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La construcción del túnel de La Línea es uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos y estratégicos de Colombia. Consta de un túnel principal de 8,6 km, 24 puentes y 18 túneles secundarios, y tiene como propósito acortar la distancia, facilitar el tráfico e incentivar el comercio entre el occidente de Colombia, la zona portuaria de Buenaventura y la capital del país.
Sin embargo, la obra, que fue adjudicada en 2008 al consorcio Unión Temporal Segundo Centenario, liderado por el empresario Carlos Collins, se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno Nacional. Por eso, después del vencimiento del último plazo, el pasado 30 de noviembre, el Instituto Nacional de Vías (Invías) decidió negar la solicitud de prórroga por 75 días y dio por terminado el contrato, dando paso a la apertura de una nueva licitación pública.
El director del Invías, Carlos García Montes, acogió las recomendaciones del comité asesor de adiciones y prórrogas de la entidad y decidió no conceder más plazos a la firma, argumentando que se han incumplido cuatro prórrogas y, sobre todo, que las condiciones de construcción actuales son críticas y que los recursos que faltan por adjudicarse son insuficientes para terminar con éxito la construcción.
A pesar de que la decisión del Instituto ha despertado la inconformidad de los representantes del consorcio, está en línea con lo acordado el pasado 10 marzo en medio de una reunión entre los empresarios y el Invías, en la cual se estableció el compromiso de entregar el 30 de noviembre. “Toda la obra debe estar terminada en noviembre de 2016. Se acuerdan a partir de este momento 20 metas. Cualquier nuevo incumplimiento a los hitos de obra dará lugar a la terminación anticipada del acuerdo entre Invías y el contratista”, dice el acta de aquel encuentro.
No obstante, para el reconocido empresario Carlos Collins, representante de la Unión Temporal Segundo Centenario, la decisión del Invías es arbitraria, está motivada por intereses ajenos al desarrollo del contrato y no tiene en cuenta tres factores que para él justifican la solicitud de un nuevo plazo. “La obra tuvo atrasos porque no nos pagaron a tiempo lo que teníamos pactado. Además, perdimos dos meses de trabajo durante el paro camionero. No había insumos, no llegaba el cemento ni la arena. Incluso, desde el primero de julio hasta el 2 de septiembre solo se fundieron tres módulos de los 240 que se hubieran podido hacer en condiciones normales. La tercera es que cuando se hizo el acuerdo conciliatorio, se sumaron otras obras y no se aumentó el tiempo”.
Por su parte el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, respaldó la decisión de terminar el contrato y aseguró que al vencerse los términos, todavía hace falta un 12 % por ejecutar. “El informe de interventoría ratifica que el actual contratista no podía terminar el contrato ni en dos, ni en tres, ni en cinco meses”. La opinión de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) va acorde con el Invías y advierte que el contrato es un “referente obligado de cómo no debe realizarse una obra estratégica en el país”.
¿Y ahora qué?
Según García, después de la negación de la prórroga, el contratista tiene un mes para recoger la maquinaria, cerrar la obra y liquidar los más de 1.000 empleados que trabajan actualmente en el túnel. Anunció, además, que el próximo 6 de diciembre se abrirá una licitación pública que costará alrededor de $200.000 millones y podrá durar cerca de cuatro meses. La meta es que el nuevo consorcio finalice el 12 % de la obra y el túnel pueda ser inaugurado en el primer semestre de 2018.