos por riesgos de invalidez, vejez y muerte, por eso se estructura como un sistema de intervención de afiliación obligatoria”. Desde su perspectiva, medidas como la llevada al Congreso descapitaliza el ahorro y compromete las prestaciones de largo plazo, “pero no solo las de vejez, sino las que amparan invalidez y muerte; hacer viables esos retiros solo lleva a matar el costo de los seguros provisionales y tiene una afectación en la garantía del amparo de riesgos socialmente relevantes”.

También cuestionó que se permitan retiros con la dificultad de cumplir con el requisito de capital mínimo para pensionarse en los fondos privados, “eso va a generar un problema en el flujo de ingresos necesarios para financiar una pensión y en un desmonte de los riesgos, de manera que desdice del carácter de seguridad social”, dijo.

Vale la pena recordar que el pasado 23 de julio el Senado de Chile aprobó una medida similar: el retiro anticipado de hasta 10 % del dinero depositado en los fondos de pensiones para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Esto a pesar de las críticas y la oposición del gobierno. Las proyecciones muestran que la decisión puede suponer la salida de entre US$15.000 y US$20.000 millones, lo que significa una inyección de dinero a la economía, pero también una pérdida del valor de este ahorro que ya no seguirá dando rentabilidad.

Perú hizo lo propio en abril de este año y autorizó disponer del 25 % de los recursos ahorrados aun cuando el gobierno advirtió que era mejor buscar un acuerdo que permitiera poner dinero retenido en los fondos en manos de la población y que evitara una retirada masiva, estimada en US$2.473 millones, que dañara el sistema previsional y colapsara los fondos privados. Lozada, es enfático en que la diferencia entre su propuesta y lo que se hizo en otros países es que se trata de un préstamo que debe devolverse, por lo que no con consecuencias graves para los ahorros de los colombianos.

Otra de las críticas tiene que ver con el hecho de que los afiliados al Régimen de Prima Media (RPM), es decir, a Colpensiones, no clasifican en el beneficio. Técnicamente sería imposible incluirlos a ellos porque sus aportes entran a formar parte de un fondo común que pertenece a todos los afiliados y con el que se financian las prestaciones, no se tiene una cuenta individual como en el RAIS.

“Eso va a generar una asimetría, si la medida se adopta como se está vendiendo tiene un problema constitucional. Si viola la igualdad o no es un pregunta que hay que hacerle a la Corte, pero es muy probable que la respuesta sea sí”, explicó Jaramillo.

Pero Lozada cree que la iniciativa legislativa no resulta excluyente, “pues, en esta ocasión y de acuerdo a las posibilidades que nos brinda la Ley y las circunstancias particulares actuales, permiten que la medida vaya encaminada a los afiliados no activos sin ingresos del RAIS”. También dijo que está en constante análisis de aquellas y que analizarán la posibilidad de presentar una iniciativa que involucre a los afiliados de Colpensiones.

La contrapropuesta de Asofondos es avanzar en el retiro de cesantías sin cobro de comisión, a donde aportan unos nueve millones de trabajadores, donde se tiene un acumulado de $16 billones, menos $1 billón que ya se retiraron, “ese es el verdadero seguro de desempleo”, concluyó Montenegro.

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